El Ministerio de Hacienda da marcha atrás en su decisión de aplazar hasta 2028 la devolución del IRPF a los pensionistas que en su día realizaron aportaciones a las antiguas mutualidades laborales y asegura ahora que abonará todo el dinero que debe en un único pago este año.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha adelantado este jueves en la rueda de prensa para presentar la ejecución presupuestaria de 2024, que tras escuchar al colectivo afectado y a los sindicatos, «vamos a impulsar un cambio normativo para acelerar al máximo estas devoluciones y se reciban en un solo pago a lo largo de 2025».

Montero señaló que importe de estas devoluciones ya está contemplado dentró del déficit del Estado de 2024, que se situó en el 2,8% del PIB.

El Gobierno, a través de la ley que creó el nuevo impuesto para multinacionales en diciembre de 2024, cambió la forma de devolución del IRPF a los mutualistas. La norma dejó sin efecto los formularios aprobados por la propia Agencia Tributaria en marzo de 2024 para que los pensionistas pidieran de una forma sencilla la devolución de los últimos cuatro años no prescritos, 2019, 2020, 2021 y 2022 (puesto que a partir de 2023 este IRPF se devuelve directamente a través de la declaración de la Renta) y les obligaba a solicitar de nuevo este año la devolución, pero solo un pago por ejercicio.

Es decir, aquellos pensionistas a los que Hacienda en diciembre aún no hubiera devuelto lo pagado de más de IRPF por estas antiguas aportaciones, debían pedir en la campaña de la Renta de este 2025 que empieza el 2 de abril el pago de 2019. En la campaña de 2026, debían solicitar el de 2020; en la de 2027, el de 2021; y finalmente, en la de 2028, el de 2022.

Este cambio supuso un aluvión de críticas hacia el Ministerio de Hacienda por parte de los propios afectados, pero también de sindicatos como CCOO y UGT, de los gestores administrativos, de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) o la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (AHE). De hecho, los pensionistas afectados llegaron a acudir al Defensor del Pueblo para defender sus intereses ante Hacienda.

El aplazamiento de estas devoluciones era preocupante ya que no solo obligaba a estos pensionistas a solicitar online una devolución que ya habían pedido, con el importante reto que suponen las tecnologías para determinadas personas mayores. Si no que además, cabía la posibilidad de que algunos de ellos, ante su avanzada edad, fallecieran antes de recuperar su dinero.

Origen de las devoluciones
La devolución del IRPF a los pensionistas tiene origen en las aportaciones que hicieron mientras trabajaban a las mutualidades laborales (incluso antes de que existiera la Seguridad Social tal y como se conoce que empieza a arrancar con la Ley de Seguridad Social de 1966) para garantizarse una pensión. Estas aportaciones no podían minorarse en el IRPF, teniendo en cuenta que este tributo se creó en 1978.

El Tribunal Supremo, en una sentencia del 28 de febrero de 2023, determinó que los pensionistas tenían derecho a deducirse en el IRPF el 25% de la parte de la pensión generada con las aportaciones realizadas a las mutualidades entre 1967 y 1978. Y, en otro fallo del 19 de abril de 2024, fijó que también tienen derecho a deducirse el 100% del IRPF de la parte de la pensión generada con las contribuciones anteriores a 1967.

Por tanto, abrió la puerta a que Hacienda devolviera a estos pensionistas el IRPF que no se habían deducido en los últimos cuatro años no prescritos.

Devoluciones millonarias
Tras las sentencias del Supremo, Hacienda cuantificó el importe de las devoluciones que tenía que hacer a los pensionistas en 1.700 millones de euros, según dejó reflejado en las Cuentas de la Administración General del Estado de 2023. No obstante, la cifra podría ser mayor puesto que a noviembre de 2024 (paró las devoluciones un mes después) ya había abonado a los pensionistas 1.325 millones de euros, según el informe de recaudación para ese mes publicado por la Agencia Tributaria.

Fuente: El Economista