Aragón, Andalucía, Castilla-La Mancha y Madrid tienen una cartera de concesiones de carreteras, hospitales y depuradoras paradas por los límites a la rentabilidad.

La decisión del Gobierno de no modificar la rentabilidad de los contratos de concesión a largo plazo establecida en la ley de desindexación de la economía está provocando un atasco de proyectos de infraestructuras en distintos puntos de España. Según las fuentes consultadas, hay, al menos, 6.500 millones de euros de inversión retenida o condicionada por las incertidumbres provocadas por la ley, desde concesiones de carreteras hasta hospitales pasando por planes de depuración y aparcamientos.

«Es imposible que salgan adelante los proyectos con las limitaciones que impone la ley de desindexación», indican las empresas, hambrientas de contratos de obra pública después de que en 2020 la inversión en nuevos proyectos descendiese más de un 40% en España.

El epicentro del problema está en la ley 2/2015 de 30 de marzo de desindexación de la economía española, y su posterior desarrollo reglamentario. Según el límite legal que impone, la tasa de descuento (rentabilidad) se referencia al bono español a 10 años más un diferencial de 200 puntos básicos. A los precios actuales, la rentabilidad se situaría en el 2,2%, muy baja para abordar proyectos con riesgos de construcción y de disponibilidad, según las empresas. «Si no se mejora la rentabilidad es más difícil atraer el interés de los inversores», alertan desde la patronal Seopan, que propone, entre otras soluciones, que sean los órganos de contratación públicos los que, a la vista de los costes reales del mercado financiero, sean los que fijen la tasa de descuento.

La Cámara de Contratistas de Valencia va más allá. La institución, que representa a la constructora de la zona espera como agua de mayo que el Gobierno licite de una vez el contrato de obra y conservación de la autovía A7 entre Crevillente y Arco (Murcia), un corredor de 40 kilómetros con un presupuesto de inversión inicial de 200 millones de euros y un plazo de explotación en concesión de 25 años. «Es un proyecto inviable en las condiciones descritas en el estudio de viabilidad realizado por el Ministerio de Transportes», indican desde la organización que calcula que, debido a las omisiones económicas y los errores de estimación del tráfico por el Covid, la rentabilidad baja a menos del 1%, cuando en proyectos de similares características basados en pagos por disponibilidad, la rentabilidad de mercado se sitúa a partir del 6,5%-7%. «Es claramente insuficiente para atraer el interés de los inversores atendiendo a la realidad del mercado que sitúa la rentabilidad media exigida para este tipo de proyectos en tasas muy superiores».

Las constructoras ven en esta cerrazón del Gobierno cierto agravio comparativo con las energías renovables, donde sí se reconocen a los proyectos una tasa de recuperación de la inversión mayor. En concreto, se refieren al reconocimiento de la tasa de descuento de los proyectos de producción de energía con biomasa y residuos que, para el segundo periodo regulatorio 2020-2025, ha quedado fijada en el 5,58%.

«A un proyecto le exigimos entre 200 y 300 puntos sobre el coste de la deuda, que está hoy en día en el 4%. Eso significa que como mínimo pedimos a los proyectos una TIR del 7%, aunque casi siempre es superior», señalan desde una concesionaria española. Según las primeras estimaciones, los proyectos del plan de carreteras del Gobierno saldrán con una rentabilidad tres o cuatro veces inferior a la de mercado.

El tope a la rentabilidad es lo que está provocando un atasco de proyectos en un momento en el que la licitación de concesiones ha batido récord de caída. El año pasado, el Gobierno solo licitó bajo está fórmula proyectos que suman inversiones por 50 millones de euros, cuando desde Bruselas están recomendando que por cada euro de presupuesto público dedicado a este capítulo sirva para movilizar 3 euros de inversión privada.

En carreteras, uno de los planes más ambiciosos, basado en mecanismos de financiación privada, es el del Gobierno de Aragón. A finales del año pasado, el Ejecutivo regional lanzó el plan extraordinario de inversiones en carreteras 2023-2025 distribuido en diez tramos con un presupuesto de 400 millones de euros. En Hospitales, destacan los proyectos promovidos por la Junta de Andalucía, que quiere construir un nuevo hospital en Málaga, la ciudad sanitaria de Jaén o el hospital de Roquetas del Mar (Almería), con inversiones conjuntas de unos 830 millones.

En Madrid, destaca el contrato de concesión para relanzar la Ciudad de la Justicia, con una inversión estimada de 300 millones de euros. La reforma del Hospital de La Paz es otro de los contratos analizados, una obra de 500 millones.

Fuente: Expansión.com