El Gobierno se ve apremiado por la UE a aprobar la equiparación fiscal de diésel y gasolina antes de fin de año mientras la negociación del gravamen a las energéticas encalla por la división entre sus socios. PNV y Junts plantan a Hacienda y el Ejecutivo se aboca a prorrogar el tributo por decreto y verlo decaer en un mes.

El Gobierno convocó ayer a sus socios parlamentarios para debatir el rediseño del impuesto a las empresas energéticas, tal y como le exigió Unidas Podemos para apoyar la reforma fiscal. La negociación, sin embargo, encalló antes de arrancar por el plantón de PNV y Junts, contrarios a la extensión del tributo que reclaman Podemos, Bildu, ERC o BNG. Así, aunque no renuncia a tratar de cuadrar el círculo reimpulsando el gravamen con importantes deducciones a la descarbonización, el foco de Hacienda está puesto ya en sacar adelante antes de fin de año la equiparación fiscal del diésel a la gasolina, que al contrario que el tributo energético sí tiene comprometida con Bruselas.

En un primer momento, se había barajado la idea de que las dos grandes piezas que se habían desgajado de la reforma fiscal, el impuesto energético y el alza fiscal del diésel, fuesen reimpulsadas en un mismo decreto. Sin embargo, la falta de consenso en cuanto al futuro del tributo al sector energético ha decidido al Gobierno a promover por separado la subida tributaria del gasóleo, que aspira a aprobar antes de que culmine 2024, según fuentes conocedoras.

La equiparación fiscal del diésel a la gasolina es una vieja tarea pendiente que permitiría a España matar dos pájaros de un tiro respecto a la reforma fiscal comprometida con la Unión Europea. De un lado, porque Bruselas exige a España avances en el ámbito de la tributación medioambiental (campo donde se desaconseja incentivar fiscalmente el gasóleo tras comprobarse que no es menos contaminante que la gasolina). De otro, porque, tras analizar el Plan Fiscal Estructural de reequilibrio de las cuentas públicas remitido por España en cumplimiento de las nuevas normas fiscales comunitarias, la Comisión Europea concluyó que el país debe lograr unos 1.500 millones de euros adicionales de ingresos con su reforma tributaria. Una cantidad cercana a la que se aspira a elevar la recaudación con la subida impositiva al diésel.

La subida del impuesto de hidrocarburos al gasóleo supondrá un encarecimiento de unos 10 céntimos por litro de diésel, que no afectará a los profesionales. Conviene recordar, en todo caso, que ese precio final queda luego sujeto a IVA por lo que el alza fiscal total es mayor.

La subida del diésel formaba parte de la reforma fiscal articulada por el Gobierno por la vía de las enmiendas al proyecto de ley del tipo mínimo global para multinacionales y, al contrario que el impuesto a las energéticas, logró el consenso de los socios de izquierdas y de derechas pero decayó en el último momento por la oposición de Unidas Podemos. El grupo de Ione Belarra, sin embargo, aclaró luego que es favorable a la medida, por lo que la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, confía en lograr sacarlo adelante ahora.

La estrategia de Hacienda pasa por presentar la medida en solitario, sin otras iniciativas que pongan en riesgo el respaldo mayoritario. A priori, esto le permitiría aprobarla por la vía del Real Decreto-ley antes de fin de año -a tiempo de computar para la solicitud del quinto pago de fondos Next Generation ligados a la reforma fiscal- y conservar los apoyos suficientes como para convalidarla un mes después.

La táctica implica, por ende, desligar el alza fiscal del diésel del impuesto a las energéticas, a cuya negociación ni siquiera quisieron asistir ayer PNV y Junts.

Nueva reunión el miércoles
A la cita organizada ayer por Hacienda estaban convocados inicialmente PSOE, Sumar, Podemos, Bildu, PNV, ERC, Junts, BNG y Coalición Canaria. El portavoz del PNV, Aitor Esteban, se desmarcó alegando que el tributo temporal a empresas petroleras, eléctricas y gasistas vigente hasta 31 de diciembre no tiene encaje foral y que su grupo no se ve obligado a participar «en las urgencias de Podemos de trasladar una imagen para justificar su apoyo irreversible a un paquete fiscal». Junts, que teme que prorrogar el impuesto provoque pérdidas de inversión en Tarragona, reforzó su pulso al Gobierno de esta semana evitando acudir a la cita después de reclamar a Pedro Sánchez que se someta a una moción de confianza y de aliarse con el PP para tumbar el impuesto de generación eléctrica. «Muevan el culo», llegó a espetar ayer su portavoz, Míriam Nogueras, al presidente del Gobierno, poniendo en duda que vayan a negociar tampoco Presupuestos con él si no cumple antes los compromisos pendientes.

Hacienda, por su parte, evitó llevar una propuesta formal de rediseño del tributo a la reunión de ayer, en la que se centró en escuchar las peticiones de la izquierda. A partir de ahí, el Ministerio aseguró que no renuncia a «sacar adelante un impuesto energético que permita que las empresas de este sector contribuyan en mayor medida al Estado del bienestar y que, al mismo tiempo, se contemplen deducciones e incentivos para fomentar la descarbonización y la inversión en electrificación». Con todo, constató que «las posiciones están muy alejadas» e instó a los socios de investidura a retomar el diálogo en una nueva reunión, a la que invitará expresamente a Junts y PNV, el próximo miércoles.

El Gobierno, en todo caso, mantuvo en la reunión su compromiso con Podemos de prorrogar un año el impuesto temporal a las energéticas por decreto si no logra un pacto antes de que acabe 2024, si bien la falta de apoyo de PNV y Junts lo condenaría a ser tumbado un mes después durante su convalidación parlamentaria.

El Senado incorpora a la reforma fiscal la rebaja de IRPF a jóvenes lanzada por el PP
El PP aprovechó ayer su mayoría en el Senado para modificar la reforma fiscal impulsada por el Gobierno, incorporando sus enmiendas de rebaja de IRPF a jóvenes; exenciones fiscales a afectados por la DANA; aceleración de la reducción tributaria para pymes; o la bonificación del impuesto bancario a las entidades que faciliten hipotecas.

De hecho, aunque el PP ha calificado la reforma del Ejecutivo de «hachazo fiscal» de 8.700 millones, ayer no efectuó un veto total al paquete tributario y evitó que prosperase el presentado por Vox. En su lugar, convencido de que el Gobierno logrará sacar adelante la reforma igualmente cuando vuelva al Congreso de los Diputados, el PP optó por incorporar sus propias medidas de alivio impositivo con la expectativa de que el apoyo de Junts o PNV le permitan mantenerlas en la votación final que el Congreso de los Diputados celebrará la próxima semana.

La enmienda estrella del PP consiste en una rebaja del IRPF para jóvenes de 18 a 35 años del 100% el primer año, 75% el segundo, 50% el tercero y 25% el cuarto, para permitirles ahorrar. Además, las enmiendas anticipan a 2025 la rebaja de Sociedades impulsada por Junts a tres años vista; ofrecen deducciones y rebajas fiscales para los afectados por la DANA en IVA, matriculaciones, IBI o IAE; y la bonificación de hasta el 100% del impuesto bancario a las entidades que abaraten hipotecas o construyan vivienda a precio tasado.

Fuente: Expansión