La futura ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afronta el reto de reformar la financiación autonómica y presentar en unas semanas el techo de gasto para 2019, que será el primer paso de unos presupuestos que tienen que seguir avanzando en la reducción del déficit público.

La reforma de la financiación autonómica, acordada en la VI Conferencia de Presidentes en enero de 2017 y ya con el informe de los expertos, se encuentra a la espera de avanzar en la negociación política, que ha sufrido retrasos por la crisis catalana.

De hecho, el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) tenía previsto reunirse a finales de mayo, un encuentro que finalmente se pospuso ante la moción de censura que ha llevado a la presidencia del Gobierno al líder del PSOE, Pedro Sánchez.

El Gobierno de Mariano Rajoy buscaba un consenso lo más amplio posible para sacar adelante esta reforma, en la que esperaba contar con el apoyo del PSOE, y en la que las regiones reclaman que no se privilegie a unas comunidades autónomas sobre otras.

Pese a la envergadura de esta reforma, el reto más inmediato de Hacienda será la aprobación en las próximas semanas del límite de gasto no financiero o techo de gasto para 2019, el primer paso de los presupuestos del próximo año, que Sánchez pretende aprobar.

Posteriormente, en septiembre, tendría que presentar las cuentas para su tramitación parlamentaria, en la que necesitará sumar apoyos para que estén en vigor cuando comience el año.

Mientras tanto, Sánchez espera contar con los presupuestos de 2018, que el PP ya tenía encauzados tras sumar apoyos en el Congreso de los Diputados y que no iba a modificar en el Senado para que se aprobaran cuanto antes, pero que ahora podría enmendar gracias a su mayoría absoluta en la Cámara Alta, lo que supondría su vuelta a la Cámara Baja y una nueva negociación parlamentaria.

Las nuevas cuentas tendrán que avanzar en la reducción del déficit pese a que todo apunta a que España abandonará este año el procedimiento de déficit excesivo al situar su desequilibrio presupuestario por debajo del 3 % del PIB.

En el plan de estabilidad remitido por el Gobierno de Rajoy a Bruselas el déficit público bajaba al 2,2 % del PIB este año, el 1,3 % el próximo y el 0,5 % en 2020 para lograr superávit en 2021.

Ese plan también prevé la puesta en marcha de un nuevo impuesto para contribuir a sufragar las pensiones, que gravaría determinados servicios tecnológicos de las multinacionales y que todavía está pendiente de desarrollar.

Así, el Gobierno de Sánchez tendrá que decidir si avanza en la creación de este impuesto para su aplicación inmediata, como planeaba el Ejecutivo de Rajoy, o si espera a la futura normativa europea para gravar a las grandes tecnológicas de forma similar en todos los países.

Con ese mismo objetivo de ayudar a pagar las pensiones, el PSOE propuso a principios de año poner en marcha dos nuevos impuestos, uno sobre las transacciones financieras y otro extraordinario sobre la banca, una iniciativa que ahora podría materializar.

Más avanzado está el proceso de reforma del impuesto de la plusvalía municipal, que tiene que adaptarse después de que el Tribunal Constitucional dictaminara que no se puede cobrar este tributo cuando el inmueble ha perdido valor.

El Congreso de los Diputados ya ha acordado la tramitación de una proposición de ley del PP en ese sentido, que eximirá del pago cuando se acredite que no hubo ganancias en la venta del inmueble o terreno.

Fuente: Invertia.com