Madrid, la principal afectada, se juega un alza de más de 3.000 millones. Las regiones han aprovechado su autonomía para rebajar el gravamen de Sucesiones y elevar la de Transmisiones Patrimoniales y AJD.

El comité de expertos tributarios creado por Hacienda para sentar las bases del diseño de la reforma fiscal que debe acercar la recaudación española a la media europea tendrá que entregar sus conclusiones en apenas un mes. El documento servirá de punto de partida para impulsar una remodelación del sistema impositivo español, incluyendo un incremento del gravamen sobre patrimonio y la armonización de los principales impuestos estatales cedidos a las comunidades autónomas, que el Gobierno ha comprometido con Bruselas poner en marcha en el primer trimestre de 2023 como parte del Plan de Recuperación impulsado a cambio de las ayudas europeas. Aunque la iniciativa afectará especialmente a Madrid, que encabeza la oposición contra el recorte de la autonomía fiscal de los distintos territorios, la reforma amenaza con acabar impulsando alzas fiscales en una docena de comunidades.

Así se extrae de los estudios independientes más recientes que han abordado el fenómeno de la competencia tributaria entre las comunidades españolas. El foco está puesto, fundamentalmente, en la gestión que cada territorio hace en virtud de sus competencias del cobro del Impuesto de Patrimonio, el de Sucesiones y Donaciones y el de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD). La principal conclusión en la que coinciden los distintos análisis la resume Luis del Amo, secretario técnico del Registro Economistas Asesores Fiscales (REAF): «Las comunidades han aprovechado su autonomía fiscal básicamente pera recortar el gravamen de Sucesiones, que es donde la competencia fiscal es más clara y se han dado mayores bajadas, y para elevar la recaudación de Transmisiones y AJD». «En Patrimonio hay más disparidad, por la potestad para modificar las tarifas y mínimos exentos, pero la gran diferencia la marca Madrid, que lo bonifica al 100%», agrega Del Amo.

Así lo reflejan las cifras. El estudio específico más reciente sobre la materia lo publicó el laboratorio de análisis de Políticas Públicas del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivielab), utilizando como referencia la recaudación de las autonomías de régimen común de 2017. Sus datos revelan que teniendo una capacidad recaudatoria de 7.711 millones en Sucesiones y Donaciones, los ingresos reales se limitaron a 2.680 millones. Una rebaja de más de 5.000 millones que las regiones logran aprovechando sus capacidades normativas para bonificar con fuerza las herencias de padres a hijos, por ejemplo, lo que reduce la presión fiscal de los madrileños en 2.660 millones, la de los catalanes en unos 855, y las de los andaluces en unos 400, por ejemplo.

Por el contrario, en el caso de Transmisiones y AJD la recaudación real supera en 1.550 millones a la de partida, alcanzando los 8.340 millones, elevando los ingresos de Cataluña en 551 millones, o los de la Comunidad Valenciana en 363.

Del lado de Patrimonio, la recaudación global queda limitada a 1.069 millones ante su práctica inaplicación en Madrid, que podría recaudar 996 millones si cobrara el tributo. Así lo calcula el IVIE a partir de los datos de la Agencia Tributaria, a la que Madrid informa de la declaración obligatoria de Patrimonio que exige a los contribuyentes con más de dos millones de euros (si bien el límite exento general es de solo 700.000 euros, con lo que es de presumir que los ingresos potenciales en la región, que concentra el mayor volumen de grandes fortunas del país, podría superar los 1.000 millones).

Como resultado, las cifras indican que la recaudación de estas tres figuras tributarias está por debajo de los niveles de referencia en 13 provincias (si bien la desviación no alcanza los 20 millones en Aragón, Galicia o Murcia) y solo es superior en la Comunidad Valenciana y Baleares. Madrid encabezaría la diferencia entre ingresos potenciales y reales (recaudando 3.640 millones menos); seguida de Cataluña (304); La Rioja (212); Castilla y León y Andalucía (169); Castilla-LaMancha (97); Asturias y Cantabria (35); Extremadura (28) y Canarias (22).

Al analizar la liquidación autonómica de 2019 el director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Ángel de la Fuente, llega a conclusiones similares. Aunque sus cifras varían, su estudio indica que una docena de comunidades se desvían a la baja en la recaudación real obtenida frente a la normativa. De la Fuente, en todo caso, insta a tomar como referencia para los cálculos la recaudación homogénea que obtendrían las regiones siguiendo las mismas reglas frente a la real, lo que solo dejaría por encima de la recaudación estándar a las dos regiones citadas, la valenciana y la balear, a las que sumaría Asturias y Cantabria.

La pugna abierta

El número de regiones afectadas por la reforma dependerá, sin embargo, de la fórmula de homogeneización que adopte el Gobierno, que parece inclinado a marcar umbrales mínimos de limitación. En concreto, el Ejecutivo prometió a la UE impulsar «la armonización de la tributación patrimonial», y una revisión de la «fiscalidad sobre la riqueza entre los distintos territorios para garantizar un nivel de imposición mínimo y coordinado, evitando la competencia fiscal perjudicial entre las comunidades».

Ante la amenaza a sus políticas de bajos impuestos, en los últimos tiempos buena parte de las regiones del PP han apostado por tensar más la cuerda y promover nuevas rebajas fiscales para confrontar al Ejecutivo (y ganar el terreno posible antes de que se les exija dar marcha atrás). Ha sido el caso de Galicia, Andalucía o Castilla y León. La más proactiva, sin embargo, ha sido la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que se juega más de 3.000 millones de subida fiscal. Tras rebajar en medio punto todos los tramos autonómicos de IRPF y anunciar la supresión de los impuestos propios que le restaban, Ayuso ha promovido esta semana una legislación con la que tratará de blindarse de la armonización fiscal. Culmina así la toma de posiciones para la batalla que promete abrir la reforma en apenas un mes.

Fuente: Expansión.com