El director de Tributos anuncia que estará dispuesta en seis meses, tras presentarse el listado de la UE en diciembre.

La nueva lista de paraísos fiscales, introducida por la Ley de Contratos Públicos, se publicará a mediados de 2018, seis meses después de que la Unión Europea (UE) publique la suya, según ha anunciado el director general de Tributos del Ministerio de Hacienda, Alberto García Valera.

En el transcurso de su comparecencia en las Jornadas Tributarias del Registro de Economistas Asesores Fiscales Reaf-Regaf 2017, García Valera anunció que una vez concluidas las reuniones de trabajo con la Federación de Municipios y Provincias, la modificación de los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que regulaban el pago del impuesto sobre la plusvalía, que han sido anulados por el Tribunal Constitucional, en sentencia de 11 de mayo de 2017 (con ejectos desde junio pasado), se hará pública.

Recordó que en España, en la actualidad se encuentran en elaboración seis reales decretos-ley, cuatro de los reglamentos de desarrollo de la Ley General Tributaria, que actualmente se encuentran en estudio en el Consejo de Estado, y que se pretende que estén listos antes de concluir el presente año.

García Valera se refirió también a la necesidad de transponer la Directiva que en la actualidad están tramitando como propuesta de la Comisión Europea las instituciones comunitarias, que impone a los intermediarios -bancos, abogados, asesores fiscales, etc.-, la obligación de revelar a la Administración tributaria del Estado en el que actúan los mecanismos de planificación fiscal agresiva si participan en ellos, en el ejercicio de su actividad profesional, mediante la concepción y promoción de los mismos. Ahora se trabaja en definir el concepto de planificación fiscal agresiva.

El director general de Tributos reconoció que existe preocupación entre los profesionales afectados por esta medida. Esta obligación, no obstante se limita a las situaciones transfronterizas, es decir, aquellas situaciones que afectan a más de un Estado miembro o a un Estado miembro y un tercer país.

El efecto disuasorio de la revelación temprana de los mecanismos de planificación fiscal potencialmente agresiva que se ha propuesto podría reforzarse si esta obligación de revelar información a las autoridades tributarias se hiciese extensiva a los auditores que se dispongan a aprobar los estados financieros del contribuyente.

Deuda con recursos propios

La Comisión Europea, por otra parte, trabaja ahora en cambiar la forma de gravar las empresas en el mercado único, mediante una base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades (BICCIS), que se ha replanteado en el contexto de un paquete más amplio de reformas de este Impuestos, que se estima que facilitará y abaratará las actividades de negocios en el mercado único, y constituirá una potente herramienta en la lucha contra la elusión fiscal.

Se pretende que la reactivación de la BICCIS contribuya también a crear condiciones de igualdad respecto de las multinacionales en Europa, cegando los canales que utilizan para eludir impuestos. También se trata de corregir el trato más favorable a la financiación de las empresas mediante deuda en vez de mediante recursos propios.

Finalmente, Bruselas está elaborando otra propuesta más, que en este caso, pretende mejorar el actual sistema de resolución de litigios de doble imposición.

Fuente: ElEconomista.es