El futuro de la economía es muy prometedor, pero solo en el corto plazo. La economía española crecerá, muy probablemente, entre un 0,5% y un 0,6% entre enero y marzo, lo que tirará de la actividad durante el resto del año, para cuando el Gobierno prevé un crecimiento del 2% anual que podría ir incluso más allá, según algunos analistas. Sin embargo, más allá de este avance, las perspectivas a largo plazo no son tan halagüeñas, ya que el crecimiento en las próximas décadas se encuentra amenazado por la hiperregulación, la incertidumbre política y normativa y la creciente presión fiscal. Tres elementos que, de acuerdo con el estudio Libertad y prosperidad en el mundo 2024, elaborado por el Atlantic Council y el ICS de la Universidad de Navarra, son clave para asegurar la buena marcha de una economía.

Este índice sitúa a España en el puesto número 12 en el ránking de libertad económica entre los países de la Unión Europea, lo que la ubica por debajo de la mayor parte de los países más avanzados y solo por delante de la Europa del Este, además de algunas de las economías más intervencionistas, como Italia o Grecia. Y, si se amplía la óptica, España queda en el puesto número 18 a nivel mundial, viéndose adelantada también por otros países europeos extracomunitarios, como Suiza, Noruega o Islandia, y otras economías fuera de esta región, como Australia y Nueva Zelanda. En cambio, países antaño más libres económicamente que España, como Reino Unido y Estados Unidos, han perdido ahora posiciones debido a la mala gestión económica postBrexit y al alza de la burocracia, en el primer caso, y al avance de las políticas contra el comercio internacional y del intervencionismo, en el segundo.

Esto genera un problema de cara al crecimiento español en el largo plazo, ya que el estudio señala que la libertad económica está íntimamente ligada con la prosperidad, si bien esta relación no es evidente en un primer momento. Las principales amenazas que se ciernen sobre la primera se han intensificado en los últimos años, con un abuso de la regulación, tanto por parte del Estado como de determinadas autonomías, así como de las autoridades comunitarias, una notable incertidumbre sobre política y normativa que frena las nuevas inversiones y una creciente carga fiscal que lastra la actividad económica.

«La libertad y la prosperidad están estrechamente relacionadas y esta asociación es estadísticamente significativa», sentencia el informe, que establece que por cada diez puntos que un país escala en el Índice de Libertad sube otros seis en el de Prosperidad. Sin embargo, también señala que a veces el crecimiento económico se debe a la inercia de medidas tomadas tiempo atrás, por lo que puede producir la falsa sensación de que las políticas actuales son las correctas cuando lo que sucede es que «el lapso de tiempo entre la variable explicativa (libertad) y la variable dependiente (prosperidad) es lo muy largo», con lo que «se enmascara esta relación».

Como resultado de todo ello, a veces «los beneficios de las reformas económicas y legales pueden revertirse», explica el texto, poniendo como ejemplo la Rusia de Vladímir Putin y la China de Xi Jinping, donde la economía mantuvo inicialmente el tirón de la apertura económica previa pero finalmente se acabó frenando. Y, una vez que la economía empieza a discurrir por esta senda a la baja, la tendencia es cada vez más acelerada y difícil de cambiar, debido a que los políticos tienden a apostar por estímulos a corto plazo en lugar de reformas que tardan más en funcionar, y este retraso «provoca que las buenas reformas no se lleven a cabo». Tal como señaló el economista Rüdiger Dornbusch, «en economía, las cosas tardan más en pasar de lo que pensabas, y después ocurren más deprisa de lo que creías».

Amenazas

¿Y de dónde pueden venir estas amenazas a la libertad que, finalmente, acaben llevando a una pérdida de prosperidad? El Atlantic Council identifica tres grandes áreas, economía, política y regulación, y en las tres hay áreas que han experimentado un notable deterioro durante los mandatos de Pedro Sánchez. Específicamente, la hiperregulación, la incertidumbre política y normativa y los impuestos amenazan con truncar en el largo plazo un crecimiento que parece muy sólido pero que, en caso de resquebrajarse, será muy difícil de volver a recuperar.

En primer lugar, y en lo que respecto al subíndice económico, España obtiene la puntuación máxima en cuanto a los derechos económicos de las mujeres (hay que tener en cuenta que se trata de un índice mundial) pero se resiente en otras áreas, como los derechos de propiedad, que se ven lastrados por la creciente presión fiscal. Aunque la actividad económica ha recuperado ya con creces las cifras previas al estallido de la pandemia del coronavirus (y, por lo tanto, el peso del Estado tanto en los gastos como en los ingresos debería haberse normalizado), el gasto público se ha elevado en 4,8 puntos de PIB entre 2019 y 2023 y la carga fiscal se ha incrementado en 3,9 puntos porcentuales, con alzas del IRPF (por la no deflación), las cotizaciones sociales y numerosos impuestos a las empresas.

En segundo lugar, el subíndice legal es quizá el que más lastra la posición de España en el ránking mundial, ya que el país no sale bien parado en cada uno de sus componentes. Por un lado, la corrupción es un dato particularmente malo (que probablemente alcanzará un registro peor todavía en posteriores ediciones); pero a ello hay que sumar también la relativa falta de seguridad legal y de claridad legal, ambas muy lastradas por la hiperregulación tanto por parte del Estado como de las CCAA, ayuntamiento y la UE. Con todo, España arroja buenos datos en cuanto al control judicial del Ejecutivo, gracias a que el acoso del Gobierno a los jueces del procés y al CGPJ no ha hecho mella en su independencia.

Y, finalmente, dentro de la variable política el país puntúa muy bien en cuanto a la limpieza de las elecciones pero flaquea en cuanto a los límites legislativos a la acción del Ejecutivo. Durante los últimos años, el Gobierno de Sánchez ha abusado de la fórmula del decreto, que la Constitución reserva para casos de «extraordinaria y urgente necesidad» para reducir el control parlamentario, incluso en casos de una importancia menor o en los que preveía una entrada en vigor diferida, algo criticado desde numerosos sectores afectados por los cambios regulatorios sin tener en cuenta la opinión de las empresas, como el inmobiliario, las finanzas, la energía, la agricultura o la industria, ya que esta falta de previsibilidad dinamita los planes de negocio de las empresas.

Fuente: Expansión