Montero mantiene la campaña de la renta pese a la pandemia para no retrasar el pago de las devoluciones pese a la petición de colegios tributarios de extenderla tres meses.

El Ministerio de Hacienda ha decidido finalmente mantener inalterado el calendario de la campaña de la renta pese a la excepcional situación de parálisis en la que anda sumido el país, con los españoles confinados en sus hogares para contener la propagación de la pandemia del coronavirus Covid-19. La campaña arrancará el 1 de abril, como estaba previsto. La fecha es solo dos días posterior al fin de los 15 días de estado de alarma decretados por el Gobierno, si bien lo previsible es que este sea extendido la próxima semana por el Congreso de los Diputados. Las declaraciones de IRPF, por tanto, comenzarán a presentarse bajo un panorama de excepción, si bien Hacienda alega que es preferible iniciar el procedimiento para no retrasar la devolución de más de 10.000 millones de euros dada la coyuntura. El 75% de los contribuyentes tiene derecho a cobrar y el fisco iniciará el pago el 3 de abril.

Aunque el retraso o la extensión de la campaña han llegado a barajarse, Hacienda consolidó ayer esta decisión publicando una orden ministerial en el BOE. Después de todo, alegan fuentes oficiales, la asistencia presencial en las oficinas de la Agencia Tributaria con motiva de la campaña del IRPF no arranca hasta el 13 de mayo. En función de la evolución de la crisis sanitaria y de las medidas de confinamiento vigentes para entonces se evaluará la posibilidad de tomar medidas adicionales

De momento, Haciendas forales como las de Guipúzcoa o Álava ya han ido más lejos que el Gobierno central. Mientras que la primera ha aplazado la presentación presencial de la declaración hasta que la situación sanitaria se reconduzca, la segunda ha extendido el plazo de la campaña hasta el mes de septiembre.

Medidas de este tipo son las que venían reclamando los asesores fiscales y otros expertos tributarios, que ayer mostraron su contrariedad ante la decisión de Hacienda de mantener el calendario usual, del 1 de abril al 30 de junio, y solicitaron más flexibilidad. Fue el caso de las Asociaciones y Colegios Profesionales Tributarios, que remitieron ayer un escrito a Hacienda solicitando “una ampliación de plazos de como mínimo tres meses para la realización de declaraciones y autoliquidaciones”, poniendo como ejemplo la decisión de las administraciones forales.