«Ninguna democracia avanzada puede dar respuesta a las necesidades de una sociedad moderna sin la participación de la iniciativa privada». Bajo esta convicción, la Junta de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) aprobó ayer un documento con 100 propuestas que remitirá a las fuerzas políticas que concurren a las Elecciones Generales del próximo 23 de julio para tratar de marcar las prioridades económicas que debería asumir el próximo Gobierno, independientemente de su signo o configuración. El documento 100 prioridades empresariales ante las elecciones generales del próximo 23 de julio, 30 páginas consensuadas en el seno de la gran patronal española a las que ha tenido acceso EXPANSIÓN, dibuja una agenda reformista que pasa por rebajar impuestos y cotizaciones, reforzar la seguridad jurídica y el mercado único, o compensar la inflación en los contratos públicos.

«En el ejercicio de nuestro papel institucional, queremos trasladar a las principales fuerzas políticas las prioridades reformistas que las empresas españolas consideramos que deben presidir la agenda del Gobierno y de las Cortes Generales en la XV Legislatura que se iniciará el próximo 17 de agosto», reza la introducción del documento, firmado por el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y avalado ayer por la Junta de la patronal. Las propuestas, alega, «están fundamentadas en el convencimiento de que los ejes de la prosperidad económica y el progreso social están indisolublemente unidos al desarrollo de la iniciativa privada y al espacio del que ésta disponga para desplegar todas sus capacidades, así como a un marco sólido de confianza y certidumbre, que contribuya al progreso y al desarrollo social y económico».

Las peticiones de los empresarios se articulan en torno a 5 grandes ejes: la necesidad de una «estabilidad institucional», que evite que la alternancia política divida a la sociedad o ponga en riesgo la economía; la «seguridad jurídica», que asegure «unas reglas del juego claras» para los empresarios; la «fiabilidad normativa», con reformas eficaces y ordenadas; la «necesidad de diálogo y pacto» social como garantía del consenso en torno a las medidas económicas; y la «voluntad de crecer», promoviendo la inversión y la internacionalización.

A partir de ahí, uno de los principales bloques del documento es el relacionado con las demandas fiscales de los empresarios. El mantra central aquí es la necesidad de «reducir la presión fiscal a las empresas», demanda que la CEOE sustenta en el hecho de que la recaudación tributaria haya superado ya los niveles de 2007, antes de la crisis financiera, y a que la suma de impuestos y cotizaciones arroje una carga superior a la media de la OCDE y la UE. «Algo que carece de lógica en un mundo con cada vez menos fronteras económicas, y empresas crecientemente globales, en el que los Estados no pueden diseñar sus impuestos con una visión exclusivamente local», aducen los empresarios, asegurando que la «corriente cada vez más pronunciada de los países de nuestro entorno es rebajar los impuestos» empresariales.

En este punto, la CEOE pide al próximo Gobierno «adecuar la tributación del Impuesto sobre Sociedades a la capacidad económica real de las empresas considerada interanualmente, eliminando las limitaciones en la compensación de pérdidas o la deducción de gastos financieros, y corrigiendo totalmente los supuestos de doble imposición tanto nacionales como extranjeros, mediante la exención total de dividendos y ganancias patrimoniales». También reclaman un sistema de incentivos fiscales a la creación de empleo, y reforzar el existente para I+D+i; o tipos reducidos para las nuevas empresas durante sus primeros años de actividad.

Más allá del ámbito puramente empresarial, la CEOE aboga por «reducir los tipos marginales del IRPF y elevar el umbral a partir del cual se aplican», que hoy oscilan entre el 45% y el 54% en función de la comunidad autónoma; por eliminar Patrimonio y rebajar Sucesiones y Donaciones. En todo caso, defienden, «los activos y participaciones empresariales deben quedar exentos de cualquier tipo de tributación patrimonial».

En paralelo, en una indisimulada crítica a los nuevos impuestos del Gobierno a banca, energéticas y fortunas, la patronal pide «evitar introducir nuevas figuras impositivas, que no respondan exclusivamente a razones de eficiencia e interés general», pues «figuras tributarias selectivas o discriminatorias sobre determinadas empresas o sectores» dañan la competitividad. A su vez, instan a dar estabilidad al sistema tributario evitando cambios continuos o efectos retroactivos.

La reivindicación en este plano supera el frente meramente fiscal, pues uno de los arietes del empresariado es la necesidad de garantizar una mayor seguridad jurídica, mejorar la calidad normativa, reducir su volumen y complejidad o limitar a situaciones extraordinarias el uso de la figura del Real Decreto-Ley.

La CEOE también subraya la necesidad de «coordinar de manera urgente las políticas tributarias estatales, autonómicas y locales», así como la supresión de muchos de los impuestos autonómicos, en aras de un mercado interior que urgen a reforzar más allá del ámbito fiscal, eliminando trabas y barreras administrativas y homogeneizando procesos entre territorios. También se aboga por rebajar la litigiosidad fiscal, lo que entronca con la petición general de agilizar la Justicia.

La CEOE reclama, a la vez, un sistema tributario «más justo», que acabe con el fraude y permita reducir el déficit público, «sin incrementar la presión fiscal», es decir, poniendo el foco en ajustes del gasto. El documento también retoma la vieja reivindicación de permitir a las empresas de trabajo temporal (ETT) firmar contratos fijos; de revisar los contratos públicos con la inflación; y defiende la necesidad de mejorar colaboración-público privada, especialmente en el ámbito de las ayudas europeas.

Finalmente, el texto reivindica la necesidad de que las reformas económicas sean respaldadas por patronal y sindicatos en el diálogo social y lanza un aviso a navegantes, tras las críticas a empresarios por parte del actual Ejecutivo, al plantear el documento como «una demanda de respeto a los miles de hombres y mujeres que en España arriesgan sus recursos y ponen en juego sus ahorros para convertirlos en más actividad, más empleo y más ingresos públicos».

Fuente: Expansión