Reclaman respeto y responsabilidad para no generar dudas entre la ciudadanía. «Tratar de influir en los jueces atenta contra los principios esenciales del Estado de Derecho», afirma Almenar (APM).

Las sospechas que en los últimos días está lanzando el Gobierno sobre el encaje en el delito de rebelión de los hechos que han sentado en el banquillo a 18 dirigentes independentistas ha indignado a las carreras judicial y fiscal, que ven en estas declaraciones una auténtica «injerencia» en el poder judicial. En declaraciones a ABC, ambos colectivos sostienen de forma unánime que cualquier intromisión del Ejecutivo en funciones jurisdiccionales atenta contra el propio Estado de Derecho. Piden al Ejecutivo sentido de la responsabilidad.

Desde la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera, su presidente, Manuel Almenar, señala que tratándose el 1-O de un tema «sub judice», «lo más prudente y respetuoso con el principio de separación de poderes es esperar a que la justicia resuelva».

Recuerda Almenar que «el único competente para valorar el carácter delictivo de una conducta es el tribunal competente», en este caso el Supremo. «Cualquier declaración ajena a los tribunales es una simple opinión carente de fundamento, pero si además proviene de un político resulta cuanto menos desafortunada, porque el ejecutivo y el legislativo deberían ser los más implicados en la defensa de la independencia judicial, base del Estado de Derecho».

El presidente de la asociación mayoritaria de jueces considera «inconcebible» que un presidente del Gobierno o cualquier otro miembro del Ejecutivo «trate de influir en los jueces, porque atenta contra los principios esenciales del Estado de Derecho». Añade que la emisión de opiniones por parte de quien tiene una especial responsabilidad política y social «conlleva el riesgo de generar dudas en la ciudadanía con las consecuencias negativas que ello comporta. Tanto más grave cuando proceden de alguien que carece de la más mínima competencia y experiencia en materia penal», dice, en relación a las palabras estos últimos días de Pedro Sánchez y la vicepresidenta, Carmen Calvo.

El contexto, clave

Por su parte, desde la Francisco de Vitoria, la segunda asociación judicial en número de afiliados, su portavoz, Raimundo Prado, recuerda que «el que tiene que decidir es un tribunal». «El delito está ahí y está tipificado, y que el político opine suena a inmiscuirse en temas que al Ejecutivo no le interesan». A su juicio, resulta «curioso» el momento en el que Sánchez aborda este asunto, cuando están a punto de presentarse los escritos de calificación provisional. «Si opinan que el delito de rebelión no encaja, ¿por qué no lo han reformado antes? ¿A qué viene esto ahora?», se pregunta.

Otra de las vertientes que preocupa a los jueces es que declaraciones como éstas «crean confusión en la ciudadanía», que puede llegar a creer lo que dice el presidente del Gobierno. «Es una injerencia, un intento de presión indirecta, porque a quien realmente se quiere presionar es a la opinión pública», afirma.

Para el portavoz territorial de Jueces para la Democracia Joaquim Bosch «hay elementos en la investigación que pueden ser discutibles jurídicamente, pero el Gobierno no debería entrar en ello porque no es competencia del Ejecutivo y afecta, además, a principios básicos del Estado de Derecho, como son la separación de poderes y la independencia judicial».

Bosch se muestra preocupado por la «acumulación de mensajes por parte de grupos políticos» que instan al Gobierno a que presione al poder judicial. «Si un gobierno tiene el poder de influir en una calificación, también se puede interpretar que lo tendría para influir en una sentencia judicial de un caso de corrupción, por ejemplo». Yesto es algo que no beneficia al Estado de Derecho, apunta. «Aquí se actúa solo con criterios jurídicos y la política debe ser un ámbito separado de la justicia. Lo contrario es estar fuera de una democracia constitucional».

Respeto y sosiego

Por último, Cristina Dexeux, presidenta de la mayoritaria Asociación de Fiscales, señala que los políticos «tienen que ser especialmente respetuosos y dejar trabajar» a jueces y fiscales porque «ellos son los que conocen el procedimiento». «Cualquier intromisión tiene que ser desterrada. Hacer calificaciones jurídicas no es el trabajo de los políticos», señala.

«Pido respeto y sosiego para los fiscales para que trabajen sin presión. Ese constante goteo de declaraciones no es bueno ni razonable que se haga porque crea un ambiente poco propicio para que se trabaje con normalidad y para la propia apariencia de solvencia jurídica. Se crea un clima de controversia innecesaria sobre el trabajo de la Fiscalía», concluye.

Fuente: Abc.es