La propuesta de los expertos de hacienda amenaza la política de impuestos bajos de las regiones del pp, aunque las mayores subidas van por otra vía.

La publicación, el pasado jueves, del Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria, emitido por el comité de expertos académicos conformado en abril por el Ministerio de Hacienda, promete reavivar una batalla ideológica en la que buena parte de la clase política se define a sí misma por la mera toma de posiciones: la de la gestión de los impuestos.

El tema no es menor para nadie, y la batalla antigua, sea entre izquierda y derecha, progresistas y conservadores, o intervencionistas y liberales, por mentar bandos clásicos. Lo llamativo es que buena parte del debate público, que podría ser amplísimo, promete centrarse -ya lleva años haciéndolo- en un aspecto concreto y particular del sistema español: la autonomía fiscal de las comunidades. El interés por este asunto tiene sentido, pero en buena parte responde más a una lógica política que económica.

De todo el informe, «la cuestión más polémica es la armonización de la imposición patrimonial», reconoció durante su presentación el presidente del comité, Jesús Ruiz-Huerta, catedrático emérito de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos y director de laboratorio de la Fundación Alternativas, un centro de estudios de referencia para el PSOE. El grupo concluye que «la deriva en los últimos años», en lo que atañe fundamentalmente al Impuesto de Patrimonio y el de Sucesiones y Donaciones, «ha sido una competencia entre regiones sobre estos tributos, vaciándolos a efectos de recaudación y de control de la riqueza».

Buscando lograr «un equilibrio entre la corresponsabilidad fiscal, como expresión de la autonomía financiera, y la exigencia de garantizar la aplicación de la imposición sobre la riqueza con criterios de eficiencia y equidad», el documento propone «evitar el vaciamiento» estas figuras imponiendo unos umbrales máximos y mínimos comunes para todas las autonomías, acotando su libertad de actuación.

El Partido Popular no ha tardado en criticar con dureza la propuesta, lo cual es entendible teniendo en cuenta que las regiones que gobierna serían, sin duda, las más afectadas por un proceso de armonización. No es casualidad. Sus barones han hecho gala de impulsar las mayores rebajas de impuestos de los últimos tiempos siguiendo la estela de la Comunidad de Madrid, estandarte de esta estrategia durante años y que preside su mayor cruzada en la actualidad, Isabel Díaz Ayuso.

Madrid, que acapara el 50% de las rentas altas de todo el país, bonifica al 100% Patrimonio y ha practicado reducciones del 99% en las herencias y donaciones entre familiares más cercanos. Aunque nadie ha ido tan lejos en Patrimonio, su ejemplo ha guiado relevantes rebajas fiscales en territorios como Andalucía, Castilla y León, o Murcia. La propuesta de reforma fiscal pone ahora en juego sus convicciones y un pilar de su estrategia económica, pero también un relevante reclamo electoral.

Del lado opuesto del ring se encuentra fundamentalmente el Gobierno de coalición formado por PSOE y Unidas Podemos así como algunos de sus socios parlamentarios.

En palabras de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, estos impuestos «tienen que tener una mínima regulación en el conjunto del territorio», permitiendo que las comunidades «ejerzan su autonomía dentro de unos límites que no dejen sin efecto las figuras fiscales», porque si no se genera una competencia -que en el caso de Madrid considera desleal por su condición de capital- que lleva a que «ciudadanos y empresas se muden por ventajas fiscales», abandonando territorios que no pueden competir.

A partir de aquí, es seguro que en los próximos meses oirán a uno y otro bando batallar por la defensa de la libertad de actuación de las autonomías, de un lado, y, de otro, por la necesidad de garantizar la aportación a la caja común de las mayores fortunas, de forma homogénea en todo el país.

El debate es necesario, relevante y ambas partes manejan argumentos de interés. De hecho, dejando de lado que el Gobierno no prevé impulsar de momento ninguna subida fiscal ante la convulsión económica que ha generado la invasión de Ucrania por parte de Rusia, «la armonización de la tributación patrimonial» es uno de los puntos de la reforma tributaria que más claros tiene el Ejecutivo en su agenda y que, de hecho, ha pactado impulsar en el arranque de 2023 con la Comisión Europea a cambio de las ayudas del Mecanismo de Recuperación.

Conviene tener en cuenta, sin embargo, que hablamos básicamente de dos figuras menores del sistema tributario español. En 2019, antes de que la pandemia lo alterara todo, Patrimonio recaudó unos 1.100 millones de euros y Sucesiones y Donaciones unos 2.500 más, apenas el 3,15% de los ingresos autonómicos, según el comité de expertos. De hecho, aunque la imposición patrimonial centra uno de los cinco grandes capítulos del Libro Blanco de la Reforma Fiscal, el análisis específico de las competencias normativas de las comunidades apenas ocupa 18 de las 788 páginas del documento, el 2% del total.

Por tanto, entra dentro de la lógica política centrar aquí el debate, pues se trata de un terreno de recaudación testimonial frente al conjunto del sistema donde es posible defender con comodidad que bajar estos impuestos es sinónimo de libertad o hacer gala de que las subidas fiscales se hacen solo a los ricos.

La realidad es que la tarea que enfrenta España es mucho más compleja. La pandemia ha desbaratado unas cuentas públicas que ya arrastraban problemas crónicos, llegando a disparar el déficit del 2,9% al 11% y la deuda pública del 95,5% al 125% del PIB. En el momento en que la UE reactive las reglas fiscales, lo que está previsto para 2023 -aunque podría retrasarse a 2024 ante la guerra en Ucrania-, España debería tener madurado un plan de consolidación fiscal que requiere tanto repensar el modelo tributario como realizar una revisión pormenorizada del gasto público para emprender ajustes, a poder ser graduales y no traumáticos, en ambas vías.

Para esa batalla el comité de expertos no se ha entretenido en hacer números sobre la recaudación potencial de una armonización fiscal regional. Las grandes cifras no están ahí. Lo que proponen son alzas fiscales de IVA e impuestos medioambientales de hasta 35.000 millones de euros (Patrimonio y Sucesiones recaudan el 10% de eso), y ahí es a donde debe elevarse el debate público porque afectará ya al bolsillo de todos.

Fuente: Expansión.com