Hacienda ha elevado esta semana a audiencia pública la orden ministerial que da forma al impuesto de solidaridad sobre las grandes fortunas, un gravamen que trata de neutralizar las bonificaciones autonómicas en Patrimonio y cuya liquidación se producirá entre el 1 y el 31 de julio de este año sobre la riqueza declarada en 2022. El texto elaborado por el departamento que dirige María Jesús Montero aprovecha para corregir un error en la redacción inicial del impuesto que abría la puerta a que los contribuyentes de las comunidades que aplican descuentos pagasen algo menos de lo inicialmente previsto.

La corrección, de carácter técnica, parte del escudo fiscal que pueden utilizar los altos patrimonios para reducir su base imponible. Es el conocido como límite conjunto, una salvaguarda que implica que la cuota íntegra del pago del IRPF, Patrimonio y el impuesto a los ricos no podrá exceder del 60% de la suma de las bases imponibles del IRPF, con una reducción máxima en la cuota del 80%. En esencia, es un diseño pensado para evitar el carácter confiscatorio y no penalizar a contribuyentes de alto patrimonio pero con rendimientos mínimos.

Tal y como explica Francisco González, director de asesoramiento patrimonial de A&G Banca Privada, los contribuyentes de comunidades con bonificación autonómica podrían haber tomado como referencia la cuota simulada. Es decir, si se escoge la cuota íntegra teórica en vez de la que está bonificada, los grandes contribuyentes podrían descontarse la parte proporcional que tendrían que abonar si las regiones no aplicasen rebajas en Patrimonio, el gravamen tradicional.

Con este cambio, prosigue González, Hacienda reconoce que había un error inicial en la redacción del impuesto y lo subsana. “Ahora queda claro que no hay que tomar la cuota en teoría pagada en comunidades como Madrid, sino el total de la cuota íntegra, lo que habría que abonar si la comunidad no tuviese una bonificación del 100%”. En concreto, añade, “se nos dice que hay que tomar como referencia la casilla 40 de Patrimonio, que es la cuota íntegra”.

De este fallo inicial podrían haberse aprovechado especialmente los contribuyentes de Madrid, la única región que tenía descuentos totales en el impuesto en 2022. En el año 2023 se habrían sumado los altos patrimonios de Andalucía, ya que la comunidad ha comenzado a bonificar Patrimonio en este ejercicio. En menor medida, también podrían haber sacado provecho los grandes patrimonios de Galicia (con una bonificación del 25% en 2022 que ha pasado al 50% en 2023).

Tanto González como el resto de asesores patrimoniales y fiscales estaban pendientes de ver que sucedía finalmente con este desliz. El error lo dio a conocer Esquerra Republicana de Catalunya a través de una enmienda presentada durante la tramitación parlamentaria del impuesto, una carrera contrarreloj y tortuosa cuyos tiempos no permitieron corregir el fallo. El calendario que manejaba el Gobierno, y que obligaba a aprobar el impuesto antes de que terminase 2022 para poder gravar el patrimonio ya de ese ejercicio, no permitió llegar a tiempo.

Afectará a los patrimonios a partir de tres millones de euros, con un mínimo exento de 700.000 euros. El tipo aplicado será del 1,7% entre 3 y 5,3 millones de euros, del 2,1% entre 5,3 y 10,6 millones y del 3,5% para los más adinerados, a partir de los 10,6 millones de euros. Además, de cara a evitar la doble imposición, tendrá una deducción total de la parte abonada en Patrimonio.

Guerra fiscal

Andalucía, como ya ha hecho Madrid, presentará hoy ante el Tribunal Constitucional el recurso contra el nuevo impuesto sobre las grandes fortunas, según confirmó ayer la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos andaluza, Carolina España, en declaraciones recogidas por Europa Press. Según dijo, el objetivo es defender la “autonomía financiera” y el “autogobierno” de la Junta ante un Gobierno que quiere “cortar las alas de Andalucía”. La pasada semana, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró sin embargo que el impuesto es «justo» y entra dentro de las competencias estatales, por lo que se mostró segura de que los recursos de inconstitucionalidad no prosperarán. También pidió a las comunidades que aplican descuentos en Patrimonio que expliquen a la ciudadanía por qué dan un regalo fiscal a los ricos en detrimento de los servicios públicos.

Fuente: Cinco Días