Únicamente será deducible el pago a aquellas escuelas infantiles con licencia municipal y autonómica, aunque muchas solo operan con la primera porque la segunda es optativa.

La deducción de 1.000 euros por gastos en guarderías será una de las grandes novedades de la campaña de la declaración de la renta, que arrancará en abril. Sin embargo, ya se ha agotado el plazo para que los centros faciliten la información, y solo han podido hacerlo los que están en el registro de escuelas de educación infantil. Las madres con sus hijos en miles de guarderías con licencia y autorización municipal, pero no autonómica, se quedan sin la opción.

La regulación de estos centros parte de la ley orgánica de educación de 2006 (la LOE, que sustituyó a la LOGSE), que señala a la educación infantil como la primera etapa del sistema educativo. Después llegaron los decretos autonómicos que establecen requisitos para recibir un código de centro, necesario para la deducción citada, que es una medida de conciliación laboral que se suma a los 1.200 euros de deducción por maternidad.

La medida se introdujo por primera vez en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018, con lo que en la campaña de la renta de este año aparecerá por primera vez. El decreto ley señala que «en cuanto a la deducción por maternidad, se incrementa el incentivo fiscal cuando tenga que soportar gastos por la custodia del hijo menor de tres años en guarderías o centros educativos autorizados, lo que no solo estimulará la incorporación de la mujer al mercado laboral; sino que, al tenerse en cuenta tales gastos, facilitará la conciliación de la vida familiar y laboral y el acceso del hijo menor de tres años al primer ciclo de la educación infantil». Por gastos de custodia del hijo la norma entiende las cantidades pagadas «a guarderías y centros de educación infantil por la preinscripción y matrícula de dichos menores, la asistencia, en horario general y ampliado, y la alimentación».

El concepto de guardería, pese a que se menciona en el texto de los presupuestos, se ha quedado ambiguo en la última década. De hecho, la palabra no aparece en el texto de la LOE de 2006. Por una parte, están los centros o escuelas de educación infantil, que tienen que ser autorizados por el ayuntamiento de la localidad y por la administración educativa competente cumpliendo una serie de requisitos, que es autonómica.

Por otro lado, hay muchos centros que se asemejan al concepto tradicional de guardería, en el que los padres dejan a sus hijos para su cuidado sin exigencias sobre un proyecto educativo. En estos casos solo es necesaria la licencia municipal, que vigila la salubridad de las instalaciones.

Los presupuestos no especifican que solo una de estas opciones sea válida para la deducción, quedando en el aire lo que se entiende por guardería. Sin embargo, sí lo ha hecho el reglamento del IRPF, y Hacienda está siendo clara al respecto: solo podrán tener acceso a la deducción las madres con hijos en escuelas infantiles públicas y centros privados autorizados por las comunidades autónomas, que son unos 5.000, según la Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada (Acade). La asociación explica que al menos hay el mismo número de centros sin autorización autonómica —y probablemente más—, pero sí del ayuntamiento.

Así, las madres con hijos en miles de ‘guarderías’ se encontrarán en la campaña de la renta con que no tienen derecho a la deducción. De hecho, esta ayuda no se pide, sino que aparecerá en el borrador tras haberse cruzado los datos. Los centros autorizados por las comunidades tenían hasta el 15 de febrero para mandar el documento 233. Los que tienen permiso local pero no autonómico, no han tenido esta opción.

Reivindicación clásica

Hacienda se posiciona de esta forma en favor de una reivindicación repetida durante los últimos años por parte de los centros de educación infantil, que aseguran que cumplen requisitos sobre ratios entre profesores y alumnos, cualificación de los educadores o instalaciones, y que compiten con otro tipo de guarderías sin estas exigencias. Pero las comunidades no se pronuncian porque solo inspeccionan a las que están en su registro, mientras que los ayuntamientos se escudan en que si hay un problema educativo es de la comunidad, que es la competente, y solo se preocupan por la calidad de las instalaciones.

Algunas ayudas públicas ya han distinguido entre ambas opciones, como el cheque-guardería de comunidades autónomas como Madrid, que abarata en 100 euros al mes el gasto en centros privados autorizados por la Comunidad. Sin embargo, el problema con la nueva deducción estatal es que «la norma no distingue entre centros de educación infantil y el resto de guarderías», asegura Elena Manzano, profesora de Derecho financiero y tributario de la Universidad de Extremadura.

A juicio de esta experta, el reglamento del IRPF se ha extralimitado, al introducir un matiz «muy relevante relativo a la autorización administrativa de los centros que restringe, injustificadamente y vulnerando el principio de igualdad, la aplicación de la deducción». Manzano insiste en que «es una grave discriminación que penaliza a la mayoría de centros de cuidado infantil». La campaña de la renta mostrará si la postura de Hacienda tiene efectos en los precios y en las preferencias de los padres.

Fuente: ElConfidencial.com