La sociedad que comparten las hermanas Álvarez y Dimas Gimeno repartió 11,2 millones en dividendos.

Cartera de Valores IASA, la sociedad propietaria del 22,18% de El Corte Inglés y bajo la que conviven los herederos del expresidente del grupo Isidoro Álvarez, abonó casi 1,5 millones de euros a la Agencia Tributaria durante 2018, después de que esta abriese una inspección por el pago del Impuesto sobre Sociedades.

Así consta en las cuentas de IASA del pasado ejercicio, cerrado el 31 de octubre de 2018, y depositadas en el Registro Mercantil.

En ellas se detalla que la Agencia Tributaria comenzó en mayo de 2017 una inspección sobre el pago de Sociedades en los años 2012, 2013 y 2014. Esta finalizó con la formulación de las actas, mediando un acuerdo de IASA con el fisco para poner fin al procedimiento. Este se saldó con el pago de 1,46 millones, como consta en el apartado “otros resultados” de la cuenta de pérdidas y ganancias de la sociedad. Al cierre del ejercicio 2018, IASA tenía abiertos a inspección los cuatro años anteriores en todos los impuestos que le son de aplicación, también el de Sociedades.
Marta Álvarez, presidenta de El Corte Inglés, y su hermana Cristina, consejera de la compañía de distribución, poseen el 69% del capital de esta sociedad, que equivale en torno al 15% de todo el accionariado de El Corte Inglés.

El restante se lo reparten el expresidente Dimas Gimeno, su madre Maria Antonia Álvarez y su tío César, estos dos últimos hermanos del fallecido presidente Isidoro Álvarez. Entre todos ellos se repartieron un dividendo de 11,2 millones, un 18% más que en el año anterior y el más alto desde toda la rama familiar comparte accionariado en IASA. El beneficio de esta fue de 14 millones, después de ingresar 15 por los dividendos recibidos de El Corte Inglés.

Las cuentas de IASA reflejan los conflictos entre sus accionistas, describiendo los tres procedimientos judiciales abiertos por Maria Antonia y César Álvarez contra las hijas de Isidoro Álvarez. “IASA se ha opuesto a todas las pretensiones ejercitadas en dichos procedimientos por entender (…) que carecen de fundamento”. Las resoluciones judiciales de estos casos han dado la razón, en primera instancia, a Marta y Cristina Álvarez.

Fuente: Cincodías.com