Se optimizará el uso de los sistemas informáticos en la cooperación internacional para luchar contra el fraude y la evasión fiscales.

El Gobierno prevé que se lleven a cabo 6.591 investigaciones en el ámbito tributario durante este año para detectar actividades no declaradas como parte de su objetivo de abordar los retos de la prevención del fraude y la evasión fiscal y la lucha contra ellos.

Así consta en el ‘Componente 27’ del anexo publicado por la Comisión Europea sobre el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, en el que el Ejecutivo de Pedro Sánchez prevé también para este año incrementar el número de efectivos de la Agencia Tributaria hasta los 26.320.

La finalidad es alcanzar una plantilla de dimensiones más próximas a las que han sido habituales durante toda su historia, en la que casi siempre ha contado con más de 27.000 empleados, alcanzando máximos en el entorno de los 28.000.

La plantilla de la Agencia Tributaria se ha reducido respecto de la disponible antes de la crisis económica de 2008. Dicha situación se ha producido como consecuencia de la combinación de dos factores: por una parte, la elevada edad media de la plantilla, con el consiguiente escenario de jubilaciones en los próximos años, y, por otra, las dificultades para a incorporación de nuevos efectivos después de sucesivos años con ofertas de empleo públicas reducidas.

Además, dentro del los objetivos fijados por el Ejecutivo de cara a este año en cuanto a atajar el fraude fiscal, se recoge aumentar y optimizar el uso de los sistemas informáticos en la cooperación internacional para luchar contra el fraude y la evasión fiscales.

Para mejorar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, en particular de los contribuyentes que figuran en el registro como contribuyentes extranjeros, la Agencia Tributaria llevará a cabo un proyecto que utilizará nueva información sobre los contribuyentes obtenida con arreglo a diversas normas internacionales.

Entre ellas, destacan la Ley de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras (FATCA, por su sigla en inglés) y el ‘Common Reporting Standard’ (CRS).

El objetivo del proyecto será que los datos fiscales de al menos el 85% de los contribuyentes extranjeros registrados de los que la Agencia Tributaria haya recibido información en 2019 hayan sido identificados y verificados, de modo que puedan utilizarse para el análisis de riesgos a más tardar el 31 de diciembre de 2021.

Además, se plantea el establecimiento de un modelo cooperativo, con el objetivo de mejorar las relaciones de la Agencia Tributaria con sus partes interesadas, como las grandes empresas, las pymes, los trabajadores autónomos y las asociaciones pertinentes, así como con el sistema judicial, como medio para lograr un mayor cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Sobre este asunto, la Agencia Tributaria ejecutará en 2021 un proyecto encaminado a fomentar la divulgación por las empresas multinacionales de información sobre sus operaciones, que el Ejecutivo espera que pueda tener repercusiones en la tributación de esas sociedades.

Por lo que respecta a los contribuyentes, la Agencia aspira a mejorar la cooperación e incrementar el cumplimiento a través de la elaboración de 20 informes de transparencia en 2021. «Se espera que aumente la cooperación con jueces, fiscales y tribunales mediante el aumento de las investigaciones en el ámbito tributario», remarca el Ejecutivo.

Ley de lucha contra el fraude

Dentro de este componente también se estipula que la Agencia Tributaria deberá presentar en el último trimestre de 2023 un informe de evaluación sobre la ley de lucha contra el fraude fiscal, que ya ha contado con el visto bueno en el Congreso de los Diputados, proponiendo, a la vista de sus resultados, el mantenimiento de las medidas incluidas, su modificación o supresión.

No obstante, antes de esta fecha, en el último trimestre de 2022 se ealizará por la Agencia Tributaria una evaluación provisional de los efectos de la Ley de lucha contra el fraude.

Los objetivos de esta reforma son reforzar las normas contra las prácticas de elusión fiscal que afectan directamente al funcionamiento del mercado interior, así como modificar impuestos directos e indirectos, determinados impuestos de las administraciones locales y la regulación de los juegos de azar.

La reforma introduce cambios en la normativa destinados a establecer parámetros de justicia tributaria y a facilitar acciones destinadas a prevenir y combatir el fraude mediante el refuerzo del control tributario.

Potenciación de la asistencia del contribuyente

Dentro del plan, el Gobierno se ha marcado el objetivo de mejorar la asistencia a los contribuyentes y, para ello, cree que un elemento clave del Plan Estratégico de la Agencia Tributaria para 2020-2023 es mejorar los servicios prestados a los contribuyentes mediante un mayor uso de plataformas electrónicas (las llamadas ‘ADI’, Administración Digital Integral).

La reforma consiste en la prestación de nuevos servicios para facilitar la tramitación del impuesto sobre sociedades, el IRPF y la imposición del IVA. Los nuevos servicios incluirán la mejora de los métodos de comunicación, servicios de asistencia técnica y consulta de los datos de los usuarios y asistencia en relación con las declaraciones fiscales y su tramitación.

Está previsto que la implantación de estos servicios se realice progresivamente en tres fases durante el período 2021-2023, con el objetivo de que cada vez más clientes elijan utilizar los servicios electrónicos en lugar de acudir a sus oficinas tributarias locales.

Con estas medidas, la Agencia pretende facilitar a los contribuyentes el cumplimiento del código fiscal y, de este modo, aumentar los ingresos tributarios.

Para ello, se prevé un refuerzo ya desde este año de la asistencia prestada a los contribuyentes, con una mejora de cara a Sociedades web y acceso a ella para al menos 1.666.123 contribuyentes y de Renta Web para 1.779.505 contribuyentes.

Fuente: Cincodías.com