La Agencia Tributaria Valenciana pone en su punto de mira los cambios de domicilio ficticios.
Ha iniciado 38 investigaciones en 2020 frente a las 22 entre 2017 y 2019.
La Agencia Tributaria Valenciana, el organismo de la Conselleria de Hacienda de la Generalitat Valenciana encargado de combatir el fraude fiscal en los tributos competencia de la administración autonómica, pondrá el foco este año en los cambios de domicilio ficticios a otras regiones para pagar menos en Patrimonio y los posibles fraudes en las deducciones a la empresa familiar en Sucesiones y Donaciones.
La Agencia Tributaria Valenciana publicó este miércoles su Plan de Control Tributario para el año 2021 en el Diario Oficial. En él se destaca como principal prioridad en la lucha contra el fraude fiscal detectar los cambios de domicilios ficticios de contribuyentes a otras autonomías donde el Impuesto de Patrimonio resulta menos gravoso.
Entre las directrices que recoge el plan, señala que «se intensificarán las actuaciones tendentes a la detección de posibles deslocalizaciones, en especial por cambios del domicilio fiscal a otras comunidades autónomas que han aprobado importantes beneficios fiscales, sin que conste traslado efectivo de su residencia habitual».
Para llevar a la práctica este objetivo, plantea medidas como la verificación de la residencia efectiva y aumentar la coordinación tanto con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) como con otras autonomías. También reforzará el control sobre las discrepancias entre el patrimonio declarado y el imputado, para lo que apunta que recurrirá a comprar los datos existentes en las bases de datos de la Generalitat y de la AEAT.
La Hacienda valenciana considera fundamental «la recuperación y consolidación de la capacidad contributiva del Impuesto sobre el Patrimonio, tributo cuya efectiva aplicación contribuye a asegurar un sistema tributario más justo y equitativo».
El plan también incluye «campañas de control intensivo» para detectar casos de personas físicas que transfieren patrimonio a sociedades para acogerse a los beneficios fiscales asociados a la empresa familiar en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Una argucia que según el organismo fiscal también reduce el censo de declarantes del Impuesto sobre el Patrimonio en la región.
Fuente: ElEconomista.es
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