Municipios pequeños y zonas residenciales, sobre todo al oeste, concentran las actuaciones ilegales.

Piscinas, ampliaciones de viviendas, cerramientos, reformas, nuevas construcciones… El Ministerio de Hacienda ha detectado miles de obras fraudulentas en la Comunidad de Madrid, hasta sumar un total de 117.379 actuaciones sin declarar en apenas cinco años –entre 2013 y 2018–, según datos de la Dirección General del Catastro. Si bien estas ilegalidades se extienden sin excepción por toda la región, por norma general se concentran en pequeños municipios y zonas residenciales, especialmente al oeste, desde la sierra norte hasta la provincia de Toledo. El Gobierno autonómico, pese a que carece de competencias, también lleva a cabo inspecciones en colaboración con los ayuntamientos, que son el actor principal de esta labor.

Las casi 120.000 construcciones, ya regularizadas, se enmarcan en las 4.795.031 inspecciones del Catastro en los últimos años en la Comunidad. Así, el porcentaje de fraude entre los elementos analizados y posteriormente corregidos revela que tanto las localidades con poblaciones pequeñas (por debajo de los 10.000 habitantes), como con zonas residenciales (con predominio de urbanizaciones y chalés), lideran esta problemática. Las sierras del Oeste y de Guadarrama, junto al área entre los ríos Henares y Jarama, son los territorios en los que Hacienda detectó mayor número de fraude.

Nuevo Baztán, al este de la región, es el municipio con el porcentaje más alto: un 25,4 por ciento. En este caso, de las 4.559 obras inspeccionadas, finalmente se regularizaron 1.159. Otros ejemplos de las diferentes casuísticas son Fresno de Torote (14,1%), en la campiña del Henares y con 354 unidades ilegales de 2.515; Rascafría (11,3%), al noroeste, con 733 de 6.487; Los Molinos, en la Sierra de Guadarrama, con 454 actuaciones de 4.216, o Villaviciosa de Odón (10,6%), a menos de media hora de la capital y con 1.892 construcciones fraudulentas de 2 17.928, siempre según los datos del Catastro.

No obstante, existen algunas excepciones y municipios con una población numerosa, como Rivas Vaciamadrid (85.893 habitantes), también poseen un porcentaje alto de fraude (9,6%), con 4.302 obras ilegales. En las grandes ciudades, como Madrid (1,6%), Alcalá de Henares (1%) o Móstoles (0,8%), este tipo de engaño es irrisorio.

Las edificaciones regularizadas son aquellas que no se declararon a Hacienda; un extremo que no significa que se hicieran sin licencia o autorización del ayuntamiento correspondiente. Según fuentes consultadas por ABC, puede darse el caso de que se disponga de un permiso municipal, pero finalmente no se dé cuenta de los cambios. También, evidentemente, que esconda un fraude urbanístico. Un ejemplo muy claro son las urbanizaciones ilegales que levantaron los clanes de la droga que huyeron de la Cañada Real –donde también había infraviviendas–, afincándose en Morata de Tajuña o Chinchón. En el primero se detectaron 386 obras (con un fraude del 4,2%) y, en el segundo, 515 (3%).

Madrid, a pesar de estas cifras, está lejos de otras comunidades con un porcentaje mucho mayor. Baleares registra un 6,5 por ciento de anomalías; Extremadura, un 6,3; Canarias, un 5,7 y la Comunidad Valenciana, un 5,1.

Ampliaciones y piscinas

De las 117.379 obras irregulares, 3.311 se hicieron sobre suelo no urbanizable y el resto, 114.068, en urbano. Fuentes de la consejería de Medio Ambiente detallaron que esta situación, al igual que ocurre con el tema de las licencias, no quiere decir que esas más de 3.000 fueran fraudulentas por ese hecho. «No siempre implica una ilegalidad, muchas se ejecutaron en momentos históricos muy diferentes», explican.

En cualquier caso, los ilícitos detectadas por Hacienda desde 2013 se encuadran en cuatro grupos. La principal y más numerosa es la que tiene que ver con las ampliaciones y rehabilitaciones, con el 53,3 por ciento del total. Le siguen las nuevas construcciones, con un 26 por ciento; las reformas y cambios de uso, con un 10,8, y las piscinas, con un 9,8 por ciento.

Como informó ABC, el trabajo del Catastro en esta materia es una práctica heredada del Gobierno anterior que continuará este año, con la inspección con drones de mil municipios en toda España. Como ha ocurrido hasta la fecha, se revisarán de nuevo las 179 localidades de la Comunidad. Esta actuación se llevará a cabo, además, con personas en el terreno y mapas.

Aunque el Catastro hace una clasificación de los elementos no declarados, son los ayuntamientos quienes tienen la competencia en materia de inspección urbanística. Pese a ello, el Gobierno regional también opera con carácter subsidiario; Medio Ambiente argumenta que desde el año 2015 –cambio de Gobierno– luchan contra estas irregularidades en tres vertientes. La primera, con más medios, al crear una subdirección específica; después, con informaciones periódicas, mejorando la comunicación con las administraciones locales; y, por último, con nuevas leyes, como la aprobación del Plan de Inspección y Disciplina Urbanística, que tendrá vigencia para el cuatrienio 2017-2020.

La Comunidad trabaja ahora en una base de datos con sistemas de información geográfica, similar al Catastro. Ese fichero se alimenta con inspecciones de oficio, mediante estudios comparados de fotografía aérea. Lo recogido se analiza y ante nuevas construcciones, susceptibles de ser ilegales, se contacta con el consistorio en cuestión.

Sanciones de 60 euros

Dados los medios de los que disponen en algunos casos, es común que los ayuntamientos pidan ayuda al Catastro para que determinen si, efectivamente, se trata de «nuevas urbanizaciones u obras sospechosas». El interés de estas entidades locales no es otro que la repercusión en las arcas municipales, pues la consecuencia inmediata es que aumenten los ingresos en impuestos como el de Bienes Inmuebles (IBI) o el del Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, la plusvalía municipal.

Cada irregularidad, con independencia de que se trate de una ampliación o de un simple cerramiento, supone una sanción de 60 euros. Sin embargo, el mayor problema para los defraudadores es que los impuestos que dejaron de abonarse se cobrarán con carácter retroactivo, hasta un máximo de cuatro años. El proyecto de Ley de suelo y urbanismo del Gobierno madrileño, no obstante, propone que se aumenten los plazos de prescripción y se eleven hasta los ocho años.

Fuente: Abc.es