El Gobierno de coalición formado por PSOE y Unidas Podemos, que entrará en funciones tras las Elecciones Generales del próximo domingo, ha aprobado en tiempo de descuento la primera subida de las compensaciones fiscales por gastos de automoción que se sella en casi dos décadas dando respuesta a una vieja reclamación tributaria de profesionales y funcionarios.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy, concretamente, dos órdenes ministeriales firmadas por la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, por las que se actualiza la compensación de gastos por kilometraje para quienes usen un vehículo para desarrollar su trabajo, que se eleva desde 0,19 a 0,26 céntimos por kilómetro recorrido. Un 37% más.

Una de las órdenes afecta a las indemnizaciones para los empleados públicos que deben utilizar su propio vehículo para trabajar, mientras que la otra modifica las exenciones de las que podrán disfrutar los contribuyentes en el Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF) por los gastos de locomoción que afronten al utilizar su coche u otro vehículo en su labor profesional diaria.

La indemnización, que cubre el combustible, los gastos relacionados con el desgaste ocasionado al vehículo y sus posibles averías, o, proporcionalmente, el seguro y los impuestos relacionados con el vehículo, llevaba sin modificarse desde 2005 pese al fuerte incremento de la inflación desde entonces.

El acceso al beneficio fiscal es diferente en función del colectivo beneficiario. En el caso de los empleados públicos, los 0,26 euros por kilometraje se abonarán tras «la presentación de la factura de combustible correspondiente y una declaración justificativa del desplazamiento», que tras ser comprobados darán lugar a un ingreso en su cuenta corriente, explica Hacienda.

En paralelo, los trabajadores sujetos a IRPF que utilicen el vehículo para trabajar podrán excluir de la declaración del impuesto la cantidad resultante de multiplicar 0,26 euros por los kilómetros recorridos. Para ello, explica el Ministerio, será necesario contar con «un documento que justifique el desplazamiento, y en el que se podrán incluir de los gastos de peaje y aparcamiento que hayan sido necesarios».

El Ministerio de Hacienda justifica la actualización como una tarea «pendiente» por varios motivos: los 18 años transcurridos desde la fijación de los umbrales que se venían utilizando y el fuerte alza de precios que ha agravado la invasión rusa sobre Ucrania, que ha afectado especialmente a los combustibles (que el Gobierno bonificó durante el año pasado de forma universal y para profesionales del transporte este año).

La reforma, incide el Ministerio, formaba parte de la agenda del Gobierno, que la incluyó en el «Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI», pactado con los sindicatos del área de Función Pública de CCOO y UGT en la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado.

Valoración de los asesores

«El IPC acumulado desde 2005 hasta ahora supera con creces el 25%, incremento de precios que, amén del experimentado por el combustible, no lejano al 100%, habrá afectado a muchos otros conceptos tales como las piezas de repuesto, mano de obra de taller, ITVs, primas de seguros, etc. O sea, que está actualización no sólo es muy tardía, que también, sino, también, cicatera. Eso sí, se aprueba puntualmente a menos de una semana de las elecciones; ¡qué casualidad!», valora Javier Gómez Taboada, vocal responsable de Estudios e Investigación de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf).

Fuente: Expansión