El Gobierno dejó expirar esta semana el plazo para presentar a Bruselas su hoja de ruta de reducción de la deuda y el déficit en los próximos cuatro años. Moncloa apurará así al máximo, hasta el 15 de octubre, el margen para enviar los datos, pero no son los plazos lo que, en el caso español, más preocupa al Ejecutivo comunitario.

Según revelan a elEconomista.es fuentes cercanas a las instituciones comunitarias, en estas últimas temen que el plan fiscal que reciban a mediados del mes próximo sea papel mojado desde el mismo momento en que se define, al no contar siquiera con el respaldo a corto plazo de unos Presupuestos del Estado para 2025.

Esas mismas fuentes hacen hincapié en que a duras penas puede ser creíble un plan de control de las cuentas públicas para el próximo cuatrienio –ampliable a siete años en caso de comprometer reformas e inversiones adicionales–, si el Estado español sigue sujeto a la hoja de ruta fiscal definida en 2022 –con efectos desde 2023–, la última que se aprobó.

La Generalitat verá cómo se multiplican por doce sus recursos, pero se reducirán en la misma medida los ingresos disponibles para el conjunto del sistema de financiación autonómico de régimen común.

Esa merma aboca a una fuerte subida –en torno al 30%, según cálculos de Fedea– del IRPF en el resto del territorio español, o a recortar fuertemente el gasto público, si se quiere garantizar la sostenibilidad del sistema.

De momento, lo único que el Gobierno español ha conseguido es ganar tiempo, sin resolver el problema de fondo. Bruselas ponía como fecha oficial límite el 20 de septiembre para que los países de la UE remitan sus planes fiscales estructurales para los próximos años. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, anunciaba el miércoles en el Congreso que España presentará su plan fiscal estructural a la Comisión Europea el próximo 15 de octubre, «de acuerdo con la normativa».

Es cierto que tal aplazamiento requiere todavía el visto bueno de la Comisión Europea, según fuentes comunitarias. Bruselas se encuentra evaluando, actualmente, la situación y prevé confirmar en un «plazo corto de tiempo» si está de acuerdo o no con la prórroga que solicita el Gobierno. El Ejecutivo comunitario debe analizar caso por caso los motivos por los que cada Estado miembro argumenta saltarse esta fecha límite, aunque será flexible por tratarse de los primeros pasos del proceso y de la primera vez que se debe presentar este plan fiscal.

Pero, aun con el visto bueno de Bruselas, es en casa donde todo está en juego. El Gobierno pondrá a prueba los apoyos con sus socios de Gobierno, especialmente Junts, que no dejan de dar sorpresas con sucesivos reveses a leyes impulsadas por el Ejecutivo de Sánchez. La primera prueba llegará la semana que viene. El Gobierno prevé presentar el jueves en el Congreso su senda fiscal para el conjunto de Administraciones Públicas, es decir, sus objetivos de déficit y deuda para el Estado, comunidades autónomas y municipios, que deben entrar en vigor en 2025.

Ese día tendrá lugar el segundo asalto para intentar sacar adelante la senda fiscal que permita reiniciar la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para el 2025. De salir adelante, el Gobierno estará en condiciones de aprobar en Consejo de Ministros el proyecto de ley de Presupuestos del año que viene y presentarlo ante el Congreso el próximo día 15 de octubre. Todo ello, teniendo en cuenta que no será precisamente fácil consolidar los apoyos para sacar adelante ese reparto de recursos.

No obstante, de producirse un nuevo rechazo la semana que viene en el Congreso, todo volvería a la casilla de salida. El Consejo de Ministros tendría que volver a aprobar los objetivos de deuda y volver a presentarlos al Congreso.

El plazo se dilataría, no solo internamente sino también para cumplir con Bruselas. En tal supuesto, lo más probable es que el Ejecutivo se viera obligado a tirar la toalla como hizo en 2023 y prorrogar, por segunda vez las Cuentas de ese año, las últimas que hay en vigor en España.

18 Estados miembro

De momento, Madrid puede alegar ante Bruselas, a la hora de presentar con retraso su plan fiscal estructural, que no es tanto la excepción como la norma. Tan solo un país, Dinamarca, ha remitido esta hoja de ruta a tiempo. Serán hasta 18 países de la UE los que se acojan al plazo del 15 de octubre, entre ellos Francia, Italia e Irlanda, además de España. La lectura que se hace de este aplazamiento es, en cierta forma, «aceptable» para el Ejecutivo comunitario, que rechaza ver el proceso de entrega dilatado más allá de este límite.

El tiempo apremia. Después de los años de manga ancha de gasto de la pandemia y, posteriormente, la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania, los Gobiernos de la UE deberán retomar la senda de consolidación fiscal para cumplir con el nuevo marco de gobernanza económica. Un marco que, como las anteriores reglas fiscales, fija un límite de déficit del 3% sobre el PIB y del 60% en el caso de la deuda.

El Ejecutivo comunitario hará, no obstante, una excepción a tal plazo para aquellos países que, como Austria, concurran a unas elecciones generales o estén aún en proceso de formación de Gobierno. Bruselas considera que no tendría sentido exigir estos planes a Estados miembro que se encuentren en un cambio de ciclo electoral, aunque espera tener una trayectoria que monitorizar antes de que termine el año.

Este plan fiscal estructural consiste en una hoja de ruta a cuatro años en el que deberán disponer medidas que garanticen que la senda de déficit descenderá hasta el 3% del PIB o no superará ese umbral. En el caso de la deuda, requiere una trayectoria descendente para aquellos países que se encuentren por encima del 60% del PIB, como es el caso de España, o mantenerse en esos niveles para aquellos países que se encuentren por debajo. La tendencia a la baja debe consolidarse una vez terminado el periodo del plan a cuatro años, que sería extensible a siete años si se comprometen reformas e inversiones adicionales.

Esta condición, la senda a la baja en los años posteriores al plan, es especialmente sensible para España. Según las proyecciones de la pasada primavera de la Comisión Europea, Madrid conseguirá bajar sus niveles de deuda al 104,8% para cierre de 2025. Sin embargo, advierte de que, en 2032, sus niveles volverán a repuntar hasta el 113% del PIB. Una coyuntura que rompería con lo que establece la normativa de las reglas fiscales.

La nueva gobernanza económica de la UE se fijará en el gasto primario neto, y excluirá los intereses de la deuda y otros gastos considerados cíclicos. La Comisión Europea ya dio los primeros pasos de cómo se aplicará esta dinámica. En 2023, Bruselas recomendaba a España que el techo de gasto no superara un incremento del 2,6% en 2024. Sin embargo, las previsiones económicas de primavera, el Ejecutivo comunitario apuntaba que se elevará un 3,8%, por encima del máximo recomendado por la Comisión Europea.

Si un Estado miembro remite a Bruselas un plan que no se ajuste a las orientaciones que emitía Bruselas el pasado junio, la Comisión Europea requerirá a ese Gobierno que remita otro plan que se acote a sus recomendaciones. En caso de que no haya un acuerdo entre el Ejecutivo comunitario y un país de la UE, serán los Estados miembro, en el Consejo de la UE, los que tengan la última palabra.

Entre las medidas que, el pasado junio, la Comisión Europea sugería a España que modernizara su sistema tributario. Le planteaba dos opciones para aumentar los ingresos al amparo de la reforma fiscal. Por un lado, le recordaba que tiene margen para a considerar nuevos tributos medioambientales, que suponen un 1,5% del PIB frente al 2% que representan de media en la UE. Por ello, consideraba que España aún tiene camino por recorrer con fórmulas similares al principio de «quien contamina paga».

La Comisión Europea ponía sobre la mesa la posibilidad de aumentar los impuestos sobre el consumo, mientras se protege a los más vulnerables con medidas compensatorias. Planteaba, además, que se cumpla con las recomendaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) para mejorar la eficiencia del gasto público, en especial en sectores como el sanitario.

Procedimiento sancionador

Francia e Italia, junto con otros cinco países, entraron la pasada primavera en el procedimiento sancionador de la UE a los Estados miembro con déficit excesivo. En el caso de París y Roma, no se trata solo de que sus niveles de déficit superen ese umbral del 3% sino que en realidad lideran los niveles de déficit público de la eurozona. Se incluyen también en este procedimiento Bélgica, Hungría, Malta, Polonia y Eslovaquia.

Roma encabeza las economías del euro con un déficit más alto, en niveles del 7,2% que, en principio, rebajará este año al 4,4%. Pese a ello, Meloni tiene en el bolsillo guardadas una serie de medidas destinadas a rebajar la carga fiscal. En todo este cómputo, es importante considerar que tanto París como Roma presentan unas deudas más elevadas de la UE, en niveles del 110% y del 137%, respectivamente, a cierre de 2023.

En un momento en el que Francia debe abordar las negociaciones con Bruselas sobre su plan presupuestario para 2025 y su plan para rebajar el déficit, el recién nombrado primer ministro de Francia, Michel Barnier, apura los plazos para presentar un nuevo Gobierno antes de que termine la semana.

París pedía. a principios de septiembre, una prórroga para el envío de su plan de reducción de déficit público a Bruselas. La idea es tener una hoja de ruta hasta 2027 que se complemente con el plan presupuestario, de tal manera que permita tomar las medidas correctivas para cumplir con las reglas fiscales y evitar sanciones.

Por su parte, el Gobierno de Giogia Meloni se mostraba dispuesto a alcanzar ese objetivo de déficit del 3% en 2026. La senda de Roma apuntaba a niveles del 3,6% en 2025 y del 2,9% en 2026. Por lo pronto, su plan fiscal tampoco ha llegado hasta Bruselas.

No será, sin embargo, hasta noviembre que la Comisión Europea proponga a estos países expedientados la senda de ajuste para rebajar tal déficit. El Ejecutivo comunitario esperará a ver los planes fiscales estructurales y los planes presupuestarios para emitir su recomendación.

Fuente: El Economista