«Los clientes quieren que te mojes, y muchas veces no es fácil». Montserrat Turrado, socia del área Fiscal de Bird & Bird, y Paula Martín Rubio, responsable de precios de Transferencia de la firma, son parte del departamento tributario que, además de la atención que reclaman sus clientes, da soporte a todo el despacho, ya sea a la oficina de Madrid o a la red internacional del bufete. Por ello, conocen de primera mano las preocupaciones y las tendencias de la función fiscal no sólo en España, sino en el resto de jurisdicciones. «Nuestro trabajo ha cambiado en los últimos años. Ya no asesoramos en asuntos puramente normativos, somos una pata fundamental más de las operaciones», señala Montserrat Turrado.
El departamento participa de este modo en operaciones cada vez más complejas. «Lo que te piden cuando te llaman es seguridad jurídica. En las transacciones somos una parte más. Analizamos los riesgos y el cliente ahora te pide que los minimices al máximo, algo que es difícil de conseguir», apunta Turrado.
Por su parte, Paula Martín Rubio coincide en que «el cambio de las reglas del juego muchas veces afecta a las decisiones de las compañías». La abogada apunta a que esto es fundamental en su área, la de precios de transferencia, y cita el aumento de los procedimientos amistosos y acuerdos previos con las administraciones en muchas jurisdicciones. «La Administración intenta siempre aportar seguridad jurídica para que el contribuyente esté más tranquilo», añade Paula Martín Rubio.
Según Montserrat Turrado, lo que sucede es que el legislador no da la suficiente tranquilidad. «Hay una contradicción entre lo que se pretende por parte de la Agencia Tributaria y lo que hace el legislador. La Administración no tiene fácil crear una seguridad jurídica con esta cantidad de cambios a los que estamos acostumbrados en los últimos años. Es muy difícil», añade.
Las dos abogadas afirman, además, que los cambios no son sólo normativos, sino interpretativos. «Eso es más arriesgado», apuntan. «Las interpretaciones de la Administración tienen que mantener un criterio razonable y coherente en el tiempo. No se puede virar un criterio 180 grados, porque causa indefensión». Además, las dos fiscalistas indican que «en muchas ocasiones falta un desarrollo normativo que complete determinadas reformas». Como ejemplo, Montserrat Turrado y Paula Martín Rubio citan el nuevo impuesto al plástico. «Es un tributo muy complicado que necesita desarrollo. No se pueden cubrir estas lagunas vía consultas de la Dirección General de Tributos (DGT) o a través del mecanismo de preguntas frecuentes», señalan.
Entre los cambios de los últimos años, Paula Martín Rubio destaca la digitalización. «El cambio digital está haciendo que se produzcan muchas deslocalizaciones de las compañías. Esto a nivel tributario está generando mucha incertidumbre». Montserrat Turrado coincide y considera que los asuntos de residencia son un recurrente ahora mismo en los despachos de los fiscalistas.
Las abogadas destacan que hay aumento de la litigiosidad. En el ámbito de los precios de transferencia, que domina Paula Martín Rubio, la especialista precisa que todavía es un área muy nueva. «Es cierto que la normativa todavía es novedosa y hay poca especialización. Sin embargo, estamos empezando ya a ver un aumento de la misma por parte de los inspectores», explica. «Las inspecciones son ya globales y hoy en día es muy importante esta especialización», añade.
Montserrat Turrado, por su parte, ha detectado que los clientes piden una mayor interlocución con la Administración para minimizar los riesgos. «Echan de menos una Administración más próxima», asegura. La abogada pide más flexibilidad por parte de los servicios tributarios. «Muchas veces hay obstáculos de orden práctico. Por ejemplo, en aportaciones de documentos la AEAT suele ser muy rígida», concluye.
Los consejos, preocupados por la reputación fiscal
Montserrat Turrado y Paula Martín Rubio confirman con los consejos de administración de las compañías «están muy preocupados por los asuntos fiscales». A su juicio, se ha producido un cambio de tendencia en los últimos años. «Hay un cambio de sensibilidad», apuntan. A esto han contribuido los elevados riesgos reputacionales a los que se enfrentan las compañías debido a la importancia que ha cobrado la fiscalidad en la opinión pública. «Es coste fiscal a nivel financiero es muy alto pero también hay un coste reputacional», señalan las abogadas. «Los clientes nos piden que identifiquemos todas las áreas de riesgo y les demos valor añadido para que puedan tomar sus decisiones con la mayor certeza posible», dicen. Tal y como señalan las especialistas, «hoy en día cualquier información fiscal de planificación que pueda ser considerada como agresiva tiene un coste reputacional que es muy difícil, tanto de prever, como de reparar».
Paula Martín Rubio añade que «hemos hecho ya varias veces validaciones de algún asunto simplemente para presentarlas ante el consejo de administración y que los consejeros se queden tranquilos. Ahora todas las operaciones o decisiones de las que forma parte el órgano de gobierno de las empresas suelen llevar aparejadas su pata fiscal». Montserrat Turrado concluye que «los consejos de administración deberían estar muy encima de la función fiscal».
Fuente: Expansión
