No hay dos crisis iguales. Ni, por supuesto, dos gobiernos idénticos. Pero sí que existe una coincidencia. Cada crisis, históricamente, ha traído consigo un incremento de impuestos. Es lo que se llama un ajuste fiscal, que puede ser por la vía de los ingresos o de los gastos. O, en paralelo, de ambos.
En la anterior crisis, como se sabe, primero con el PSOE de Zapatero y luego con el Gobierno del Partido Popular de Rajoy, se subió en dos tandas el IVA (del 16% al 21% el tipo general y del 7% al 10% el reducido); el IRPF, por su parte, se incrementó siete puntos para quienes ganaran más de 300.000 euros al año, y, por último, el IBI que grava la propiedad inmobiliaria también elevó los tipos aplicables, además de numerosas tasas y precios públicos.
En todos los casos, con un solo objetivo: reducir el déficit público, que, en apenas dos años, pasó de un superávit del 1,9% (año 2007) a un desequilibrio del 11,3% (2009). Es decir, un empeoramiento del saldo fiscal de algo más de 140.700 millones de euros en apenas dos años, según los datos de Eurostat. Por lo tanto, la anterior crisis cogió al Estado con superávit, pero esta lo hace con un déficit del 2,8% del PIB. Mientras que, en el caso de la Seguridad Social, el fondo de reserva (año 2010) contaba con 66.815 millones en la hucha de las pensiones y hoy está prácticamente agotado.
¿Hay margen para subir los impuestos en esta crisis? Complicado. Como sostiene este trabajo de los profesores Boscá, Doménech y Ferri, los aumentos de los tipos impositivos en España generan mayores ingresos públicos, pero sin que existan menús gratis: lo hacen a costa de efectos negativos sobre la actividad, el empleo y el bienestar, si no vienen acompañados de aumentos significativos en la eficiencia del gasto público, algo que en el contexto actual es impensable. Ningún organismo multilateral lo recomienda, porque deprimiría todavía más la actividad.
Política fiscal procíclica
Los tipos impositivos de los tributos con más potencia recaudatoria —IVA e IRPF— están al límite, y lo que es aún más relevante: la crisis del coronavirus es absolutamente transversal, por lo que afecta a todos los colectivos sin excepción, al tratarse de un cierre decretado por el Gobierno. Eso significa que cualquier incremento significativo de los tipos sería procíclico. Obviamente, salvo que el Gobierno sea capaz de encontrar nuevas bases imponibles que hoy se escapan de Hacienda, y que explican la diferencia de recaudación con la media de la eurozona.
El Gobierno ha puesto sus ojos en el impuesto a las transacciones financieras y en el gravamen para las empresas tecnológicas, pero su impacto recaudatorio es muy limitado para un déficit que rondará los 110.000 millones de euros.
Los últimos datos de la OCDE muestran que España recauda por impuestos una cifra equivalente al 34,4% del PIB, después de haber tocado suelo en 2009, cuando a consecuencia de la anterior crisis y del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, los ingresos se hundieron hasta el 29,7%. Desde entonces, la recaudación ha crecido en casi cinco puntos por la mejora de la actividad, pero también por el aumento de los tipos impositivos. Pese a ello, Hacienda todavía está lejos de recaudar el 36,4% del PIB al que llegó en 2007, pero entonces fue producto de una burbuja que acabó por estallar y que destruyó más de tres millones de puestos de trabajo.
La actual crisis, por lo tanto, pilla a España después de haber subido impuestos, lo que hace más difícil una estrategia fiscal similar. Subirlos en este contexto intensificaría la recesión en lugar de alimentar la recuperación económica.
En el caso del IVA, porque un incremento de los tipos aplicables retraería el consumo privado, que es, precisamente, el componente de la demanda interna que más se ha desplomado por el confinamiento. Y hay que tener en cuenta que el tipo general de IVA en España (21%) se encuentra en el nivel medio respecto de la Unión Europea: 10 países de los 27 tienen hoy un IVA superior al de España, mientras que otros 10 lo tienen inferior. En el caso del IVA reducido (10%), igualmente, España se encuentra en el centro del tablero. Aunque con una diferencia.
Turismo y hostelería
El número de productos incluidos en el tipo reducido es sustancialmente mayor que en la media de la Unión Europea, lo que explica la enorme diferencia en términos de recaudación, según la OCDE. Y si España recauda mucho menos, eso quiere decir que si se quieren aumentar los ingresos solo hay una vía: elevar el IVA de esos productos que ahora se acogen al tipo reducido y llevarlo al tipo general.
¿Cuál es el problema? Ni más ni menos que algunos de los sectores económicos más afectados por la pandemia, el turismo y la hostelería, son, precisamente, los que se benefician de tipos reducidos, más bajos, lo que indica que se trata de una seria restricción desde el punto de vista económico y con un alto coste político. Sobre todo, en algunas regiones muy dependientes del turismo, que son ahora las más castigadas.
No es mucho mejor el contexto para elevar la presión fiscal en el IRPF. Ni siquiera actuando sobre las rentas más elevadas, debido a su escaso impacto sobre la recaudación global. Entre otras razones, porque España es de los países de Europa en que el tipo máximo (45%) se aplica sobre niveles de ingresos más bajos (60.000 euros), por lo que bajar ese umbral es un terreno incierto en términos políticos.
El caso más singular es el del impuesto que grava los beneficios empresariales. Hacienda recaudó el año pasado por sociedades 25.852 millones, lo que da idea de su escasa potencia recaudatoria en un contexto de sólidos beneficios empresariales, lo que indica que muestra problemas estructurales que poco tienen que ver con la elevación de los tipos impositivos. Sobre todo, en un contexto en el que se va a producir un desplome de los resultados de las empresas. El tiempo dirá qué vía escoge el Gobierno para recaudar más. De lo contrario, el peso del ajuste llegará por el lado de los gastos.
Fuente: ElConfidencial.com