España cuenta con un holgado margen fiscal en la carrera por equipararse a las cantidades medias de recaudación que se manejan en Europa. En el año 2019, último ejercicio con datos no viciados por los efectos de la crisis sanitaria y económica, los ingresos del país sobre el producto interior bruto (PIB) se situaron en el 39,3%. La cifra está por debajo del entorno del 43% registrado en la Unión Europea (UE) y en la Eurozona, según las medias aritméticas, y muy lejos del aproximadamente 46% anotado en ambas delimitaciones, esta vez según la media ponderada. La brecha, por ello, oscila a grandes rasgos entre los cuatro y los siete puntos porcentuales, según los datos de la Comisión Europea.

A partir de aquí, una vez aclaradas las cantidades absolutas, conviene aterrizar las cifras concretas. “Es importante identificar cuáles son los impuestos que generan el diferencial negativo en presión fiscal con los países del entorno”, explica el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, en la revista Una reforma fiscal para la competitividad (editada por el Colegio de Economistas de Madrid y el Consejo General de Economistas). El exdirector de la Agencia Tributaria apunta principalmente al IRPF y al IVA, aunque reconoce que “no es neutral” calcular este valor diferencial con la media aritmética o con la ponderada.

La primera resulta del cociente entre la suma de los datos y el número de la muestra, mientras que para la segunda antes hay que asignar un valor concreto a los datos con los que se va a trabajar en función del análisis que se quiera llevar a cabo. Es algo muy común, por ejemplo, en el caso de las cotizaciones sociales. “Con la media aritmética, es el IVA el impuesto que presenta el mayor diferencial. Con la media ponderada, lo es el IRPF”, recalca Gascón.

En concreto, frente a la media de la UE, los tributos a la renta de las personas físicas y al consumo recaudan en torno a 1,5 puntos porcentuales menos cada uno, según los datos de Bruselas recogidos en el documento. Estos niveles de ingresos, por su parte, redundan en las cantidades y diseños del gasto social de un país.

En sus líneas, el número dos de la ministra María Jesús Montero no ofrece medidas concretas en cuanto a estas dos figuras impositivas. No obstante, sí insiste en que la futura reforma tributaria debería “definir cuál es el sistema fiscal óptimo” para asegurar “la financiación del nivel de gasto público deseado”. Hay una clara correlación, recuerda Gascón, “entre los ingresos públicos que obtienen los países y su gasto en educación, sanidad y protección social, incluidas las pensiones públicas, ámbitos respecto de los que existen pocas dudas sobre su carácter prioritario para la inmensa mayoría de los ciudadanos”. Son, en definitiva, “un buen indicador para decidir el peso que han de tener los ingresos públicos y, en consecuencia, sobre cuál ha de ser el nivel de presión fiscal”.

En 2019, España alcanzaba la media aritmética de la UE y de la Eurozona en este tipo de gastos (en torno a un 27% sobre el PIB), a pesar de situarse 3,7 y 3,5 puntos porcentuales, respectivamente, por debajo de la media europea en ingresos públicos. Sin embargo, en la comparación con la media ponderada se observa una brecha negativa en gasto social de 3,5 y 4 puntos porcentuales respecto de la UE y la zona euro, respectivamente, y en ingresos públicos una brecha de 6,7 y 7 puntos porcentuales.

La explicación radica principalmente en el peso que las prestaciones y servicios sociales alcanzan en las otras grandes economías de la UE. Francia, por ejemplo, registra un 37% de gasto social sobre el PIB, Italia, un 32%, y Alemania, un 31%. Estos niveles pueden lograrse por contar con unos ingresos sobre el PIB que oscilan entre 46,5% y el 52%, frente al 39% de España. Dinamarca, Finlandia, Bélgica o Suecia son otros de los países que alcanzan ingresos notablemente por encima de la media comunitaria, con un nivel de gasto social que supera el 32%.

El debate se centra ahora en el lugar de la tabla que debería ocupar España. El secretario de Estado de Hacienda recuerda que “cualquier incremento del gasto en sanidad, educación y prestaciones sociales deberá pasar por un aumento de los ingresos sobre el PIB”.

Ideas

Aunque no propone reformas concretas en torno al IVA y al IRPF, el documento sí recomienda seguir algunas de las ideas recogidas en el Libro Blanco de los expertos para la reforma fiscal.

En cuanto al IRPF, una posibilidad pasaría por ampliar tanto las bases y tipos como la obligación de declarar en el impuesto a los contribuyentes de rentas más bajas, compensándoles mediante otras vías por la pérdida. En cuanto al IVA, Gascón recuerda que España es el país en el que los incentivos fiscales en forma de tipos reducidos y superreducidos tienen mayor peso. El Libro Blanco, en este punto, plantea varios escenarios en los que se amplía el IVA reducido (hoy en el 10%) y superreducido (4%), o se opta por instaurar un tipo único del entorno del 15% para todos los productos.

Fuente: Cinco Días