España envía a la OCDE la notificación en la que afirma estar lista para empezar a aplicar el nuevo convenio multilateral internacional. El proyecto eleva la supervisión de estas compañías para evitar que trasladen beneficios a territorios de baja tributación.

Ya hay fecha para la entrada en vigor de los nuevos controles fiscales que afectarán a todas las multinacionales establecidas en España. Hacienda comenzará a aplicar las nuevas reglas sobre estas compañías a partir del próximo 1 de julio. El Ministerio de Exteriores ha enviado ya a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) la notificación en la que confirma que el Gobierno ha culminado sus procedimientos internos para que entre en vigor la nueva supervisión.

Así, desde julio, la Agencia Tributaria aplicará, a todos los efectos, el Convenio multilateral para implementar medidas relacionadas con tratados fiscales para prevenir la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (MLI, por sus siglas en inglés). Este convenio es la pieza fundamental del proyecto BEPS de la OCDE, que aumenta la cooperación entre los países para evitar que las multinacionales trasladen beneficios a territorios de baja tributación y reduzcan así su base imponible.

La entrada en vigor del nuevo convenio multilateral, negociado por más de 100 países, tendrá un gran impacto para las multinacionales con presencia en España. El MLI implementará rápidamente una serie de medidas en los tratados fiscales para actualizar los impuestos internacionales, lo que reducirá la capacidad de movimiento en el ámbito fiscal por parte de estas empresas. El convenio ya cubre 99 jurisdicciones y entró en vigor el 1 de julio de 2018. El plan incluye a países de todos los continentes y en todos los niveles de desarrollo. Además, otros Estados trabajan activamente para incorporarse al convenio.

Retraso en su aplicación

Aunque el Gobierno firmó el 18 de septiembre su adhesión al convenio multilateral de la OCDE y el Boletín Oficial del Estado (BOE) ratificó el 22 de diciembre la entrada de España en este mecanismo, todavía no se había producido su aplicación efectiva. Las autoridades españolas activaron una reserva para retrasar su implementación, tal y como permite la OCDE en su reglamento. Esta maniobra supeditaba la materialización de estas modificaciones a la finalización de procedimientos internos para ajustar la normativa española. Ahora, una vez finalizados los procesos, se aclara el calendario.

Las multinacionales estarán supeditadas a este convenio desde el 1 de julio, ya que el MLI surtirá efectos desde entonces para varios procedimientos tributarios. La llegada de este plan de la OCDE cambia los convenios de doble imposición firmados con otros países, por lo que los equipos fiscales de las compañías tendrán que analizar pormenorizadamente cómo les afecta cada modificación.

¿Qué cambia?

El nuevo instrumento de la OCDE incluye medidas contra los llamados «mecanismos híbridos». La OCDE critica que las empresas persiguen aprovechar el tratamiento tributario de una misma entidad o instrumento en diferentes jurisdicciones, con el fin de someter una operación a una menor carga impositiva o no tributación.

Por otra parte, el mecanismo busca «impedir la utilización abusiva de convenios para evitar la doble imposición». De esta forma, el tratado internacional limita las situaciones en las que las compañías pueden acceder a los beneficios de un convenio de doble imposición, impidiendo que tal acceso se produzca en lo que la OCDE considera «circunstancias inapropiadas».

Además, el MLI endurece el concepto de «establecimiento permanente», para que las multinacionales tengan más difícil argumentar que no tienen presencia en determinado país. También incluye medidas para reforzar los procedimientos de acuerdo mutuo, incluyendo nuevas reglas sobre los arbitrajes internacionales que deberán resolver las disputas.

«La conclusión de este instrumento multilateral marca un nuevo punto de inflexión en la historia de los tratados fiscales», apunta el exsecretario general de la OCDE, Ángel Gurría, principal impulsor de esta medida. «Hemos logrado avanzar hacia una rápida aplicación de las profundas reformas acordadas en el marco del Proyecto BEPS en más de 1.650 tratados en todo el mundo. Además de ahorrar a las jurisdicciones la carga de renegociar bilateralmente estos tratados, el MLI da lugar a una mayor seguridad y previsibilidad para las empresas, y a un sistema fiscal internacional que funciona mejor en beneficio de nuestros ciudadanos», añade.

Cada vez más vigilancia

Desde hace ya al menos tres años, la Agencia Tributaria ha aumentado la vigilancia de las multinacionales radicadas en España. La extrema complejidad de la fiscalidad internacional y los precios de transferencia ha obligado al fisco a a poner grandes recursos sobre las estas empresas, con la suma de sus mejores inspectores y las mejores herramientas digitales.

De hecho, más del 90% de los expedientes que manejan en la Delegación Central de la Agencia Tributaria estudian asuntos de fiscalidad internacional. Hacienda estrenó en 2020 una herramienta que, con el uso de tecnología de última generación, permite analizar la ingente cantidad de datos de los servidores de Hacienda y vigilar, de forma automática, las operaciones internacionales de las multinacionales. Este sistema permite una mejor evaluación de riesgos a través de la elaboración de indicadores e identifica pautas de comportamiento de alto riesgo fiscal.

La OCDE espera recaudar hasta 250.000 millones extra

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) estima que las planificaciones fiscales de las multinacionales son «agresivas». Según sus cálculos, esta situación cuesta anualmente entre el 4 y el 10% de los de los ingresos mundiales del Impuesto sobre Sociedades. Es decir, entre 100.000 y 240.000 millones de dólares cada ejercicio. Con estos datos, el proyecto BEPS de la OCDE creó varias medidas para las agencias tributaria ingresaran estas cantidadas. Las jurisdicciones desarrollaron conjuntamente 15 acciones para hacer frente a la evasión fiscal, armonizar las normas fiscales internacionales y crear un entorno fiscal con menos margen para las multinacionales.

Los líderes de los países de la OCDE y del G20 así como otros líderes, instaron a la aplicación del paquete BEPS. El convenio multilateral que ahora ha aprovado España (MLI, por sus siglas en inglés) responde a este llamamiento a la acción rápida mediante la aplicación de las medidas BEPS, que requiere cambios en los tratados fiscales internacionales. La OCDE ha conseguido incluir hasta 141 países y jurisdicciones para implementar las 15 acciones del mecanismo. Los miembros que han firmado se han comprometido a informar de datos agregados y anónimos con respecto a los informes ‘País por país’, que desgranan los resultados de las compañías en cada jurisdicción.

Fuente: Expansión