La Unión Europea ha dado el último empujón para sacar adelante las nuevas reglas fiscales. El pleno del Parlamento Europeo ha respaldado este martes la reforma de la gobernanza económica que establece las bases para que los países cumplan con un límite de déficit del 3% sobre el PIB y una deuda del 60% sobre el PIB. Una revisión que ha salido adelante con los votos en contra de la izquierda y los verdes y que obligará a España a recortar unos 15.000 millones de euros anuales para rebajar su deuda.

La reforma de la gobernanza económica tenía como objetivo dar luz a unas nuevas reglas fiscales más realistas, aplicables y menos rígidas. Con más margen para las inversiones. El texto mantiene el punto de partida de la Comisión Europea, que planteaba planes individualizados para cada país a cuatro años, que serán extensibles a siete años en caso de que se comprometan reformas e inversiones que lo justifiquen. Se produce, no obstante, un cambio de óptica respecto a las reglas fiscales anteriores: Bruselas tendrá en cuenta la senda de gasto público para analizar la sostenibilidad financiera de cada Estado miembro.

El texto refrendado este martes en el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo deberá ser respaldado por los Veintisiete Estados miembro el día 29 de abril. Un punto para el que no se prevé debate. Una vez aprobada, la norma entrará en vigor veinte días después de su publicación en el Diario Oficial. Los Estados miembros deberán remitir sus primeros planes de ajuste plurianuales antes del 20 de septiembre de 2024.

La UE se sumergió en la revisión de la gobernanza económica, después de que la crisis financiera probara que la anterior eran poco realistas. Lejos de impulsar el crecimiento sumió a los Estados miembro en años de austeridad. La pandemia obligó a la UE a suspender las reglas fiscales, que han vuelto a aplicarse este año, aunque de una forma transitoria. Será 2025 el ejercicio que marque el nuevo periodo de aplicación de la reforma.

Desaparece el requisito del anterior Pacto de Estabilidad y Crecimiento que fijaba una reducción anual de la deuda de un veinteavo anual para los países que superaran niveles del 60% del PIB. Pero hay dos cifras que sí se mantienen: ese umbral de la deuda que no se debe superar, el 60%, y el 3% sobre el PIB en el caso del déficit.

Es el caso de España, sus niveles de deuda se situaron en el 107,7% en 2023, según los últimos datos de Eurostat. Las previsiones de otoño del Ejecutivo comunitario estima que descenderá al 106,5% en 2024 y se mantendrá en esa cifra en el 2025. Al situarse por encima de ese umbral del 90% sobre el PIB, el Ejecutivo español estaría entre aquellos países que deben realizar un ajuste del 1%.

Con las nuevas reglas fiscales, los Estados miembro deberán crear colchones ante futuras crisis y, para ello, alcanzar un objetivo déficit del 1,5%. Una condición con la que en diciembre se contentó a Berlín. Para caminar hacia este objetivo, los países deberán realizar un ajuste anual del 0,4% del PIB en los planes de cuatro años y del 0,25%% en los que se extiendan a siete años.

En todo caso ambas salvaguardas se traducirán al gasto primario neto ya que las nuevas fiscales tienen en cuenta este indicador, excluyendo los intereses de la deuda y otros gastos considerados cíclicos. Los países que incumplan las exigencias de Bruselas se enfrentan a un nuevo sistema de multas crecientes desde el 0,05% del PIB.

Previo al voto en la Eurocámara, el pleno del Parlamento Europeo ha mantenido un debate sobre la reforma de la gobernanza económica. Un escenario en el que el vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, ha enfatizado que las nuevas reglas fiscales tienen como finalidad «reducir los altos niveles de deuda y déficit de forma gradual y sostenible» al tiempo que «da espacio para las políticas contracíclicas e incentiva las reformas e inversiones».

La reforma de la gobernanza económica no supone «una vuelta a la austeridad», respondió la eurodiputada de Renew, Eva Poptcheva a algunas de las críticas de los eurodiputados de otras familias políticas, como verdes e izquierda. «Son una oportunidad de hacer reformas e inversiones». Fue así que reclamó responsabilidad y «utilizar esta oportunidad para hacer reformas en nuestro país». Según explicó, el nivel de deuda en España se sitúo en el 107,7% a cierre de 2023 y «las nuevas reglas fiscales exigen que reduzcamos en 14.000 millones al año, el equivalente al gasto en defensa».

La pandemia y la guerra de Ucrania exigieron «flexibilidad fiscal», ha contextualizado el eurodiputado socialista, Jonás Fernández, que se ha mostrado satisfecho con el «amplio consenso para rechazar las anteriores reglas fiscales», que «obligaron a un austericidio», ha dicho en relación a las medidas puestas en marcha para afrontar la crisis económicas de 2008.

Frente a las reglas fiscales anteriores, Dombrovskis ha explicado que la reforma promueve el control nacional, que los planes estructurales implican reformas e inversiones y que el foco está puesto en ajuste más gradual de la senda fiscal para «impulsar un crecimiento sostenible e inclusivo».

Además, se fortalecen los procedimientos por déficit excesivo con sanciones económicas más efectivas, ha indicado el letón. Y es que las anteriores reglas fiscales no solo probaron ser poco realistas, sino que las sanciones nunca se llegaban a aplicar por ser demasiado elevadas.

La reforma presta «más atención a los aspectos sociales», ha indicado el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, ya que la Comisión Europea hará «seguimiento de los avances en la aplicación de los principios del Pilar Europeo de Derechos Sociales». El italiano ha considerado que estas nuevas reglas son «más flexibles», «más orientadas al crecimiento» y «más creíbles».

Además, el italiano ha reafirmado que estas normas «permitirán una reducción gradual de la deuda pública sin socavar el crecimiento. Y nos ayudará a proteger el nivel de inversión pública».

Fuente: El Economista