Luis R. G. se manejaba con soltura entre los ordenadores de la Agencia Tributaria. Su trabajo como funcionario le permitía acceder al sistema informático que soportaba las declaraciones del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) y hacer y deshacer a su antojo. El 11 de abril de 2008, además, se dio de alta como colaborador social, lo que le facilitaba aún más el acceso a los datos de los ciudadanos que querían recibir asesoramiento para hacer su declaración. Con estas dos habilitaciones, el funcionario comenzó a recomendar a familiares y amigos cómo defraudar a las arcas públicas. Por supuesto, lo hizo a cambio de dinero.

La Audiencia Provincial de Madrid le ha condenado a dos años de prisión y le ha prohibido volver a tener cargo público alguno hasta al menos dentro de ocho años. Él ha aceptado la pena, que ha sido más baja debido a las dilaciones injustificadas que sufrió el procedimiento judicial, y ha admitido haber incurrido en un delito de falsedad documental y en otro de actividades prohibidas a los funcionarios. La sentencia considera probado que el funcionario fue creando poco a poco una ‘cartera de clientes’ a los que asesoraba para manipular su declaración de la renta de forma fraudulenta con el fin de que esta les saliera favorable.

Luis estuvo llevando esta doble vida desde 2008 hasta 2011. Durante este tiempo estuvo falseando el IRPF de más de un centenar de amigos y familiares. Siempre a cambio de una contraprestación económica. Entre estos ‘clientes’ estaba el que fuera jefe de la Policía Local de la localidad madrileña de Pinto Gervasio Villaverde, aún pendiente de que la misma Audiencia Provincial le juzgue por falsedad en documento público, intrusismo, usurpación de funciones y estafa a la Administración en el marco de otra investigación paralela al falsificar supuestamente su titulación para presentarse al cargo.

El tribunal entiende que el funcionario de Hacienda estuvo cuatro años introduciendo en las declaraciones de la renta de estos amigos a hijos que no existían, minusvalías ficticias u otros elementos que permitían al ‘cliente’ beneficiarse de las deducciones que la ley contempla para estos extremos. «Declaraba minusvalías en su propia declaración, en la de su madre así como en las que presentaban los obligados tributarios relacionados con él», detalla la sentencia dictada el pasado 13 de febrero por la Sección Primera de la Audiencia Provincial.