El impacto del virus marca el reparto del 80% de los fondos iniciales.

El Ministerio de Hacienda ha sorprendido a las autonomías con el criterio elegido para el reparto de los 16.000 millones del ‘fondo no reembolsable para atender el gasto sanitario’. Las más afectadas por el coronavirus solicitaron que se tuviera en cuenta el impacto de la pandemia a la hora de hacer el reparto, y el Gobierno de España no solo ha escuchado esta sugerencia sino que ha condicionado la asignación de los 10.000 millones que atenderán el gasto estrictamente sanitario a la presencia territorial del virus: en un 80% para el primer tramo de 6.000 millones y en un 60% para los 4.000 restantes.

Tal circunstancia ha derivado en un mapa de apoyos y críticas nada habitual para el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos. Comunidades como Madrid y Castilla y León (ambas lideradas por el PP), así como el gobierno independentista de Cataluña, se posicionan a favor del criterio del Ejecutivo; mientras que el gobierno socialista de la Comunitat Valenciana se ha alineado con los populares de Andalucía y Galicia en contra de los baremos establecidos por el departamento de María Jesús Montero.

Según precisó el ministerio, el primer tramo de 6.000 millones de euros será distribuido en base a los siguientes «criterios de reparto». Por un lado, un 35% en función de los ingresos en la UCI por Covid-19, un 25% según las hospitalizaciones, y un 20% según los positivos confirmados por PCR (que elevan al 80% los criterios vinculados al impacto del coronavirus). Solo el 20% restante, que se distribuirá en base a la «población ajustada o población protegida equivalente», responderá a cuestiones ajenas a la pandemia.

Ya en el segundo tramo de 4.000 millones, el criterio poblacional determinará un 40% del reparto, pero el 60% se distribuirá de nuevo en base al impacto del virus en las CCAA: un 30% en función de los ingresos en la UCI, un 20% según sus hospitalizaciones, y el 10% restante según sus positivos confirmados por PCR.

Al respecto, la Comunitat Valenciana que preside el socialista Ximo Puig consideró que «la población ajustada debería tener una mayor ponderación en el reparto el primer tramo de 6.000 millones de euros anunciado por la ministra para el corto plazo», y agregó que los criterios de impacto del virus deberían haber sito tomados en cuenta tan solo para «matizar» el reparto, no como la base para distribuir el grueso del mismo.

Más allá de esta crítica, plasmada en el comunicado oficial de la conselleria de Hacienda de la autonomía, en la Comunitat Valenciana subrayan también que este sistema de reparto no tiene en cuenta el gasto realizado en la compra de material sanitario, un ámbito en el que ha destacado la autonomía al fletar una veintena de vuelos de mercancías y que no le han salido nada baratos. El pasado viernes la Plataforma de Contratación del Sector Público revelaba que solo el contrato por los 8 primeros aviones de material costó 31,5 millones de euros a las arcas valencianas.

Por último, argumentan que las autonomías que menos van a recibir con este reparto se encuentran además entre las peor financiadas por el Estado a nivel general con el actual modelo de financiación, y que, en consecuencia, han sido las que más dificultades han tenido para digerir el sobrecoste sanitario de la pandemia. En este grupo se encuentra Andalucía, también molesta con el criterio para repartir el fondo no reembolsable.

La Junta lamentó en un comunicado que «la forma de distribuirlo supone un agravio para Andalucía, que siempre ha ido por delante en materia de prevención». En este sentido, la autonomía lamenta que los baremos no han tenido en cuenta «los costes asumidos para prevenir el efecto del virus». Por su parte, la Xunta de Galicia, también gobernada por el PP, lamentó que «se alejan de los criterios utilizados anteriormente por el Gobierno, tanto el vigente sistema de financiación como en el reparto de los primeros fondos sanitarios que realizó el Ministerio de Sanidad para combatir el Covid-19.

Apoyos inusuales

En el lado opuesto, a favor del criterio utilizado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, se encuentran comunidades nada afines al Gobierno central. A Madrid le parece «lógico» que «los criterios presten atención al gasto generado por los pacientes hospitalizados e internados en UCI, porque la finalidad del fondo es, precisamente, atender los costes sanitarios del tratamiento de los enfermos por Covid-19».

Castilla y León, también liderada por el PP, no tuvo reparos en «agradecer» al Gobierno la dotación del fondo y «que se haya atendido en gran parte» los criterios defendidos por la Junta, que defendía «que el reparto del gasto sanitario debía hacerse en función del impacto de la crisis».

E incluso el Govern del catalán Quim Torra, si bien subraya que espera a leer «la letra pequeña» para pronunciarse sobre el fondo de 16.000 millones, manifiesta que le parece correcto el criterio de reparto elegido por Moncloa.

El Gobierno vasco, por su parte, se situó en una posición intermedia a la espera de conocer cuánto les toca. «Hay que pactar las cuantías. No es conveniente hablar de cifras antes de comenzar a analizar las cuestiones en profundidad», manifestaron.

Los gobiernos de Madrid y Castilla y León lamentaron que el presidente Pedro Sánchez, al explicar el reparto del fondo no reembolsable la semana pasada en el Congreso, afeara la bajada de impuestos en las autonomías que preside el PP y les pidiera «un esfuerzo» y «corresponsabilidad».

«Están utilizando esta crisis sanitaria para imponer su programa electoral que, en materia fiscal, significa una masiva subida de impuestos a los ciudadanos», criticaron fuentes de la Comunidad de Madrid. «No hay que confundir el incremento de la fiscalidad con el incremento de la recaudación», indicó al respecto la Junta.

Fuente: ElEconomista.es