La fiscalidad sigue en el punto de mira informativo. En plena batalla dialéctica entre la armonización o las rebajas tributarias, ayer, en la sesión de control parlamentaria -y ante la ausencia de Pedro Sánchez, presente en Nueva York, en la Cumbre de Seguridad Alimentaria de la OTAN- la ministra de Hacienda anunció la intención de su Ejecutivo de seguir explorando nuevos impuestos, y entre ellos, gravar a las grandes fortunas. Una idea que es de Unidas Podemos, y que siempre ha sido rechazada.

«Acompañando el momento económico», María Jesús Montero justificaba esta actuación señalando que ahora corresponde «pedir mayor esfuerzo a quienes más tienen». De ahí que, lo mismo que se va a hacer con las grandes empresas energéticas y con la banca -es decir, gravar con futuras tasas en concepto de ganacias sobrevenidas por las crisis-, se haga «también con las grandes fortunas».

Con esta medida, la titular de Hacienda se apropia de una propuesta defendida por el exvicepresidente y exlíder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias. Una iniciativa que por cierto siempre ha sido rechazada por los ministros económicos de Pedro Sánchez, y que durante tres años consecutivos no ha logrado ser incluida en la hoja de ruta del Gobierno de coalición.

En mayo de 2020, y con motivo de la Comisión para la Reconstrucción Económica y Social, Iglesias reclamó ante sus señorías una tasa de reconstrucción o impuesto para las grandes fortunas «para que los que más tienen puedan arrimar el hombro y disponer de mecanismos para expresar su solidaridad con su patria aportando recursos para reconstruir los servicios públicos y los derechos de todos».

En ese momento, el flanco socialista se opuso de frente. Y también lo hizo hace apenas unos meses; concretamente en junio de este año, rechazando de plano la proposición de ley presentada por Unidas Podemos para gravar con una nueva figura fiscal los patrimonios por encima de 10 millones de euros.

Dudosa efectividad

Entonces, el bloque económico de Sánchez -salvo Yolanda Díaz, que es titular de Trabajo- esgrimió que la medida era de dudosa efectividad y tampoco era el momento adecuado debido la actual crisis económica. Pero las circunstancias presentes han cambiado. En la recta final de legislatura, el Ejecutivo se enfrenta este jueves al debate sobre los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, conocida popularmente también por el techo de gasto, la antesala a los Presupuestos Generales del Estado.

Sin los apoyos cerrados de Unidas Podemos a las cuentas públicas, y con los sondeos tocados para los socialistas -excepto el último barómetro del CIS-, el discurso de la ministra de Hacienda ha dado la vuelta, ante temas pendientes de negociar para los morados, como son la Ley de Vivienda -en permanente estado de enmiendas-, o la fijación de las hipotecas para los más vulnerables.

Además -añaden fuentes parlamentarias consultadas por elEconomista-, el Gobierno se ha quedado tocado con la deflactación del IRPF en Madrid y con la supresión del impuesto de Patrimonio en Andalucía, y ahora tiene necesidad de contrarrestar esa determinación, teniendo en cuenta el batacazo que  el PSOE se llevó en mayo de 2021 y en junio de este año, en las urnas.

Armonizar

Este miércoles en el Congreso, María Jesús Montero llamó a evitar el denominado «dumping fiscal», tras anunciar Andalucía la supresión del impuesto de patrimonio. La titular de Hacienda pidió hacerlo armonizando más impuestos gestionados por las comunidades en el marco del nuevo modelo de financiación autonómica.

Así, Hacienda podría estudiar en el marco del debate de la financiación autonómica que se estableciera una horquilla en la bonificación de este impuesto que ahora puede llegar al 100%. El objetivo es que no haya una «práctica eliminación de figuras fiscales» porque territorios con mayor capacidad recaudatoria «arrastren» a otros con menos, pero rechaza la recentralización de los gravámenes.

Advirtió Montero que es «peligroso que dirigentes autonómicos hablen de paraísos» -así lo hizo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso- cuando es algo que se está combatiendo en el ámbito internacional y en Europa.

La ministra no adelanta sin embargo horquillas mínimas porque actualmente el debate de la financiación autonómica, que continúa sin acuerdo, se centra en los criterios de reparto más básicos como la población o la dispersión.

Dos modelos

Según la ministra de Hacienda se han hecho evidentes dos modelos: el del PP que a su juicio «defiende a las eléctricas, a las petroleras, a la banca y a las grandes fortunas» y el del PSOE, que «pide un esfuerzo a aquellos que más tienen para que seamos capaces de acompañar a las clases medias y trabajadoras».

Por otra parte, añadió, eliminación del impuesto de patrimonio en Andalucía solo beneficia al 0,2% de los contribuyentes mientras sacrifica 120 millones en recaudación para sanidad, educación o dependencia, recalcó Montero, en una jornada en la que el PP señaló que precisamente en Andalucía hay 280.000 contribuyentes más y la recaudación ha aumentado en 1.000 millones desde que se aplica otra política fiscal opuesta a la de Montero cuando ella estaba al frente de Hacienda en esta región.

Acerca de la eliminación del impuesto de Patrimonio por parte de José Luis Rodríguez Zapatero en 2008 apuntó que en un «momento económico concreto se pueden plantear determinadas políticas fiscales» y se ha preguntado «en los momentos en los que vivimos quién puede estar en contra de que los mayores patrimonios, de que las mayores rentas, de que los que tienen beneficios extraordinarios aporten más en beneficio de las clases medias de nuestro país».

Según Montero, no se trata de ayudar solo a los más vulnerables, sino también a la clase media, que soporta la mayor carga fiscal y sostiene el estado del bienestar, y ha apuntado que el acompañamiento con becas, transporte gratuito o la bonificación del carburante hace trabajar en la dirección de que «contribuyan más quienes más capacidad económica tienen».

Fuente: El Economista