Con la ampliación de la rebaja en el primer trimestre de 2022, Hacienda dejará de ingresar unos 2.160 millones de euros.

Los recortes fiscales que el Gobierno ha venido aplicando desde junio a los consumidores domésticos en la factura de la luz caducan el 31 de diciembre. Dado que, lejos de mejorar, la escalada de los precios del mercado mayorista (pool) se ha enquistado, con precios que superan los 200 euros MWh (225,7 euros/MWh para hoy), el Ministerio de Hacienda tiene ya encima de la mesa una prórroga de las medidas, al menos, durante el primer trimestre, lo que evitará una subida media del recibo de los hogares del 42% desde el 1 de enero.

El pasado junio el Gobierno rebajó el IVA de la electricidad del 21% al 10% para un semestre y eliminó durante tres meses el impuesto del 7% a las ventas de electricidad, que pagan todas las generadoras y luego trasladan al precio final en el mercado. Ya en septiembre, amplió esta última medida hasta fin de año y rebajó el impuesto especial de la electricidad hasta el límite permitido por la ley, del 5,1% al 0,5%. Además, aprobó una reducción del 96% de los cargos de la factura de la luz.

Teniendo en cuenta el citado precio mayorista para el primer trimestre, y sin los recortes ahora en vigor, la Administración recaudaría por la factura 3.300 millones de euros. Si, por el contrario, los prorroga en ese periodo, la recaudación ascendería a 1.140 millones de euros, 2.166 millones menos. Aun con todo, registraría una recaudación positiva dados los elevados precios del pool, que se aplican directamente a los consumidores con PVPC, y sobre cuya factura total se calcula el IVA.

En el caso de este impuesto, el Fisco dejará de ingresar 792 millones de euros, aún así, obtendrá unos 1.100 millones de euros en el primer trimestre del próximo año. En cuanto al impuesto de la electricidad, tendrá una pérdida recaudatoria de 337 millones de euros e ingresará 38 millones de euros. Hacienda debe compensar dicha cantidad a las comunidades autónomas, a las que van a parar los ingresos por el impuesto eléctrico.

Según indicó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el pasado 12 de octubre en la presentación del proyecto de ley de Presupuestos del Estado para 2021, el recorte de estos impuestos, sumado al del 7% a la generación, han supuesto un ahorro “de 2.000 millones de euros para autónomos, familias y empresas y, por lo tanto, una merma de la capacidad recaudatoria del Estado”. En este sentido, Montero adelantó que “hay holgura” en las Cuentas del próximo año para ampliar las rebajas fiscales aplicadas en el primer semestre de este año.

En cuanto al sistema eléctrico, la práctica desaparición de los cargos (que incluyen el pago de la deuda eléctrica, las primas de las renovables o las subvenciones a los archipiélagos) supondrá un agujero de unos 2.600 millones de euros hasta el 31 de marzo. Esta es la cantidad que Transición Ecológica preveía recaudar de la minoración a las grandes eléctricas incluida en el RDL de medidas para aliviar los precios de la luz del 14 de septiembre y que, finalmente, se frustró.

La minoración que sigue en vigor, pero de la que han quedado exentos todos los contratos bilaterales (con cliente final o intragrupo), podría ser testimonial. La vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha intentado otra solución mediante un ajuste a las renovables y generadoras que reciben una retribución específica, pero la falta de consenso ha dejado la propuesta en el aire.

No parece muy probable que los Presupuestos asuman todo este coste, por lo que al Ejecutivo solo le quedaría titulizar esta deuda y endosarla a los consumidores a plazo y con intereses. El conocido déficit de tarifa.