La vigilancia y el control a las empresas aumentará este año de forma notable. La Agencia Tributaria ha firmado un convenio de colaboración con la Inspección de Trabajo para compartir más información de sus bases de datos y de forma automática con el objetivo de encontrar fraude fiscal y a la Seguridad Social en las compañías.

Aunque las dos administraciones ya cruzan datos desde el año 2011, el nuevo convenio aumentará la vigilancia y establece, además, el envío de la información de contribuyentes, trabajadores y empresas de manera automática. «A la vista de los resultados positivos derivados de la colaboración, que ha permitido incrementar la eficacia de las actuaciones y la eficiencia en la utilización de los recursos disponibles, sería muy beneficioso avanzar en el intercambio de información», destaca el nuevo convenio. El nuevo acuerdo amplía la transmisión telemática de datos entre las partes.

Además, la información se enviará sin ninguna autorización por parte de los ciudadanos. «El suministro de información regulado en el presente convenio no precisará la autorización de los interesados», destaca el convenio.

El proceso se hará de manera automatizada. Los datos suministrados por la Agencia Tributaria serán los declarados por los contribuyentes y demás obligados a suministrar información sin que, con carácter general, se sometan a actividad alguna de verificación previa a su automatización.

Además, se compartirán las informaciones de las actuaciones de comprobación e investigación realizadas por los respectivos órganos con facultades de control, como pueden ser las áreas de Gestión e Inspección de la Agencia Tributaria.

El convenio justifica esta medida para «la identificación de los perfiles de los tipos de empresas que defraudan y el reconocimiento de las conductas fraudulentas que se manifiestan con mayor frecuencia en materia fiscal y a la Seguridad Social, así como la adopción de las medidas preventivas y de corrección». Además, la Administración usará el cruce de datos entre los dos organismos para «la identificación de aquellos fraudes a la Seguridad Social que puedan ser definidos como indicador adelantado de riesgo de fraude fiscal, así como de los fraudes fiscales que se puedan utilizar como indicador adelantado de riesgo de fraude en materia de Seguridad Social».

La información obtenida a través de este sistema servirá además para implantar estrategias de control y prevención. En concreto, permitirá a la Administración «el diseño y determinación de las medidas a adoptar, con objeto de prevenir conductas fraudulentas, respecto de empresas que respondan al perfil que se haya determinado como de empresa defraudadora». Además, se utilizarán para el «diseño de planes de control con elementos comunes, y coordinación funcional de su ejecución».

¿Análisis de ‘Big Data’?

«Este convenio es novedoso por cuanto incorpora muchos aspectos de derecho digital que demuestran de qué manera el propio sector público se va adecuando a los cambios normativos que modelan la nueva sociedad conectada», afirma Francisco Pérez Bes, Socio de Derecho digital en Ecix Group. «Así, por ejemplo, las referencias a la necesidad de implementar las obligaciones de ciberseguridad previstas en el Esquema Nacional de Seguridad, el diseño de un proceso de gestión de riesgos de seguridad basado en esquemas de compliance, o la previsión de implantación de un proceso de gestión de incidentes de ciberseguridad, dejan ver el claro componente tecnológico de una colaboración de esta naturaleza», añade este experto.

En particular, el nuevo convenio recoge una previsión para la utilización de lo que denomina «modernas tecnologías». Con este sistema, el acuerdo prevé el desarrollo de perfilados de tipos de empresas que defraudan o, especialmente, lo que el convenio denomina fraudes «que puedan ser definidos como indicador adelantado de riesgo de fraude fiscal o en materia de seguridad fiscal».

«Queda por definir si el convenio se está refiriendo a, como parece, la aplicación de técnicas de análisis de Big Data mediante software predictivo basado en algoritmos e inteligencia artificial, incluso con toma de decisiones automatizadas, y si los resultados obtenidos pueden derivar en la elaboración de listas negras de empresas consideradas potencialmente infractoras o con tendencias defraudatorias», explica Francisco Pérez Bes. «Este supuesto podría provocar controversias jurídicas relevantes que, incluso, pueden desembocar en procedimiento en los cuales se exijan responsabilidades a la Administración», añade.

Pérez Bes considera que «este tipo de colaboraciones van, sin duda, a resultar eficaces en la lucha contra el fraude». Sin embargo, el experto precisa que «no debe dejar de preocuparnos que un uso inadecuado, o sin controles suficientes, de la tecnología pueda llevar a la Administración a capacidades de control excesivas y a conclusiones erróneas que puedan llegar a perjudicar los derechos de los contribuyentes».

La Administración se basará en los datos de sus servidores. Respecto al soporte para llevar a cabo el intercambio, el sistema de suministro se basa en las modernas tecnologías, tal y como establece la Ley General Tributaria, que dispone que en los casos de cesión, la información tributaria deberá ser suministrada por vía telemática.

Fuente: Expansión