Escrivá critica que las metas de déficit benefician a CC.AA. y municipios a un año de las elecciones.

Las perspectivas a más de veinte años que auguran el fin de las pensiones denotan una «soberbia agnóstica», en palabras del presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, José Luis Escrivá, que ayer arremetió en el Congreso de los Diputados contra el pesimismo de algunos organismos y analistas sobre el futuro de las pensiones, criticando los datos utilizados.

Escrivá pidió no «angustiar» a la población con mensajes catastrofistas. La Airef calcula que vincular las pensiones al IPC supondría elevar siete décimas de PIB el desembolso para 2023, mientras que si se alarga hasta 2030 sería entre 1,2 y 1,3 puntos. Es decir, unos 15.000 millones de euros. Escrivá denunció las previsiones demográficas porque no toman en cuenta políticas de natalidad o flujos migratorios.

Con las cuentas en el zagal, el presidente de la Airef calificó de «factible pero exigente» cumplir el 2,2% de objetivo de déficit. El escenario central de la Airef es que se cierre con un agujero del 2,3%, a lo que se añaden dos décimas más por el rescate de las autopistas de peaje, si bien estas no computan para cumplir.

El presidente de la Airef también denunció que el reparto de los objetivos de déficit entre administraciones es «inadecuado» pese a que es factible que se cumpla la meta agregada de un 2,2% del PIB este año. El principal elemento de crítica de la institución es que los ayuntamientos tienen un superávit de más de 6.000 millones que volverán a repetir este año, pese a la flexibilización de la regla de gasto para elevar en mil millones (200 millones este año, 800 el siguiente) sus inversiones. Una medida que beneficiará mucho a los ayuntamientos grandes pero dejará fuera a un tercio de consistorios, pequeños y medianos, según Escrivá.

Sin embargo el objetivo de las corporaciones locales es el equilibrio presupuestario, aún si desde 2012 tienen superávit. Pese a que el Ministerio de Hacienda esgrime que la Ley de Estabilidad impide aprobar una meta de superávit y proyecta su propio ajuste teniendo en cuenta el excedente local, Escrivá contrapuso está versión. «La Ley exige equilibrio o superávit a las corporaciones locales», apuntó.

A ello se le añade que, pese a que las comunidades tuvieron un déficit del 0,3% del PIB en 2017, su objetivo este año es del 0,4% «muy holgado», de una décima más. Cumpliendo la regla de gasto, que fija un alza máxima del desembolso del 2,4% este año, acabarán con un agujero del 0,2%. Solo Extremadura, Murcia y Comunidad Valenciana tendrán un cumplimiento «muy improbable».

Cumplimiento factible

Por ello, el Estado y la Seguridad Social tienen objetivos «improbables» de cumplir. La Administración Central cuenta con una meta del 0,7%, si bien el año pasado acabó en el 1,7% y la Airef proyecta que cerrará 2018 en el 1,1%. Para la Seguridad Social las estimaciones de la Airef son del 1,5% del PIB (mismo nivel en el que acabó 2017), si bien su meta es el 1,1%.

En definitiva, seguir este año en el Procedimiento de Déficit Excesivo, el brazo corrector de Bruselas que prima la reducción del déficit si está por encima del 3%, beneficiará a municipios y regiones, que podrán gastar con mayor margen a un año de las urnas. El año pasado se cerró con un agujero del 3,07%. Escrivá aseveró que si se hubiera salido al lado preventivo del control europeo, el ajuste sería mayor porque se aplicaría la regla de gasto europea, más restrictiva que la española ya que prioriza la reducción de la deuda cuando está muy alta (el límite europeo es 60% del PIB, España tiene un 98%) y que se aplica a la Seguridad Social.

La regla de gasto aumenta su nivel de exigencia cuando las administraciones dejan de tener déficit y empiezan a cosechar superávit y permite ir bajando la deuda y preparar la situación para crisis futuras. La regla española permite un aumento de gasto del 2,4% pero la europea baja este tope al 0,8%. Con la aplicación de la regla de gasto nacional la reducción de déficit será de 0,3 puntos del PIB en 2018 mientras que el resto vendrá del ciclo. De haber pasado al lado preventivo y aplicarse la regla europea, el ajuste hubiera sido de 1,2 puntos: unos 12.000 millones más de ajuste.

Fuente: Abc.es