El Gobierno está decidido a sufragar su batalla contra la inflación a cuenta del desarrollo de nuevos impuestos sobre las grandes entidades financieras y empresas energéticas, a las que planea prohibir el traslado a precios de esta nueva carga fiscal. Así lo anticipó ayer la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ante la advertencia de los propios sectores, los analistas y la oposición política de que hacer tributar más a estas compañías provocará un mayor alza de los costes que sufren los consumidores. Para evitarlo, detalló Montero, el Ejecutivo planea habilitar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para multar a las firmas que así procedan.
En este momento se está produciendo una serie de mayores beneficios en todas estas empresas, fruto de la situación del mercado, que no están justificados y que tienen que repercutir en el conjunto de los ciudadanos y qué mejor forma que practicar un gravamen sobre la energéticas, es decir, eléctricas, petroleras y gasistas, y sobre las entidades financieras que todavía el Banco Central Europeo no ha alterado casi su política y ya empiezan a repercutir la subida de los tipos de interés» a sus clientes», defendió Montero en Cadena SER. La creación de estos nuevos impuestos, sostuvo, supone «redistribuir la carga social y, en este caso, que aquellos que más ganan sean los que más aportan a la bolsa común» para lograr recursos con los que proteger a clases medias y vulnerables, dijo.
Ante la polémica generada por la creación de ambos impuestos, la ministra aseveró que «siempre que se anuncian medidas fiscales se plantean dos cuestiones: una que se va a ahuyentar la inversión, cuando hablamos de bienes primarios con gran presencia de mercado» que impedirá ese efecto, aseguró, «y, lo que siempre escuchan al PP, que inmediatamente se van a repercutir en precios». Montero aseguró que son «dos mantras» falsos cuya creencia habría impedido crear el Impuesto de Sociedades. En este caso, sin embargo, anunció que el Gobierno tomará medidas preventivas para evitar posibles efectos adversos. «En la norma tenemos contemplado que se va a prohibir la repercusión de ese gravamen al precio final que soporten los ciudadanos y, por otra parte, se va a dotar, como hemos hecho con otras figuras, a la CNMC de todas las funciones para que vigile y, en su caso, aplique sanciones si alguna empresa se separa de la legalidad, por lo que la norma ya lo va a tener implícito», detalló. La CNMC ya vigila, por ejemplo, para que las petroleras no trasladen a precio la bonificación de los carburantes.
En cuanto a qué parte del Ejecutivo ideó estas novedosas figuras tributarias, Montero aseveró que «las nuevas medidas son del Gobierno» en su conjunto, «es lógico que el grupo minoritario de la coalición quiera trasladar su autoría». En paralelo, criticó al PP por no aclarar si apoya la creación de los impuestos.
Hacienda, que ultima el diseño de las nuevas figuras con la intención de que los partidos que sostienen el Ejecutivo los presenten como proposiciones de ley ante el Parlamento en los próximos días para su aprobación antes de final de año, descarta que se vaya a vulnerar la seguridad jurídica pese a gravar los beneficios de 2022 y 2023. El objetivo es que el tributo a las energéticas recaude 2.000 millones anuales y el bancario, 1.500 millones, y desaparezcan tras dos ejercicios.
«El detalle lo estamos ahora trabajando», agregó en RNE la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, avanzando que la próxima semana se reunirá con el sector bancario para abordar la creación del nuevo tributo. El objetivo, dijo, es «minimizar cualquier fricción o impacto negativo», y descartó que su creación perjudique la inversión o el crédito.
En cuanto a las diferencias entre los socios del Gobierno en torno al diseño del proyecto presupuestario para 2023, Montero consideró «compatible el gasto en defensa con el social». «Yo creo que nos vamos a poner de acuerdo mucha antes de lo que muchos vaticinan», concluyó.
Fuente: Expansión
