Con este cambio, se espera sortear un rechazo al decreto de la hucha del covid que está siendo transversal. Distintos grupos habían reclamado movilizar los fondos sin condiciones.

El Gobierno está dispuesto a modificar el polémico decreto de remanentes municipales, a través de enmiendas mediante su tramitación como proyecto de ley, para evitar que lo tumbe el Congreso. La principal propuesta en las negociaciones exprés antes de su votación este jueves en el pleno pasa por repartir el fondo de 5.000 millones de euros entre los ayuntamientos, independientemente de que presten o no a Hacienda los ahorros que tienen en el banco, según ha podido saber este diario de fuentes conocedoras de las conversaciones. Estos fondos irían destinados a programas de políticas de cuidados, movilidad, vivienda, desarrollo sostenible o promoción de la actividad cultural.

El acuerdo alcanzado entre la FEMP y Hacienda, y que posteriormente aprobó el Consejo de Ministros como decreto ley, comprendía ya la creación de este fondo, pero se limitaba su reparto a los ayuntamientos que entregasen sus remanentes de tesorería para crear una hucha covid. Con esta modificación sustancial, que desvincularía el fondo de la entrega de los ahorros, se espera sortear un rechazo que en la comisión de Hacienda fue transversal, sobre todo después de que distintos grupos, incluido Unidas Podemos, reclamasen movilizar estos fondos sin condiciones.

Se recogería también la reivindicación que lanzaron más de una treintena de alcaldes de hasta 13 partidos diferentes y que representan a grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza o Málaga. Las cantidades se repartirían entre este 2020 y 2021, con unos 2.000 millones para el primer año y los restantes 3.000 para el segundo.

De salir adelante en estos términos que Hacienda ofrecerá a los grupos parlamentarios, posteriormente se definirían los criterios para el reparto, en función de la población u otros parámetros. Se asemejaría así al fondo de 16.000 millones distribuido entre las comunidades autónomas para hacer frente a los gastos por la pandemia y que se realiza al margen de su situación económica. Las transferencias realizadas por el Estado se imputarán como un ingreso no financiero para los ayuntamientos, lo que les permitirá incrementar su gasto sin incurrir en déficit.

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ya se mostró abierto —tras la ejecutiva federal del PSOE celebrada este lunes— a «modificar una buena parte del decreto como proyecto de ley». Sin especificar el tipo de cambios, sí se refirió a la compensación de los costes en el transporte urbano generados por la pandemia, lo cual responde a la demanda de algunos ayuntamientos. Esto es, para compensar el descenso del uso de este tipo de transporte durante el estado de alarma.

Ante la imposibilidad de incurrir en déficit debido a la regla de gasto, desde el Gobierno se insiste en que este acuerdo permitirá a los ayuntamientos aumentar su capacidad de gasto respetando la normativa vigente. La propia responsable de Hacienda, María Jesús Montero, ya defendió en la comisión del ramo la pasada semana que se trataba del «único mecanismo que hemos encontrado, la única opción».

Las críticas al decreto que recoge el acuerdo de la FEMP, que salió adelante solo con los votos a favor de los socialistas y el voto de calidad de su presidente, el alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero, se han sucedido entre los diferentes grupos parlamentarios. También en Unidas Podemos, especialmente entre los ‘comuns’ que, con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, a la cabeza, son quienes más han presionado para que se modifique la ley de estabilidad de cara a poder disponer de más recursos económicos incurriendo en déficit. Este mismo lunes, celebraron un encuentro en el Ayuntamiento de Barcelona la ministra de Igualdad, Irene Montero, y la alcaldesa, Ada Colau.

Durante su encuentro, la ministra se comprometió a situar los cuidadores en el centro de la agenda política. Precisamente, se trata de una de las grandes áreas en que se prevé destinar los fondos incluidos en el acuerdo entre la FEMP y Hacienda. Desde la formación que encabeza Colau, amenazaron también con votar en contra del proyecto si no se modificaba, defendiendo la necesidad de dotar a los ayuntamientos de nuevos mecanismos y recursos adicionales, como la disponibilidad del superávit y de los remanentes acumulados los últimos años para abordar la situación de crisis económica, la eliminación de la regla de gasto al menos durante la etapa de crisis sanitaria y la creación de un fondo de recuperación y suficiencia financiera no inferior al 14%.

Las negociaciones contrarreloj para evitar el fracaso en el Congreso de este decreto comenzaron ya a finales de la pasada semana con Unidas Podemos. El objetivo ahora es cerrar un acuerdo antes de su votación el próximo jueves. De lo contrario, el decreto de la hucha de covid supondría una derrota histórica, pues desde febrero de 1979 solo se han tumbado dos decretos en el Congreso: el de la reforma de la estiba bajo el mandato de Mariano Rajoy en marzo de 2017 y el de alquileres en enero de 2019, ya con Pedro Sánchez.

Fuente: ElConfidencial.com