El equipo del consejero Juan Bravo desembarca de la Agencia Tributaria y centraliza el pago de todos los IBI y tasas municipales al hallar incumplimientos de millones de euros.

La cúpula directiva de la Agencia Tributaria se ha puesto a los mandos de la Consejería de Hacienda del Gobierno de PP y Cs en Andalucía. El cambio tiene de momento una consecuencia inmediata: trabajan con la orden de poner al día “miles de facturas” impagadas que se deben a ayuntamientos y diputaciones por tributos como el impuesto de bienes inmuebles (IBI) o tasas municipales.

El nuevo decreto de estructura de la Junta de Andalucía situó en la Consejería de Hacienda, Industria y Energía una nueva competencia. Centralizó en la Secretaría General de Hacienda todas las operaciones encaminadas al seguimiento de las obligaciones tributarias de la Administración andaluza, para asegurar que las distintas consejerías cumplen con sus pagos en periodo voluntario. Hasta ahora no ocurría así y la desorganización, con el consiguiente coste en recargos, ha sido la norma.

Las alarmas saltaron cuando se detectó una modificación presupuestaria en 2018 para abonar 5,4 millones de euros en distintas tasas municipales. El actual equipo del Gobierno andaluz no pone en duda la voluntad de pagar del anterior Ejecutivo, pero sí que entiende que el caos con estos impuestos ha provocado retrasos y penalizaciones que al final han elevado la factura y perjudicado a las administraciones con las que se tienen las deudas, sobre todo ayuntamientos y diputaciones.

El objetivo es convertir a la Junta de Andalucía en “un contribuyente ejemplar” y uno de los lemas internos de Hacienda empuja al Gobierno autonómica a convertirse en “obligado tributario ejemplar”.

Centralizar los pagos

Esto requerirá “un trabajo muy intenso”, según admiten fuentes del Gobierno autonómico, porque en este momento el cumplimiento con determinadas cargas tributarias está muy desorganizado y eso ha provocado que se cree un problema en la Administración que ahora mismo es “muy grande”. Hacienda ha detectado que el Gobierno andaluz actuaba como “reinos de taifas”, donde cada consejería actuaba por su cuenta sin que hubiera una base centralizada, ni siquiera para unificar el pago de tributos.

El trabajo ha comenzado con los servicios centrales de las consejerías de la Junta, sin tener en cuenta, de momento, los organismos de la administración paralela. El primer diagnóstico revela que la Junta acumula “miles de factura impagadas” a distintas administraciones, principalmente ayuntamientos. Si a una promoción de viviendas sociales de la Junta o a uno de los solares recibidos como pago de la deuda histórica se le pasa pagar una tasa municipal, la deuda por impago acaba llegando al cabo del tiempo a la Junta de Andalucía como propietaria de la instalación. Los colegios, las bibliotecas o las universidades están exentos del pago del IBI, como la Iglesia o los edificios adscritos al Ministerio de Defensa, pero sí pagan tasas por obras, por ejemplo, aclaran desde Hacienda.

La mayoría de impagos se corresponde con el impuesto sobre bienes inmuebles en edificios que dependen en última instancia de la Junta. La información está muy dispersa entre las distintas consejerías y hasta ahora no hay datos agregados ni unificados. Muchas de las deudas solo afloran cuando la Administración perjudicada envía una providencia de apremio o incluso ordena el embargo de bienes inmuebles como medida de presión.

Sumar el montante de todas esas facturas tributarias no está siendo fácil. Hacienda ha comenzado una primera ronda con los principales ayuntamientos y diputaciones para hacerse una idea del volumen real de esa deuda tributaria. Según la información recopilada, que no está cerrada, solo con la Diputación de Sevilla, que gestiona los tributos de los ayuntamientos de menor tamaño de la provincia, la deuda ronda los dos millones de euros. La mayoría son impagos del IBI. En la provincia de Málaga, la deuda rondaría el millón de euros, y con el Ayuntamiento de Granada estaría entorno al 1,5 millones de euros, según fuentes consultadas por El Confidencial y a la espera de una cifra cerrada. Como ejemplo, el Ayuntamiento de Sevilla ha empezado recientemente un procedimiento de compensación por más de 250.000 eurospor el IBI impagado de diversos inmuebles de la Administración. Las cantidades de cada factura no son disparatadas ni elevadas, pero la suma del montante global sí que puede suponer un mordisco importante a las arcas autonómicas.

Discrepancias contables

El desorden en estos “miles de facturas” tributarias pendientes no ayuda. No será fácil cerrar una cifra global y desde Hacienda admiten que hay discrepancias entre las administraciones sobre cuál es la deuda real. El Gobierno andaluz está estudiando los pagos que se les exigen para ver cuánta de esa deuda imputada le corresponde pagar de verdad.

Ocurre por ejemplo con las viviendas sociales, de donde proceden muchos IBI impagados. Cuando se adjudicaron esas viviendas, no se apuntó el nombre del nuevo titular en el catastro y los ayuntamientos siguen tratando de cobrar los impuestos a la Junta. El principal problema de todas estas facturas, admiten desde el Gobierno andaluz, no es tanto la cantidad que deberá desembolsarse, que también, sino el enorme trabajo administrativo que genera la gestión de estas facturas.

En la Consejería de Hacienda, Industria y Energía ha desembarcado un grupo muy nutrido de altos cargos de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) en Andalucía. El exconsejero Alberto García Valera había sido delegado especial de la Agencia Tributria en Andalucía, Ceuta y Melilla, y su sucesor, Juan Bravo, fue delegado de la AEAT en Ceuta (antes de ser diputado por Ceuta). El viceconsejero, Jorge Ramírez, era el actual delegado especial de la AEAT en Andalucía, Ceuta y Melilla, y el secretario general de Hacienda (número tres en el organigrama) es Ignacio Méndez, que era el jefe de inspección en AEAT en Andalucía. Domingo Moreno también era directivo de la AEAT en Andalucía, y ha asumido ahora la dirección de la Agencia Tributaria de Andalucía, y Myriam del Campo era arquitecta jefa en la AEAT en Andalucía, y ha sido nombrada directora general de Patrimonio. En Cetursa, dependiente de la Consejería de Hacienda, ha entrado como consejero delegado Jesús Ibáñez, que también fue delegado especial de la AEAT en Andalucía.

Elaborar el Presupuesto

El Gobierno andaluz de PP y Cs trabaja de momento en poner orden en las cuentas autonómicas. El Ejecutivo conoció esta semana un informe de la Consejería de Hacienda, que dirige Juan Bravo (PP), y que alerta, entre otros muchos asuntos, de que hay 2.988,6 millones de euros en subvenciones otorgadas y pendientes de justificar. De esa cantidad, 1.867 millones librados por la Junta están sin justificación y fuera ya de plazo. De estos, 904 millones tienen “alta probabilidad de prescripción”.

Mientras trabaja contra reloj en la elaboración del Presupuesto autonómico, el actual está prorrogado, con el compromiso de que se presente en mayo y llegue a la Cámara andaluza en julio para su aprobación, pasadas las citas electorales. Hacienda ha dado orden de un recorte del 5% en el capítulo de gastos corrientes y bienes de todas sus empresas públicas y está a la espera de la auditoria encargada sobre 14 empresas públicas, cuyos resultados se retrasarán unas semanas, según admitieron fuentes del Gobierno. El compromiso era tener las auditorías en 45 días de estas empresas, entre otras, Canal Sur, la Agencia Idea o la Agencia de Obra Pública, que suman un presupuesto de 2.800 millones de euros anuales. “Hasta que no sepamos los resultados, no podremos tomar decisiones”, señaló en su día el presidente, Juan Manuel Moreno.

El Gobierno andaluz ya sabe que tendrá que ajustar su Presupuesto en 500 millones de euros para cumplir con el objetivo de déficit e incluir medidas como la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones. La frase más repetida del consejero Juan Bravo es que los Presupuestos andaluces “no serán bonitos pero sí creíbles”. El actual Gobierno considera que los anteriores ejecutivos socialistas pintaban muchas partidas en las cuentas autonómicas para ‘vender’ el Presupuesto, pero que después esas cantidades no se ejecutaban ni se gastaban. La inejecución presupuestaria ha sido una de las vías de cumplimiento del déficit. En 2018, se dejaron sin ejecutar 2.244 millones de euros, 8.000 millones en toda la legislatura. En parte, esa inejecución podría perjudicar a Andalucía en las nuevas convocatorias de fondos europeos. La nueva cúpula de Hacienda quiere alejarse de presupuestos que “se elaboraban sin rigor y a sabiendas de incumplimientos”, avisa el consejero.

Fuente: ElConfidencial.com