La ley exigirá el visto bueno de Montero para parte de los gastos impropios como, por ejemplo, la cotización para subsidios requerirá un aval previo.

La primera fase de la reforma de pensiones que debe llevarse a cabo este mismo año pasó ayer un primer filtro en el Congreso de los Diputados con la tramitación de las enmiendas del proyecto de ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones.

El texto –que ayer quedó listo para su debate y votación en el pleno, que será el que tenga la última palabra sobre la ley final de la reforma– indica cómo deberán acometerse las transferencias al Estado de los gastos impropios de la Seguridad Social para culminar la separación de fuentes. La imposición general ya asume de forma automática el pago de casi 18.000 millones de euros (entre los que está la financiación de 7.075 millones de complementos a mínimos; 2.772 millones de pensiones no contributivas y 4.471 millones de otras prestaciones o 3.000 millones del ingreso mínimo vital).

Ahora el nuevo texto detalla también la mayoría de los conceptos que la Seguridad Social considera que no tienen que pagarse con cotizaciones y que deben abonarse con transferencias estatales, que sumadas todas ellas llegarán el próximo año a otros 18.396 millones adicionales. Entre estas cuestiones las futuras leyes de Presupuestos incluirán como transferencias del Estado a la Seguridad Social, por ejemplo, 2.879 millones de la prestación contributiva de nacimiento y cuidado de menor; la reducciones de cotizaciones por valor de 1.690 millones; o los complementos de prestaciones contributivas sujetos a límite de ingresos (de viudedad fundamentalmente). Esos y otros conceptos se incluirán de forma automática entre los pagos estatales al sistema de pensiones.

Si bien, el proyecto que se tramita actualmente incluye una precisión que deja fuera de este automatismo la financiación estatal de todos los gastos impropios, de forma que el Ministerio de Hacienda deberá decidir cada año si costea o no una parte importante de ellos. Así, el texto indica, al margen de los conceptos citados, “cualquiera otra transferencia del Estado al presupuesto de la Seguridad Social destinada a la financiación de las prestaciones contributivas y no contributivas del Sistema de Seguridad Social deberá contar con informe previo del Ministerio de Hacienda para poder ser incorporado a la Ley de Presupuestos Generales del Estado”.

Entre los posibles gastos que deberá evaluar Hacienda en próximos ejercicios está, por ejemplo, una partida de 5.085 millones de euros que en el articulado de los Presupuestos Generales de 2022 aparece como “para financiar otros conceptos” y que la Seguridad Social ha identificado como el equivalente a 1,5 puntos porcentuales de la cotización por prestaciones no contributivas (por desempleo).

De la misma manera, el resto de gastos que la Seguridad Social considere que aún debe traspasar al Estado para el Presupuesto de 2023 –unos 5.000 millones más hasta sumar cerca de 23.000– también requerirán el visto bueno de Hacienda. A tenor de todo esto, es de suponer que la disposición de este ministerio para asumir todos estos gastos será menor a medida que se vaya terminando la relajación de la regla de gasto de Bruselas.

Los diputados aprobaron ayer también otros cambios en el proyecto de ley que ponen deberes al Gobierno. El primero, a través de una enmienda transaccional de ERC y EH-Bildu por la que mandata al Ejecutivo por ley a revisar en un año como máximo los criterios normativos para determinar la evolución de las pensiones mínimas, “teniendo en cuenta la evolución del salario mínimo interprofesional”, garantizado, eso sí, la sostenibilidad del sistema.

La norma también dará un mes al Ejecutivo para que encargue un informe de auditoría de los ingresos por cotizaciones y los gastos contributivos y no contributivos para discernir los gastos impropios en los que se habría incurrido entre 1967 y 2019.

Fuente: Cincodías.com