La Agencia Tributaria llevó a cabo 44.776 actuaciones de control durante 2023 relacionadas con grandes empresas, patrimonios relevantes, abusos de formas societarias y lucha contra la economía sumergida, un 13,7% más que en el año anterior. Dentro de este amplio y variopinto grupo destacó la vigilancia sobre las grandes compañías, grupos societarios y multinacionales, con un saldo de 34.487 actuaciones, un incremento anual del 17,3%. Las inspecciones, según explica Hacienda este jueves en la nota que acompaña al balance de los resultados de control tributario, permitieron identificar importantes irregularidades, reforzando así la capacidad del Estado para garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de estos contribuyentes, que por su naturaleza y complejidad consumen elevados recursos de alta cualificación.

A partir de aquí, hasta llegar a esas casi 45.000 comprobaciones, la agencia también cerró 3.031 operaciones de análisis patrimonial y societario (un 2% más), otras 5.812 relacionadas con abusos de formas societarias y ocultación de actividad (3,9%) y 1.446 más vinculadas a ventas ocultas descubiertas en actividades económicas (2,8%). Si se suman el resto de intervenciones de prevención y control del fraude, donde se incluyen, por ejemplo, las aduaneras, el total de actuaciones superó los 1,8 millones, con un saldo conjunto de 16.708 millones de euros en favor de las arcas públicas.

De esta cantidad, de acuerdo con los datos publicados por Hacienda, la mayor parte de los recursos correspondió a actuaciones de control (9.431 millones de euros), mientras que 965 millones fueron por declaraciones fuera de plazo sin que hubiera requerimiento previo. A esto se suman 6.312 millones por minoraciones de devoluciones, un 18,5% más debido al efecto extraordinario de las mayores minoraciones por devoluciones de pagos fraccionados. “Descontando esos extraordinarios, los resultados homogéneos en 2023 han alcanzado los 14.712 millones de euros”, apunta la agencia, en línea con las cifras logradas en años previos.

Uno de los grandes frentes dentro de las comprobaciones a empresas está íntimamente relacionado con la internacionalización y la actividad que desarrollan en otros países. Para ello, además de la Delegación de Grandes Contribuyentes, la Agencia Tributaria cuenta desde hace unos años con la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional (ONFI), que pone la lupa en las ramificaciones que las grandes compañías despliegan alrededor del mundo. En 2023, las actuaciones de control en las que participaron estos dos equipos provocaron ajustes en bases imponibles (la cantidad sobre la que se tributa) por un importe total de 2.925 millones de euros. En paralelo, se firmaron acuerdos previos de valoración con las grandes empresas —los cuales sirven para reducir la litigiosidad entre las partes de forma amistosa— que implican garantizar a futuro 3.578 millones de euros, siempre en términos de base imponible, un aumento del 32% respecto a 2022.

Además del corporativo, otro de los focos de control que exprimen anualmente los inspectores y técnicos de Hacienda es el que afecta a los grandes patrimonios de España, sobre todo en lo relativo a su residencia fiscal. Durante 2023, las actuaciones de comprobación de contingencias asociadas a estos obligados tributarios generaron como resultado deudas liquidadas por importe de 502 millones de euros en 999 expedientes. Los volúmenes alcanzados son algo inferiores a los del año previo, pero superan el promedio de los cinco ejercicios anteriores.

Gracias a las herramientas informáticas con las que trabaja la agencia para facilitar la detección de falsos no residentes con patrimonios relevantes, en 2023 se cerraron actuaciones de comprobación con un importe total liquidado de 27,7 millones sobre 136 grandes fortunas que se encontraban artificialmente localizados en otras jurisdicciones.

En este batiburrillo de comprobaciones también han aflorado ventas ocultas en 2.317 actuaciones, un 0,2% más que el año anterior. Como consecuencia de dichas operaciones, se han computado cuotas por importe de 466 millones de euros, lo que supone un incremento del 7% respecto del año anterior. Y, en paralelo, se han finalizado casi 30.000 actuaciones presenciales en distintos sectores, considerados de riesgo tributario, cuya finalidad es detectar irregularidades que pongan de manifiesto rentas no declaradas.

Junto a las visitas presenciales, Hacienda también ha tirado en 2023 de avisos a contribuyentes que tienen la consideración de ser potenciales arrendadores de vivienda. Estas campañas han aflorado en los últimos ocho años rendimientos inmobiliarios provenientes de casi 1,3 millones de declaraciones que incluyen rendimientos de capital inmobiliario, con una base imponible declarada por importe de 8.526 millones de euros y una recaudación de 1.025 millones.

Criptomonedas y tarjetas ‘offshore’

La Agencia Tributaria mantiene el control fiscal sobre la inversión en monedas virtuales por los riesgos fiscales que estas operaciones conllevan. En 2023 se ha recibido información de 27 entidades con más de 150.000 cuentas bancarias y más de 170.000 titulares autorizados identificados. En paralelo, dentro del nuevo programa de control sobre los neobancos, se emitieron 74 requerimientos dirigidos a las entidades de dinero electrónico y entidades de pago españolas y sucursales en España de entidades extranjeras que constan autorizadas por el Banco de España, en las que se han solicitado datos variados. En total, se ha obtenido información de 49 entidades sobre más de 36.000 cuentas y más de 30.000 titulares y autorizados identificados.

A la vez, se ha mantenido la vigilancia sobre tarjetas de crédito y débito con cargo a cuentas abiertas en el exterior de entidades financieras residentes y no residentes, con el objetivo de identificar a los titulares. En 2023 se ha obtenido información sobre 1.193 tarjetas que ya estaban fichadas, pero también se han destapado otras 1.045 nuevas. El resultado ha sido una inspección que ha aflorado 35,7 millones de euros provenientes de las offshore.

La nota común a todos los casos, apunta la agencia, es que el contribuyente ubica unos fondos en el extranjero, pretendiendo situarlos fuera del control de la Administración tributaria española, y busca repatriarlos, al menos en parte, a través del consumo mediante uso de las tarjetas emitidas en otros países.

Fuente: El País