El Gobierno permitirá a las CCAA un déficit del 0,1% durante los próximos tres años -hasta 2027- dos décimas más de margen a lo establecido en el plan de estabilidad pactado con Bruselas. El ministerio de Hacienda ha comunicado a los consejeros autonómicos el reparto del esfuerzo fiscal incluido en el techo de gasto que regirá los próximos presupuestos, y que será aprobado mañana en Consejo de Ministros. La regla permitirá que las regiones redacten unas cuentas más expansivas a costa del Estado, que asumirá todo el recorte fiscal comprometido con Bruselas, y que llevará el déficit público al 2,5% en 2025, al 2,1% en 2026 y del 1,8% en 2027. Los Ayuntamiento deberán alcanzar el equilibrio presupuestario hasta 2027. «Espero que sea bien recibido por parte de las administraciones», ha asegurado María Jesús Montero, tras un tenso Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) protagonizado por un nuevo enfrentamiento a cuenta de la financiación singular propuesta para Cataluña.
De poco ha servido el intento de Montero de contentar a las autonomías con un mayor margen fiscal. El desaire provocado por la financiación singular para Cataluñaha carcomido la paz pretendida por la ministra que, además, traslado a las regiones que recibirán 147.412 millones en concepto de entregas a cuenta, un 9,5% más que en 2024. «Durante el Gobierno del PP, cuando las CCAA necesitaban más recursos el ministerio de hacienda concedía prestamos, que luego tenían que devolver con los intereses correspondientes», ha recordado Montero en la rueda de prensa posterior a la reunión.
Aun así, el debate sobre la financiación a medida plateado por Natàlia Mas, de ERC, ha sacudido una reunión que ha concluido entre reproches. La consejera catalana utilizó su turno de palabra para explicar una propuesta de financiación que Montero trató de esquivar una y otra vez. La ministra se limitó a asegurar -según los consejeros del PP- que el acuerdo no incidirá sobre el resto de regiones, y que la financiación extraordinaria será aportada por el Estado. «La propuesta que ha defendida ERC, es una suerte de concierto económico para Cataluña, que yo no comparto. Eso es lo más importante que se plantea en el documento expuesto», ha revelado Montero.
«En esa singularidad nosotros solo vemos un cupo», ha denunciado la consejera de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, a final del encuentro. Buena parte de los consejeros cargaron contra la maniobra gestada en torno a las negociaciones para amarrar la presidencia de la Generalitat, y que provocaron que -por primera vez en cinco años- el Ejecutivo catalán decidiera enviar a su consejera para contar con derecho a voto dentro el CPFF. Las CCAA gobernadas por el PP rechazaron en bloque que el Gobierno trate de retorcer el sistema de financiación autonómica para «comprar» la presidencia de Illa, a pesar de que Montero trató de descafeinar el debate. La ministra ha tratado de incluir este punto dentro de la reforma del sistema de financiación y ha llamado -una y otra vez- al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo a sentarse a renovar el modelo. «Visto lo visto, no creo que podamos realmente avanzar en un plazo de tiempo corto», ha dicho la vicepresidenta primera. «Hace diez años que finalizó el modelo actual y nos ha dado a todos la impresión de que está habiendo una negociación con una parte de los partidos políticos separatistas sin que el Gobierno tenga intención de dar información ni participación al conjunto de las comunidades autónomas porque no se nos ha convocado a ninguna reunión específica para relanzar la financiación autonómica ni para informarnos sobre su posición», ha insistido el consejero de Castilla y León , Carlos Fernández Carriedo.
Feijóo lleva su enfrentamiento al seno del CPFF
Los barones populares arrastran su hostilidad con Montero desde el pasado CPFF celebrado en diciembre, cuando las autonomías del PP rechazaron el déficit del 0,1% planteado para 2024 por Hacienda criticando que Moncloa delegaba el esfuerzo fiscal sobre sus hombros. La disputa condenó al techo de gasto a naufragar en el Senado bajo el veto del Partido Popular. Sin embargo, la formación no contarán en esta ocasión con la carta del bloqueo en la Cámara Alta después de que PSOE y Sumar se conjuraran para impulsar una enmienda a la ley de estabilidad presupuestaria que arrebata este poder a los de Núñez Feijóo.
De hecho, los barones populares han insistido en la necesidad de cambiar los estatutos del CPFF para restar peso a Hacienda en las votaciones. Los de Montero tan solo necesitan el apoyo de una sola CCAA -Cataluña- para aprobar su financiación singular, tal y como exige la Generalitat. El reglamento establece que los acuerdos del Consejo sobre la ley de la financiación autonómica requieren -en última instancia- de una mayoría absoluta para salir adelante. Conscientes de ello, los consejeros del PP proponen una modificación de las reglas con la intención de revertir el sistema de mayorías, reduciendo el dominio actual de Hacienda en el CPFF -del 50%- en un intento de frenar el acuerdo en el seno del órgano. No obstante, Montero se reserva -también- la llave sobre cualquier modificación propuesta en los estatutos, al contar el ministerio con la mitad de los votos.
La disputa política entre Moncloa y PP también amenaza con estancar la reforma del sistema de financiación autonómica, pendiente de revisión desde 2014. Montero ha instado -de nuevo- a Génova a sentarse a negociar la renovación de la norma, al entender que el texto deberá ser votado en el Congreso de los Diputados, algo que los populares se niegan a hacer al entender que debe ser el Ejecutivo quien tome la iniciativa y presente un borrador. «Cuando nos sentemos y nos cuenten lo que quieren hacer, les daremos nuestra opinión», afirman fuentes populares. «Los consejeros del PP han dicho que prefieren que sean las CCAA las que discutan el modelo, evidentemente el tiempo que pasa me permite afirmar que es mucho mas difícil llegar a un acuerdo», ha confesado Montero.