El Supremo admite un recurso de la empresaria Cristina Cort Lagos, que encabezó junto a su hermano el ranking de particulares con mayor deuda tributaria en 2018. El alto tribunal decidirá si las deudas por delito fiscal deben eliminarse de la lista y si publicarla atenta contra la intimidad de los contribuyentes.

La lista de grandes morosos con Hacienda que el Gobierno viene publicando anualmente desde diciembre de 2015, señalando a aquellos contribuyentes con pagos pendientes por más de un millón de euros, acaba de ser arrinconada contra las cuerdas judiciales por una de las mayores deudoras que ha aparecido en ella. Es la consecuencia de la admisión a trámite por parte del Tribunal Supremo de un recurso presentado por la empresaria Cristina Cort Lagos, que en 2018 encabezó junto a su hermano Luis el ranking de particulares. El alto tribunal decidirá ahora si los contribuyentes con deudas derivadas de delitos fiscales deben aparecer en el listado y si su mera existencia vulnera el derecho a la intimidad de los contribuyentes que figuran en ella.

Queda así en tela de juicio el instrumento que el exministro de Hacienda del PP Cristóbal Montoro lanzó hace seis años para endurecer la persecución del fraude fiscal, apuntando públicamente a los mayores morosos de la Agencia Tributaria, tras aprobar una polémica amnistía tributaria.

Paradójicamente, la decisión del Supremo se producirá en un momento en que el Gobierno está tratando de endurecer el listado. En concreto, el Ministerio de Hacienda que ahora dirige María Jesús Montero ha impulsado una ley antifraude, que atraviesa sus últimas etapas de tramitación en el Senado, en la que se rebaja de un millón al 600.000 euros el umbral de deuda fiscal a partir del cuál se aparece señalado y se incluye en la lista a los responsables solidarios del pago pendiente.

El pulso judicial emprendido por Cort contra la lista de morosos arrancó cuando Hacienda decidió incluirla en el listado a publicar en 2018 por mantener una deuda de 27.842.580,5 millones de euros, derivada de un delito fiscal, a 31 de diciembre de 2017. La empresaria recurrió la resolución del director general de la Agencia Tributaria de incluirla ante el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo, que desestimó su petición en enero de 2018. Cort acabó apareciendo en el listado publicado aquel año y su nombre, situación empresarial y lazos familiares fueron ampliamente difundidos en prensa (ver despiece). En paralelo, ella acudió a la Sección Séptima de la Sala de lo Contenciosos-Administrativo de la Audiencia Nacional, que rechazó la apelación en junio de 2020. Finalmente, Cort presentó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo alegando que su inclusión en el listado de morosos infringe lo previsto en la regulación. El artículo 95 bis de la Ley General Tributaria fija que la lista abordará “exclusivamente a los tributos de titularidad estatal”, no delegados en comunidades autónomas o entes locales, reclamados por el fisco “en el ejercicio de la potestad sancionadora y las facultades de revisión que estén atribuidas en exclusiva a los órganos de la Administración Tributaria del Estado”. Cort alega que no es su caso, pues su deuda emana de un delito fiscal.

Además, la empresaria considera la publicación un atentado contra su derecho fundamental a la intimidad y el honor, a la vez que denuncia que se vulneró la protección de sus datos como contribuyente.

El recurso alega que este ejemplo “puede afectar a un gran número de situaciones” afectadas por una norma que cuestiona y sobre la que no existe jurisprudencia.

Finalmente, en un reciente auto al que ha accedido este diario, el Supremo aprecia “interés casacional” y admite a trámite el recurso para “determinar si las deudas derivadas de liquidaciones vinculadas a delito cumplen o no los requisitos” legales “para que proceda la inclusión del deudor en el correspondiente listado de morosos”, dado que la ley limita esa publicidad a la deuda reclamada en virtud de la potestad sancionadora y de revisión de la Administración Tributaria del Estado. Un punto que podría descafeinar con fuerza el listado si el alto tribunal acaba dejando fuera del mismo todas las deudas ligadas a delitos.

Más allá, queda en vilo la existencia misma del listado puesto que el Supremo considera que debe además discernir su “adecuación al derecho al honor, a la intimidad y a la protección de datos de carácter personal”.

Así, mientras que Hacienda ultima la publicación de la séptima edición del listado, a finales de este mes, y su endurecimiento a través de la ley antifraude, el futuro de la lista está ya en manos de la justicia.