El Instituto de Estudios Económicos (IEE), el think tank de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), ha identificado dos puntos de inconstitucionalidad de forma y otros dos de fondo en el nuevo impuesto de solidaridad sobre las grandes fortunas  aprobado recientemente por el Gobierno central. En total, cuatro argumentos que permiten a la patronal mostrarse segura de que el gravamen caerá más temprano que tarde, una vez que el Tribunal Constitucional lo analice.

El centro de estudios de la CEOE ha presentado El Impuesto sobre las Grandes Fortunas. Un análisis académico y doctrinal de su inconstitucionalidad, un documento elaborado por siete catedráticos de Derecho Tributario y Hacienda Pública en el que se denuncia la «inconstitucionalidad», un «fraude de ley» y el «carácter confiscatorio» del impuesto, así como los efectos que tendrá para la economía española y la seguridad jurídica del país.

Las conclusiones de los catedráticos parten del supuesto carácter inconstitucional, tanto en forma como en fondo, del gravamen. En cuanto a la forma, los expertos denuncian que el tributo se aprobó como una enmienda a una proposición de ley cuyo contenido no fue público hasta el pasado noviembre, algo que limitó «de manera absoluta el debate y, por tanto, la posibilidad de mejora del texto legal» al no permitirse la presentación de enmiendas o de los informes habituales en estos casos. Los catedráticos también denuncian la «intromisión en las competencias normativas de las comunidades autónomas».

En cuanto al fondo, los visos de inconstitucional se encuentran en otros dos aspectos: el no cumplimiento de los principios de capacidad económica y no confiscatoriedad, por un lado, y en la falta de seguridad jurídica, por el otro. Los catedráticos denuncian que los 23.000 contribuyentes afectados por el gravamen, según los cálculos del Gobierno, no han podido planificar su actividad económica y patrimonial debido a que la letra pequeña se anunció en noviembre y el impuesto actuará sobre la riqueza de 2022. Es un caso claro, según los expertos, de «retroactividad impropia» y de «indefensión del contribuyente».

El informe señala que en el mes de noviembre lo habitual es haber superado los 183 días que delimitan si se reside o no fiscalmente en España en ese año, lo que impide adaptar el comportamiento económico y la planificación a las normas vigentes.

Por todo ello, el presidente del IEE, Íñigo Fernández de Mesa, aseguró que aunque el gravamen tendrá un efecto recaudatorio obvio en el corto plazo, la «inseguridad jurídica» y la «distorsión» que generará a medio plazo acabará generando una «recaudación negativa». En concreto, detalló, cada euro de recaudación patrimonial supone cinco euros menos vía otros ingresos como IRPF o Sociedades. «Los contribuyentes pagarán, pero se sentirán indefensos y podrán optar por otras vías» como la deslocalización. «No es desdeñable que haya una pérdida neta recaudatoria como consecuencia de los efectos de segunda ronda».

El centro de estudios de la CEOE, no obstante, confía en que el Tribunal Constitucional, que analizará el impuesto tras los recursos interpuestos por los gobiernos regionales de Andalucía y Madrid, lo anule tras declararlo inconstitucional. Quizá dure uno o dos años, pero caerá seguro, han asegurado varios de los catedráticos.

Huida de grandes fortunas

El nuevo impuesto a los ricos, recordaron los catedráticos, produce una modificación normativa a través de la cual será posible que el titular o partícipe de una sociedad extranjera con inmuebles en España tenga que tributar, algo que no sucedía previamente. Este cambio, según Javier Martín Fernández, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense de Madrid, es de gran trascendencia y ayudará a que los ingresos iniciales derivados del impuesto sean elevados.

Sin embargo, en el medio y largo plazo, estos contribuyentes acaudalados, provenientes en gran medida de América Latina, podrían optar por dejar de invertir en España para sortear este tipo de imposición.

Es lo que cree Juan José Rubio, catedrático de Hacienda Pública en la Universidad de Castilla-La Mancha, quien asume que el impuesto va a afectar a la «inversión de altos patrimonios», como los latinoamericanos, que tienen depositado su capital en gestoras y fondos, de fácil movilidad en el caso de que haya fiscalidad diferenciada».

Fuente: Cinco Días