La Agencia Negociadora del Alquiler rechaza la intervención.

Incentivos fiscales para los propietarios, más seguridad jurídica y aumentar las exigencias a las viviendas turísticas. Esas son las propuesta de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) para evitar la intervención de los precios del alquiler que el Gobierno pretende incluir en la futura Ley de Vivienda.

Desde la Agencia Negociadora consideran que la limitación de precios es una medida ineficaz y contraproducente, y están convencidos de que hay alternativas para evitar su aplicación. El director general, José Ramón Zurdo, propone, hasta que aumente el parque de viviendas en alquiler que está en proyección, limitar el alquiler turístico, reforzar la seguridad jurídica e incentivar fiscalmente a los propietarios, «para ahorrarnos el desastre que va a provocar en el mercado la intervención de las rentas del alquiler que propone el Gobierno».

Esas son, en detalle, las tres medidas que propone el Director General de ANA, y que ayudarían de forma eficaz y positiva al mercado de alquiler:

Incentivos fiscales. «En primer lugar hay que Incentivar fiscalmente a todos los arrendadores, sobre todo, a los pequeños propietarios que representan casi el 90% del parque de viviendas, a través de incentivos fiscales en Renta y en el IBI que les compense asumir el riesgo actual que representan los alquileres cuando los inquilinos no pagan las rentas o cuando les okupan las viviendas».

Seguridad jurídica. «Reforzar la seguridad jurídica del mercado del alquiler con reglas claras que defiendan por igual, de forma equilibrada, tanto a arrendadores como a arrendatarios».

Las consecuencias

La voluntad política del PSOE y UNIDAS PODEMOS, es la intervención de los alquileres, con la congelación de las rentas en las zonas declaradas tensionadas y con una prórroga obligatoria de los arrendamientos a su finalización por tres años más. «Un escenario de medidas restrictivas, que ya se han planteado en varios países, con un resultado negativo que ya muchos conocemos», comenta José Ramón Zurdo.

Para ANA, estas serían las principales consecuencias de una intervención de las rentas de alquiler en España:

Ley Inconstitucional. Probable declaración de inconstitucionalidad de la Ley, como ya ha ocurrido en alguno de los países donde se han implementado estas medidas, por vulnerar el derecho a la propiedad privada recogido en el artículo 33 de la Constitución Española o por la falta de competencias del regulador.

Menos oferta, que se pasa a la venta. Reducción progresiva de la oferta de alquileres, debido a que las viviendas cuyos contratos de arrendamiento vayan finalizando irán pasando poco a poco al mercado de la compraventa, y al reducirse la oferta de viviendas en alquiler, los precios seguirán manteniéndose altos o no bajarán.

Desaparición de inversores, menos oferta. Desincentivación de la adquisición de viviendas cuyo destino sea el alquiler, provocando una desaparición progresiva de los inversores privados e institucionales, lo que disminuiría la oferta de viviendas en alquiler, y provocaría el mantenimiento o subida de los precios actuales.

Listas de espera de años, como en Suecia. Aumento importante de la demanda como consecuencia del efecto llamada que provocaría la limitación de los precios de alquiler, originando larguísimas listas de espera, de hasta siete años, como está ocurriendo en Suecia, para poder conseguir una vivienda limitada, con la especulación que ello conlleva.

Creación de guetos en zonas tensionadas. Creación de posibles guetos dentro de las zonas de las ciudades declaradas como tensionadas, creándose una segmentación de población según sus condiciones socioeconómicas. Esta predicción la hizo pública, en un informe, el Banco de España.

Economía sumergida. Florecimiento de una importante economía sumergida, porque muchos arrendadores no se van a conformar con que se les limite drásticamente las rentas que venían percibiendo por el alquiler de sus viviendas y tenderán a recuperar esos ingresos perdidos por otras vías menos lícitas.

Aumento del alquiler turístico y de temporada. Probable aumento del parque de viviendas destinado a alquileres turísticos y de temporada, con dos finalidades: en cuanto a los alquileres de temporada, para intentar burlar las normas imperativas que van a regular el alquiler tradicional de larga estancia.

Y en cuanto a los alquileres turísticos, el aumento de este tipo de alquileres se va a originar, como consecuencia de un trasvase que se va a producir del mercado de arrendamientos tradicional al turístico, con el fin de suplir las limitaciones económicas que se van a imponer sobre los arrendamientos tradicionales. Muchas viviendas que hasta ahora se estaban alquilando como alquileres de larga estancia, volverán otra vez al alquiler turístico, y por tanto, disminuirá la oferta de viviendas en alquiler y los precios se mantendrán altos o no bajarán.

Inseguridad jurídica. Aumentará la inseguridad jurídica para muchos arrendadores, al comprobar que cada vez se legisla más a favor de inquilinos y okupas; inseguridad que provocaría una disminución de la oferta, al no interesar a los arrendadores alquilar las viviendas con un marco regulatorio tan restrictivo.

Deterioro de las viviendas de alquiler. El recorte de los ingresos de los arrendadores provocará un deterioro progresivo de la calidad constructiva de las viviendas arrendadas por falta de mantenimiento, como ya ocurrió en España con el parque de viviendas de Renta Antigua.

«Estas nueve consecuencias que hemos destacado, no son una predicción, sino algo que ya se ha producido en algunos de los países o regiones donde se ha implementado la intervención del precio de los alquileres», alerta José Ramón Zurdo.

Fuente: ElEconomista.es