La AEAT monta un grupo para investigar sucesiones o patrimonio que coteja hasta las recetas de farmacia. Ha abierto ya 10 expedientes por traslados ficticios a Madrid desde Valencia.

La batalla de la fiscalidad entre territorios ha puesto en alerta a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). Las notables diferencias a la hora de abordar tributos de recaudación autonómica como sucesiones y donaciones o el impuesto de patrimonio están propiciando que algunas grandes fortunas, las más afectadas por esas figuras tributarias, hayan decidido modificar su domicilio habitual con el fin de reducir su factura fiscal. Autonomías como Andalucía se han lanzado al juego de las rebajas. Pero una de las grandes beneficiarias del movimiento de patrimonios en busca de impuestos más laxos dentro del propio territorio español ha sido la Comunidad de Madrid. Favorecida por el efecto capital y la cada vez mayor concentración corporativa, Madrid tiene además bonificado al 100% el impuesto sobre el patrimonio, que ha renunciado a cobrar, y en un 99% el relativo a las herencias y donaciones sin excepción.

El ‘oasis fiscal’ promovido por el Partido Popular desde la etapa de Esperanza Aguirre y respaldado ahora por Ciudadanos y Vox, socios de Isabel Díaz Ayuso, está muy dirigido a los millonarios, porque los territorios que conservan la recaudación por estas figuras mantienen bonificaciones para rentas medias y bajas. Ayuso ha impulsado también una rebaja del tramo autonómico del IRPF. Estas políticas están siendo contestadas desde el PSOE, a través de la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, y por otros territorios como la Comunidad Valenciana, donde su ‘president’, el socialista Ximo Puig, ha acusado a los populares de practicar el ‘dumping’ fiscal y perjudicar a regiones que, como la valenciana, sufren problemas de financiación y no pueden permitirse rebajas tributarias aunque quieran. Es el mismo mensaje de denuncia que empleaba la expresidenta andaluza Susana Díaz hasta que los socialistas perdieron la Junta en favor del acuerdo PP-Cs-Vox liderado por Juan Manuel Moreno Bonilla.

Sin embargo, la AEAT ha comenzado a detectar que no todas las mudanzas y cambios de domicilio son reales y se ha propuesto perseguir a quienes simulan trasladar su lugar de residencia habitual con el fin de eludir sus obligaciones fiscales. El organismo dependiente del Ministerio de Hacienda ha montado un primer grupo de trabajo en colaboración con la Agencia Tributaria Valenciana (ATV) para investigar e inspeccionar a los que se conoce como «contribuyentes deslocalizados» y los cambios de domicilio entre comunidades. Este grupo tiene su origen en conversaciones que la Generalitat inició hace más de un año a través del Consejo Territorial conjunto para la Dirección y Coordinación de la Gestión Tributaria. Se trata de un órgano de colaboración que la AEAT replica con el resto de autonomías. La experiencia valenciana es la primera sobre esta cuestión y se ha traducido en la elaboración de un plan que ha comenzado a dar sus primeros frutos, según ha podido saber El Confidencial de fuentes solventes.

La AEAT y la ATV han abierto hasta la fecha una decena de expedientes por patrimonio y sucesiones y donaciones, de los cuales uno ya se ha cerrado con conformidad en favor de la Hacienda valenciana por importe de 14 millones de euros, incluyendo la regularización y una sanción económica. Los 10 expedientes incluyen cambios de domicilio desde la Comunidad Valenciana a Madrid. El que ya está cerrado obliga a los herederos de una contribuyente de avanzada edad que en teoría había fijado su residencia en la capital de España a liquidar la herencia en Valencia después de que los inspectores concluyesen que era en esta ciudad donde realmente residía hasta su fallecimiento.

Según explican las mismas fuentes, las alertas en estos casos saltan en la Agencia Tributaria cuando se producen determinadas circunstancias, especialmente que se haya producido un cambio de domicilio en los últimos cinco años y exista un patrimonio elevado. Si los técnicos de la inspección consideran que hay elementos para abrir expediente, se inicia una segunda labor casi detectivesca en la que Hacienda comienza a cruzar datos de bases de datos de las administraciones públicas: tarjetas sanitarias, gastos de farmacia y lugares donde se presentan las recetas, consumos eléctricos e, incluso, visitas al domicilio para comprobar si está realmente habitado.

El grupo de trabajo de la AEAT y la AVT es un primer laboratorio que podría tener continuidad en otras autonomías. De hecho, es algo que vienen reclamando los propios profesionales de la Agencia Tributaria. Las falsas deslocalizaciones fueron uno de los temas tratados en el último congreso de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), celebrado en Zaragoza.

El Gobierno de Asturias, por ejemplo, donde existen bonificaciones en sucesiones para casi toda la población pero se mantiene para las grandes fortunas, trabaja también en la puesta en marcha de controles específicos para perseguir los cambios ficticios de domicilio. Las autonomías afectadas por estas elusiones provocadas por lo que denominan ‘dumping’ fiscal de unos territorios sobre otros señalan que este tiene un doble efecto: por un lado, sobre los tributos que recaudan las propias administraciones territoriales, pero también sobre la recaudación del IRPF, una de las bases sobre las que se calculan las trasferencias del sistema de financiación autonómico.

Fuente: ElConfidencial.com