Los propietarios deben pagar en la Renta por los meses de estado de alarma pese a que no pudieran utilizarlas.

Los propietarios de segundas residencias que no hayan podido disfrutar durante los meses de estado de alarma de su propiedad tributarán a Hacienda precisamente por este uso. Así lo están advirtiendo a la hora de hacer la declaración de la Renta miles de contribuyentes que observan cómo por los meses de estado de alarma en los que no pudieron hacer uso de su casa en la playa o en la montaña deben de declarar un rendimiento de hasta el 2% del valor catastral de la propiedad.

Se trata de la imputación de rentas inmobiliarias, que pagan todas aquellas viviendas que no se alquilan ni se destinan a actividad alguna, es decir, segundas residencias a las que Hacienda grava por su posible uso. Sin embargo, durante los meses de estado de alarma, la mayor parte de sus propietarios no pudieron utilizarlas. Pese a ello, la Dirección General de Tributos en varias resoluciones recoge que deberán tributar como si hubieran sido utilizadas.

Hasta 2,1 millones de hogares españoles cuentan con una segunda residencia, según el INE. La imputación de rentas inmobiliarias obliga a atribuir el 1,1% del valor catastral de viviendas sin uso en aquellas construcciones que no hayan tenido revisión del Catastro en los últimos diez años. De lo contrario, el porcentaje se eleva al 2%. Esta normativa no ha cambiado, pero asesores fiscales critican que se graven los periodos de confinamiento por un uso que no se haya podido producir.

El abogado de DMS Consulting, Alejandro Del Campo, recuerda que numerosos residentes en el extranjero con viviendas en España han quedado especialmente expuestos, ya que en su caso por el cierre de fronteras y las cuarentenas impuestas no han podido utilizar sus segundas residencias en España, en ocasiones ni siquiera en periodos fuera del estado de alarma. Y recuerda que la ley especifica una excepción a la imputación: «Cuando se trate de inmuebles en construcción y en los supuestos en que, por razones urbanísticas, el inmueble no sea susceptible de uso, no se estimará renta alguna». En el caso del confinamiento, no aplicaría.

El secretario general del Reaf, Luis del Amo, señala que si se hubiera producido un perdón fiscal en este aspecto también podría haber beneficiado injustamente a aquellos propietarios que estuvieron en su segunda residencia durante el confinamiento, para teletrabajar, por ejemplo. En todo caso, reconoce que el criterio de Hacienda es «discutible».

Un régimen en cuestión

Lo cierto es que en un momento en el que se debate en el Gobierno de coalición si aprobar recargos a las viviendas vacías, ya existen figuras desde hace años como es este caso. El catedrático de Derecho Financiero de la Universidad de Oviedo y coordinador de la sección de IRPF de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), José Pedreira, recuerda que no hay dudas legales en el articulado que abran la puerta a recursos pero sostiene que el espíritu de la ley «no es acorde al articulado».

«Desde un punto de vista legal tiene que imputarse la renta. La redacción es esta, pero el espíritu de la ley, copiado de un modelo estadounidense, era gravar a aquellos contribuyentes que tuvieran más de un inmueble por su uso. La justificación desde un punto de vista de capacidad económica, es que si tienes una segunda casa tiene un poder adquisitivo suficiente como para soportar un mayor gravamen. Esta medida se aprueba en los años 70, pero hoy día no tendría sentido. No ha evolucionado el precepto con el tiempo. Máxime ahora con la crisis de la construcción, en lo que desincentiva tener segundas viviendas», describe, señalando cómo ha aumentado desde hace cincuenta años la tenencia de segundas viviendas.

A ello se le suma la revisión de valores catastrales que, según el año en el que el ayuntamiento lo haya pedido y Hacienda lo haya ejecutado, puede hacer pagar unos cientos de euros más.

«La imputación de rentas, además, puede aumentar la factura en miles de euros, sobre todo a aquellos que tengan valoraciones propias de la burbuja de 2007, 2008 o 2009 y tengan que consignar un 2% del valor catastral en lugar del 1,1%», alerta Del Campo.

«La cuestión es que habría que legislar bien qué es una segunda residencia: no es lo mismo tener varias viviendas con un fin especulativo que una casa del pueblo de tus padres que, si no tuviera tanta presión, quizás te plantearías ir en vacaciones y arreglarla y no deshacerte de ella», sostiene Pedreira.

Fuente: Abc.es