Las sociedades de comercio de frutas y hortalizas tenían importes en efectivo muy superiores a la media del sector.
La Agencia Tributaria se lanzó ayer de lleno a desmantelar en el sector del comercio al por mayor de frutas y hortalizas la utilización de un software de doble uso para la ocultación de ventas, que facilitaba la evasión fiscal.
La creación y uso de estos programas estará prohibido en cuanto se ponga en marcha el nuevo paquete de medidas antifraude que actualmente se encuentra en fase de anteproyecto de ley. Esta macrooperación a escala nacional contra el fraude fiscal, que se ha bautizada como Operación Carpo, conllevó solo a lo largo del día de ayer un total de 75 entradas en locales distribuidos en 13 comunidades autónomas, y el inicio de inspecciones a 80 contribuyentes, -62 sociedades y 18 personas físicas socios y administradores de las sociedades investigadas vinculados con los locales.
Las investigaciones previas que han dado lugar a la Operación Carpo pusieron de manifiesto que estas sociedades presentan una proporción de cobros en efectivo muy superior a la media del sector mayorista de fruta y que, en algunos casos, supera el 80 por ciento del total de las ventas. La utilización de esta forma de cobro facilita la ocultación de las ventas reales, dada la dificultad de seguimiento del dinero en efectivo. A su vez, los investigadores detectaron que los márgenes de explotación en estas sociedades eran significativamente inferiores a lo normal en el sector, presentando en algunos casos, incluso resultados negativos permanentes a lo largo de varios ejercicios.
Otros indicios de capacidad económica observados en los administradores autorizados en cuenta o socios de estas empresas, explica la Agencia Tributaria, eran incompatibles con las rentas declaradas por estas personas físicas, e influyeron también decisivamente en la selección de los objetivos a comprobar por la Agencia Tributaria.
En estas actuaciones, fruto de la lucha contra la economía sumergida por parte de la Agencia, resulta clave la labor de las Unidades de Auditoría Informática (UAI). Desde 2014 hasta ahora, se han liquidado cuotas tributarias por importe de más de 1.300 millones de euros tras las actuaciones de estos profesionales, en concreto, 214 millones en lo que va de 2018, a través de casi 17.000 actas de inspección, más de 3.600 en lo que va de año.
Un precedente efectivo
Esta macrooperación contra el fraude fiscal tiene como precedente la Operación White desarrollada en febrero de 2016 en locales de venta de pescado en Barcelona. Tras esa actuación, los importes ingresados por los contribuyentes inspeccionados crecieron un 37 por ciento, mientras que otras sociedades también dedicadas al comercio al por mayor de pescado y localizadas en el mismo mercado central, pero que no habían sido objeto del operativo, llegaron incluso a un incremento de importes ingresados del 62 por ciento.
En el dispositivo lanzado ayer participaron más de 430 funcionarios de la Agencia Tributaria, y se ha ampliado a País Vasco y Navarra mediante la acción coordinada con sus Haciendas Forales.
Fuente: ElEconomista.es