El Gobierno permitirá a las CCAA un déficit del 0,1% durante los próximos tres años -hasta 2027- dos décimas más de margen a lo establecido en el plan de estabilidad pactado con Bruselas. El ministerio de Hacienda ha comunicado a los consejeros autonómicos el reparto del esfuerzo fiscal incluido en el techo de gasto que regirá los próximos presupuestos, y que será aprobado mañana en Consejo de Ministros. La regla permitirá que las regiones redacten unas cuentas más expansivas a costa del Estado, que asumirá todo el recorte fiscal comprometido con Bruselas, y que llevará el déficit público al 2,5% en 2025, al 2,1% en 2026 y del 1,8% en 2027. Los Ayuntamiento deberán alcanzar el equilibrio presupuestario hasta 2027. «Espero que sea bien recibido por parte de las administraciones», ha asegurado María Jesús Montero, tras un tenso Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) protagonizado por un nuevo enfrentamiento a cuenta de la financiación singular propuesta para Cataluña.
De poco ha servido el intento de Montero de contentar a las autonomías con un mayor margen fiscal. El desaire provocado por la financiación singular para Cataluñaha carcomido la paz pretendida por la ministra que, además, traslado a las regiones que recibirán 147.412 millones en concepto de entregas a cuenta, un 9,5% más que en 2024. «Durante el Gobierno del PP, cuando las CCAA necesitaban más recursos el ministerio de hacienda concedía prestamos, que luego tenían que devolver con los intereses correspondientes», ha recordado Montero en la rueda de prensa posterior a la reunión.
Aun así, el debate sobre la financiación a medida plateado por Natàlia Mas, de ERC, ha sacudido una reunión que ha concluido entre reproches. La consejera catalana utilizó su turno de palabra para explicar una propuesta de financiación que Montero trató de esquivar una y otra vez. La ministra se limitó a asegurar -según los consejeros del PP- que el acuerdo no incidirá sobre el resto de regiones, y que la financiación extraordinaria será aportada por el Estado. «La propuesta que ha defendida ERC, es una suerte de concierto económico para Cataluña, que yo no comparto. Eso es lo más importante que se plantea en el documento expuesto», ha revelado Montero.
Los barones populares arrastran su hostilidad con Montero desde el pasado CPFF celebrado en diciembre, cuando las autonomías del PP rechazaron el déficit del 0,1% planteado para 2024 por Hacienda criticando que Moncloa delegaba el esfuerzo fiscal sobre sus hombros. La disputa condenó al techo de gasto a naufragar en el Senado bajo el veto del Partido Popular. Sin embargo, la formación no contarán en esta ocasión con la carta del bloqueo en la Cámara Alta después de que PSOE y Sumar se conjuraran para impulsar una enmienda a la ley de estabilidad presupuestaria que arrebata este poder a los de Núñez Feijóo.
De hecho, los barones populares han insistido en la necesidad de cambiar los estatutos del CPFF para restar peso a Hacienda en las votaciones. Los de Montero tan solo necesitan el apoyo de una sola CCAA -Cataluña- para aprobar su financiación singular, tal y como exige la Generalitat. El reglamento establece que los acuerdos del Consejo sobre la ley de la financiación autonómica requieren -en última instancia- de una mayoría absoluta para salir adelante. Conscientes de ello, los consejeros del PP proponen una modificación de las reglas con la intención de revertir el sistema de mayorías, reduciendo el dominio actual de Hacienda en el CPFF -del 50%- en un intento de frenar el acuerdo en el seno del órgano. No obstante, Montero se reserva -también- la llave sobre cualquier modificación propuesta en los estatutos, al contar el ministerio con la mitad de los votos.