Hacienda recauda por cada vehículo matriculado en España un 70% menos que en 2008, año en que se introdujeron tramos impositivos en función de las emisiones de CO2 liberadas a la atmósfera para el impuesto de matriculación. Así, mientras hace una década la cuota media recaudada por este concepto era de 1.004 euros por coche, en el acumulado de 2018 este importe ha caído hasta los 325 euros.
El hundimiento se debe fundamentalmente a la reducción de emisiones del parque automovilístico. Mientras que en 2008 solo un 21,76% de los vehículos matriculados emitían menos de 120 gramos por kilómetro, el umbral hasta el que los usuarios están exentos de pagar esta tasa, en 2018 el 73,9% de automóviles no superan ese nivel, según los datos registrados por la Agencia Tributaria.
Las cifras absolutas son elocuentes. En 2008, España recaudó más de 1.000 millones de euros por la tasa de matriculación con la venta de algo más de un millón de coches. En 2017, Hacienda ingresó menos de 400 millones pese a que se habían vendido más de 1.270.0000 automóviles.
Según explican fuentes del sector, este regate impositivo es fruto de las mejoras de eficiencia conseguidas por los fabricantes, así como la entrada de vehículos híbridos y eléctricos, pero también por una adaptación ‘ad hoc’ a la normativa y la medición en España. Así, las emisiones de muchos vehículos se encuentran justo por debajo de cada franja recaudatoria, lo que le permite a usuario eludir o reducir este gravamen.
Sin embargo, las nuevas exigencias en la medición de emisiones de los vehículos impulsada por Bruselas, sobre todo a raíz del escándalo del dieselgate, podría dar al traste con la exención fiscal de la que gozan tres de cada cuatro vehículos vendidos en la actualidad. Hasta ahora, para saber cuánto debía tributarse por el impuesto de matriculación en España se utilizaban los valores obtenidos en las pruebas de laboratorio, conocidos como NEDC (New European Driving Cycle).
A partir del 1 de enero de 2019, será obligatorio hacer la medición de emisiones con el WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). Este sistema es considerado más fiable y realista ya que es capaz de adivinar las emisiones en condiciones de consumo. Precisamente la trampa de los motores Volkswagen era que emitían más en funcionamiento de lo que decían los datos del banco de pruebas.
Las principales asociaciones del sector, Anfac, Ganvam o Faconauto, prevén que la medición con WLTP provocará que muchos vehículos que se vendan estén por encima de 120g de CO2 por kilómetro, lo que provocará un encarecimiento en el precio de los vehículos dado que tendrán que pagar el impuesto de matriculación.
Por ello han lanzado una ofensiva sobre los poderes públicos para tratar de reformar la fiscalidad ambiental y evitar que el nuevo sistema de medición de emisiones no se traduzca en un aumento de la presión fiscal.
Ya en 2017, el vicepresidente de Anfac, Mario Armero, advertía de que debían asegurarse de que los impuestos basados en las emisiones de CO2 no varían, teniendo en cuenta que un mismo coche tendrá mayores valores de CO2 si se cambia el sistema de medición.
En esta línea, el presidente de Ganvam, Lorenzo Vidal de la Peña, ha iniciado una ronda de contactos con todos los grupos políticos para pedir una reordenación fiscal medioambiental que grave más el uso que la propiedad y unifique los diversos impuestos que soporta el automóvil como el citado impuesto de matriculación o el de circulación que depende de los ayuntamientos. El sector entiende que la fiscalidad no está adaptada a la situación tecnológica actual y no grava bajo el principio de quien contamina paga. Además, las patronales consideran que las ventas caerán un 7%.
El propio Vidal de la Peña asegura que los diferentes grupos políticos han acogido de buen grado sus propuestas, pero cree que el momento político no es el más propicio para una reforma.
Esta situación se da en pleno debate presupuestario y con el melón de la financiación autonómica abierto. El hipotético aumento de la recaudación que puede provocar las nuevas exigencias en la medición de emisiones se produce tras reiteradas advertencias de la Comisión Europea a España por la baja recaudación medioambiental que consigue, de unos 5.000 millones de euros por debajo de la media comunitaria.
Pese a que varios medios señalan que Hacienda hará una reordenación fiscal centrada en la cuestión medioambiental, de manera oficial no confirma ningún movimiento a este respecto.
Fuente: ElConfidencial.com