PSOE y Podemos, favorables a sacar adelante la tasa Google y la tasa Tobin.

Todo parece indicar que, salvo que no se recaben los apoyos parlamentarios que faltan, el PSOE y Unidas Podemos formarán un Gobierno de coalición que incluirá, entre sus objetivos, una mayor “justicia fiscal”, tal y como indica el correspondiente preacuerdo. Esto se traduciría en una significativa subida de impuestos, sobre todo para rentas altas y grandes empresas, tal y como ya habían proyectado ambos partidos en el acuerdo presupuestario del año pasado y como indican sus programas, de al menos 6.654 millones de euros.

De hecho, los morados ya proyectaban en su programa electoral de cara al 10-N varias medidas para incrementar la recaudación a través de un impuesto a los ricos, un incremento del impuesto de Sociedades a las grandes empresas y un impuesto a la banca. En cambio, el PSOE descafeinó su propuesta fiscal, dejando clara solo su apuesta por poner en marcha las tasas Google y Tobin.

Sin embargo, parece claro que un Gobierno de coalición socialista y morado retomará las intenciones recogidas en el pacto presupuestario que Sánchez e Iglesias acordaron hace un año, posiblemente con añadidos fruto de la introducción de Podemos en el Gobierno, entre los que se podría encontrar el impuesto a la banca. De esta manera, posiblemente España se asomaría a un incremento de los impuestos de 6.654 millones.

Banca y servicios digitales

Con el impuesto diseñado por Podemos se pretende “recuperar los 60.000 millones del rescate bancario, que el Banco de España dio por perdidos en junio de 2017”. Para ello se crearía un tributo específico para las entidades bancarias, con el que se cobrarían unos 1.000 millones de euros al año. Cabe recordar en este punto, además, que Unidas Podemos mantiene su apuesta de subir el IRPF a las clases altas, una actuación de la que también están de acuerdo en Ferraz, como contó este medio.

Entre las medidas que también comparten PSOE y Podemos hay propuestas como generar un tipo mínimo del 15 por ciento para Sociedades para grandes corporaciones, que sería del 18 por ciento en los casos del sector de los hidrocarburos y del financiero. También desarrollar los impuestos a las transacciones financieras y a servicios digitales, es decir, las tasas Google y Tobin. Asimismo, permanece la reclamación de ejercer un mayor control sobre las sociedades de inversión de capital variable (sicav) y poner un tipo de gravamen del 15 por ciento sobre los beneficios no distribuidos de las sociedades cotizadas anónimas de inversión en el mercado inmobiliario (socimi).

En cambio, parece que habrá acuerdo para que en que en el campo tributario se apueste por una fiscalidad medioambiental a la altura de los países de la OCDE. Una de las fórmulas para aplicar este escenario será la subida fiscal del diésel y su equiparación con la gasolina, una medida con la que se vaticina una recaudación de 600 millones de euros anuales.

Otra de las coincidencias entre Unidas Podemos y el PSOE es la ampliación de las inversiones financieramente sostenibles, es decir, el tipo de inversiones que pueden hacer las Administraciones Locales sin que computen en la regla de gasto. Los morados reclaman que los ayuntamientos que estén saneados puedan dedicar parte de su superávit a la financiación y mejora de las escuelas infantiles, al fomento del empleo y a la construcción o rehabilitación de viviendas.

Futuro de Calviño y Bankia

También hay dudas razonables por delante. Sánchez aseguró la semana pasada que la actual ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, sería su vicepresidenta económica, una idea que no gustó en el seno de Podemos, que alertó de que el PSOE así se alejaba de los morados. Sin embargo, para conocer la composición definitiva del gabinete, tanto el presidente en funciones como Sánchez han avisado que habrá que esperar a después de la investidura, si es que se celebra. El futuro de Bankia también está en el aire. Una de las más firmes reclamaciones de Unidas Podemos es mantener esta entidad “como un banco público”, de manera que “mejore la competencia del sector, dificultando comportamientos oligopólicos”, así como “compatibilizar los objetivos de rentabilidad con la promoción de la cohesión social”.

Fuente: ElEconomista.es