«No dependemos de otras áreas. El departamento fiscal es fundamental para nuestro despacho y, además de representar el 25% de la facturación, tenemos una autonomía y sustantividad propias, lo que nos permite tener una visión general de todo el sistema fiscal y apoyar a los clientes en todas las facetas de su negocio y no solo en momentos puntuales, pero también ser generadores de operaciones y y relaciones para otros departamentos». Bruno Domínguez y María Antonia (Tona) Azpeitia, socios responsables del área Fiscal de Baker McKenzie en España, son espectadores privilegiados de la actividad económica en España. «Estamos muy conectados a las empresas españolas e inversores internacionales, y conocemos de primera mano lo que les preocupa», apuntan.
Trabajar en una firma internacional del tamaño del despacho les permite además estar muy bien posicionados ante el relevo generacional en las empresas españolas. «Somos la firma de referencia para la internacionalización», asegura Bruno Domínguez.
El acompañamiento a sus clientes, tanto en España como fuera, permite a Bruno Domínguez y Tona Azpeitia conocer de primera mano las preocupaciones del tejido productivo español. «La inestabilidad es lo que más preocupa a las empresas», asegura Azpeitia. «Es una preocupación mucho mayor que el coste fiscal. Al final, los clientes incluyen el coste fiscal en sus presupuestos como cualquier otro y, sobre sus cálculos, realizan o no una operación o analizan la viabilidad del negocio. Sin embargo, lo que es muy difícil es sentarse delante del cliente y no poder asegurarle qué va a ocurrir en el futuro. Las normas fiscales cambian constantemente y lo que te sirve ahora puede no servir dentro de dos o tres años. Esta incertidumbre es imposible trasladarla al modelo de negocio», explica la abogada.
Por su parte, Domínguez destaca también sobre estas preocupaciones la tardanza en los procedimientos judiciales. «En el ámbito fiscal, nos enfrentamos a procedimientos judiciales que pueden llegar a durar diez años», explica. También lo confirma Azpeitia. «No es algo que sea único de nuestra jurisdicción. Es un problema que hay un otros países, pero quizá aquí estamos siendo menos abiertos a explorar medidas alternativas para mejorar la situación. En cualquier caso, la incertidumbre que hay en cuanto los procedimientos judiciales lastra mucho la actividad económica», señala.
En cuanto a la relación con la Administración tributaria, los abogados destacan que en general su experiencia es buena pero que, como todo es mejorable, sobre todo para las empresas medianas y pequeñas. «Las grandes empresas tienen en sus departamentos fiscales a grandes profesionales con formación y experiencia que les permite tener diálogos constructivos con la Administración», señala Bruno Domínguez. «Sin embargo, la capa media de las empresas españolas lo tienen más difícil y en aras a la eficiencia administrativa, se está perdiendo parte de la accesibilidad personal en procedimientos de gestión o recaudación que para este colectivo pueden ser muy relevantes», añade.
A su juicio, la digitalización de la Administración tiene luces y sombras. «Es cierto que es de gran ayuda en ciertos aspectos, como los del día a día, o las declaraciones de impuestos, como la Renta», afirma Azpeitia. «Sin embargo, se ha perdido mucha capacidad de las empresas de dialogar con un humano sobre asuntos complejos o que incluyen un cierto componente de valoración subjetiva», concluye.
Fuente: Expansión
