“En un momento de incertidumbre económica global puede ser contraproducente la adopción de medidas generales más allá de medidas selectivas y temporales para hacer frente a las urgencias del momento”. Con estas palabras, el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, vuelve a aparcar la puesta en marcha de la futura reforma fiscal. Sin embargo, sus ideas, publicadas ayer en la revista Una reforma fiscal para la competitividad (editada por el Colegio de Economistas de Madrid y el Consejo General de Economistas), muestran algunas de las líneas maestras sobre las que giraría una eventual reforma. El secretario de Estado, entre otros puntos, rechaza centrar el debate en las rentas altas y en las grandes empresas, apuesta por revisar varias deducciones y niega que la lucha contra el fraude baste para aumentar los ingresos públicos.

El número dos de María Jesús Montero pide en este punto no focalizar el grueso de la reforma en los perfiles más acaudalados. Según detalla, en 2019 solo un 0,61% de las declaraciones del IRPF incluían rentas y rendimientos de importe superior a 150.000 euros, mientras que en Sociedades solo el 2,12% de los declarantes tenían una cifra de negocios anual superior a los seis millones. “Esto no quiere decir, en absoluto, que no quepa mejorar la progresividad del sistema tributario o que la imposición societaria no deba hacer frente a los problemas de la digitalización y globalización en línea con las propuestas internacionales”, apunta. Sin embargo, “el enfoque ha de ser realista sin generar expectativas que no se puedan cumplir”, añade en lo que puede interpretarse como un mensaje hacia Unidas Podemos y algunos socios habituales del Gobierno.

Gascón también pone el foco en sus líneas en otro elemento “distorsionador” del debate, que surge cuando se centra el debate en exceso en los tipos nominales de los impuestos “como si el tipo de gravamen fuese el único factor a considerar”. Habría que tener en cuenta también, añade, las exenciones, reducciones, bonificaciones, deducciones, regímenes especiales e incentivos que “disminuyen la tributación efectiva de forma muy significativa” en la mayoría de figuras impositivas. “Afortunadamente”, afirma, la evaluación y revisión de estos incentivos es un valor en alza.

A lo largo del texto, el secretario de Estado de Hacienda pone en valor en varias ocasiones las propuestas recogidas por el grupo de expertos reunidos por el ministerio en el libro blanco para la reforma fiscal, un documento que “constituye un buen punto de partida” y tiene un “diagnóstico muy completo”.

Gascón, en concreto, cree que es necesario identificar cuáles son los impuestos que generan una brecha tributaria con los países del entorno para así actuar sobre ellos. Si la comparativa con los socios de la Unión Europea se lleva a cabo mediante la media aritmética, el diferencial negativo proviene en su mayor parte del IVA. Si por el contrario se hace con la media ponderada, el tributo a rediseñar sería el IRPF.

El libro blanco propone que el impuesto sobre la renta se convierta en una palanca más potente para articular políticas sociales y establecer compensaciones a los contribuyentes más vulnerables que puedan verse afectados negativamente por medidas tributarias que fomenten la eficiencia económica o que persigan fines medioambientales. “No se puede olvidar que somos el antepenúltimo país de la Unión Europea en peso de la tributación medioambiental sobre el PIB. Y el país en el que los incentivos fiscales en el IVA tienen mayor peso”, añade Gascón.

Sin embargo, para afrontar estos desequilibrios y dar compensaciones a los más vulnerables a través del IRPF “habría que ampliar necesariamente la obligación de declarar en el impuesto”, puesto que los contribuyentes de rentas más bajas a día de hoy no deben presentar la declaración. Sería necesaria, por ello, una reforma completa del impuesto que mayor peso tiene sobre la recaudación total.

Fraude fiscal

La idea extendida entre buena parte de los contribuyentes de que con atajar el fraude fiscal podría solventarse el déficit recaudatorio de España también es puesta en entredicho por el secretario de Estado de Hacienda. Aunque la reducción del fraude es determinante, reconoce, “no es una alternativa realista a las reformas fiscales que pretenden incrementar los ingresos públicos”. Hay que explicarlo bien, insiste. “El volumen de fraude fiscal no es despreciable y constituye un problema a combatir en todos los países, también en España, pero no es la explicación de nuestro diferencial de ingresos con la Unión Europea ni una alternativa real a las reformas fiscales que buscan aumentar la recaudación tributaria”.

En ocasiones, prosigue Gascón, “incluso desde sectores empresariales”, se habla de porcentajes de fraude o economía en negro del 25%, una cifra que, insiste, solo sería posible si una de cada cuatro empresas, incluidas las grandes y medianas, operase totalmente en negro o una de cada dos ocultase el 50% de sus operaciones. Sin embargo, recalca Gascón, “España presenta resultados mejores que la media y la mediana de los países de la Unión Europea y del Eurogrupo en brecha fiscal en el IVA. Y se sitúa en torno a la media y la mediana en el caso de la economía sumergida susceptible de regularización tributaria”.

Fuente: Cinco Días