La banca española amenaza con recurrir el impuesto temporal al sector aprobado por el Gobierno. La presidenta de la patronal bancaria AEB, Alejandrá Kindelán, expresó que existe suficiente base jurídica para recurrir en los tribunales el nuevo tributo que gravará con un tipo del 4,8% sobre la suma de comisiones y margen de interese que el Ejecutivo aplicará con cargo a los años 2022 y 2023. No obstante, ha puntualizado que “habrá que analizar la versión final de lo que se apruebe”.

En un paso más allá, los consejeros delegados de CaixaBank, Bankinter e Ibercaja han asegurado que estudian pelear en los tribunales el nuevo gravamen al considerar que no se ajusta a los parámetros legales y choca con la normativa europea de formación de precios. El primer ejecutivo de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha explicado que la entidad todavía no ha decidido si recurrirá ante la Justicia el impuesto, ya que está esperando a que se apruebe el texto final en el Senado. “Si el texto final contiene elementos que, desde nuestro punto de vista, no es conforme a derecho, nuestra obligación es recurrirlo”, ha expresado durante su participación en unas jornadas financieras organizadas por KPMG y Expansión.

En una línea más dura, la consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa ha asegurado que a entidad peleará el impuesto nada más abonarlo.“No nos queda otra opción que acatarlo y eso vamos a hacer en Bankinter. ¿Vamos a recurrirlo? Al día siguiente de pagarlo, sin ninguna duda. Lo vamos a hacer porque nos parece un impuesto injusto, discriminatorio y confiscatorio que no responde a ninguna justificación técnica”, ha valorado. Aunque el impuesto estará vigente durante los años 2022 y 2023, la tasa se abonará al inicio de 2023 y 2024.

Por su parte, el consejero delegado de Ibercaja, Víctor Iglesias, ha advertido este miércoles de que si el impuesto extraordinario a la banca sigue adelante, es muy probable que la entidad lo recurra posteriormente ante los tribunales. El banquero ha explicado que el alza de los tipos de interés supondrá un aumento de los ingresos, pero también provocará mayores costes de financiación, costes operativos y provisiones por el aumento de riesgo de impagos en el crédito.

En lo que respecta a las cuestiones técnicas de regulación, el primer ejecutivo de Sabadell, César González-Bueno, ha criticado que mientras el texto del nuevo tributo prohíbe a las entidades a  repercutir el impuesto a los clientes, la normativa de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) obliga a tener en cuenta todos sus gastos, incluidos los fiscales, a la hora de formas los precios. «Los impuestos deben ser equilibrados y deben ser neutros. Y nuestros clientes, a los que veremos si les repercutimos o no repercutimos, lo pagarán por aquí en vez de por allá y, por tanto, no se sabe muy bien cuál es la motivación de un impuesto que se ha construido muy mal», ha apostillado.

El consejero delegado de BBVA, Onur Genç ha valorado que los tributos se imponen sobre sectores cuando desde el Gobierno se busca restringir la actividad. En ese sentido, ha apuntado que el impuesto restringirá la capacidad de préstamo del sector y, por tanto, afectará a la economía real. «No es el momento adecuado», ha expresado, aunque no ha querido decir si el banco recurrirá el gravamen ante los tribunales.

En la misma línea, el consejero delegado de Santander España, Antonio Simões, ha explicado que los 3.500 millones que prevé recaudar el Ejecutivo con este impuesto equivalen a 50.000 millones menos en crédito a la economía real por parte del sector. También ha valorado que la medida perjudica a los accionistas, en muchos casos pequeños ahorradores, porque afecta a las valoraciones de un sector cuya rentabilidad sigue estando por debajo del coste de capital.

Fuente: Cinco Días