La palanca tributaria fue una de las primeras de las que tiró el Gobierno a la hora de hacer frente a la crisis económica que ya amenazaba con provocar la pandemia del coronavirus Covid-19. El jueves 12 de marzo, dos días antes de decretar el estado de alarma, confinar a los españoles en sus hogares y cerrar desde los centros educativos a todos los comercios no esenciales, un Consejo de Ministros extraordinario aprobó ya un relevante aplazamiento fiscal. Pero la de los impuestos también ha sido una de las vías de actuación más recientes. Un mes después de aquella decisión, el pasado martes, el Ejecutivo amplió en un mes los plazos tributarios de abril. Entre ambas medidas, el Ministerio de Hacienda, que dirige María Jesús Montero, permite a pymes y autónomos retrasar el pago de hasta 17.558 millones de euros.

La primera de las medidas se dirigió a pymes y autónomos con una facturación anual inferior a los seis millones de euros, en 2019. Este colectivo quedó habilitado para aplazar hasta un máximo de 30.000 euros en los pagos de impuestos pendientes desde aquella fecha y hasta el próximo 30 de mayo durante un plazo de hasta seis meses, con tres de carencia en los que se les exime del pago de intereses. La iniciativa afectaba por primera vez a impuestos para los que la Ley General Tributaria no contemplaba los aplazamientos, como es el caso de las retenciones del IRPF, cuotas repercutidas de IVA y pagos fraccionados del impuesto sobre sociedades.

El objetivo del Gobierno era dejar en manos de los pequeños empresarios hasta 14.000 millones, para gozar de mayor liquidez a la hora de encarar la pandemia. Lo cierto, sin embargo, es que la cifra aprovechable será mucho menor, pues no todos los potenciales beneficiarios se acogerán y las moratorias se solapan.

Es más, la Agencia Tributaria acaba de aclarar la aplicación de este aplazamiento, matizando que del límite de 30.000 euros habrá que restar el volumen de tributos ya aplazados previamente.

La segunda gran decisión tributaria del Gobierno ha sido la de aplazar en un mes, del 20 de abril al 20 de mayo, el límite para afrontar la declaración de impuestos del primer trimestre, que incluyen retenciones del IRPF, el pago fraccionado de sociedades y el IVA trimestral. Podrán beneficiarse hasta 3,4 millones de contribuyentes, el 95% de las pymes y autónomos llamados a acudir al fisco este mes, en concreto aquellos con una facturación anual de hasta 600.000 euros.

La medida supone retrasar el pago de 3.558 millones de euros en impuestos, demorando del 15 de abril al 15 de mayo el plazo para domiciliar los pagos.

Hacienda da respuesta así, parcialmente, a las peticiones de economistas y asesores fiscales que abogaban por una moratoria generalizada del pago de impuestos, si bien se ha negado a modificar el calendario de la campaña de la renta de 2019, que arrancó el 1 de abril y, de momento, concluirá el 30 de junio, alegando que debe agilizar el abono de los 10.000 millones de euros que saldrán a devolver.

En el campo de las rebajas tributarias, Hacienda solo tiene en su agenda una inminente reducción del tipo impositivo de los libros y publicaciones electrónicos del 21% al 4%. En paralelo, el Ejecutivo ultima flexibilizar el sistema de tributación por módulos de los autónomos para permitirles salir de él temporalmente sin penalización evitando que paguen por beneficios virtuales.

Ambas medidas podrían ir al Consejo de Ministros de mañana, pero está por ver si es la última ocasión en que el Gobierno tira de la palanca tributaria en esta crisis.

Las cifras de contagiados y fallecidos por la pandemia del coronavirus Covid-19 oscilan con fuerza entre las distintas comunidades autónomas. Tampoco el impacto económico resultante será igual en todas, en función de su motor económico, habida cuenta de que la parálisis de la industria se ha limitado a dos semanas de cese de actividades no esenciales pero que la enfermedad amenaza con dejar secuelas más crónicas y relevantes en las zonas que viven del turismo, por ejemplo. Pese a estas diferencias, el grueso de comunidades autónomas ha optado por dar facilidades tributarias a sus contribuyentes a fin de ayudarles a paliar el impacto de la crisis.

Así, al menos una quincena de regiones del país había impulsado ya en el arranque de este mes medidas para ampliar los plazos de presentación de autoliquidaciones del pago de diferentes impuestos, según un análisis realizado por el Consejo General de Economistas y el servicio de estudios del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF).

Las Haciendas autonómicas tienen en sus manos la gestión de una serie de impuestos cedidos, como son el de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones o Actos Jurídicos Documentados (AJD), además de un ingente número de tributos propios que el año pasado sumaron 73 (sin contar los equivalentes a otros estatales), un 11% más que el ejercicio anterior. Se trata en su mayoría de tributos medioambientales, pero los hay que gravan el turismo, el bingo o los centros comerciales, por ejemplo.

Con este abanico en sus manos, el grueso de comunidades ha optado por ampliar los plazos para declarar o autoliquidar el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, y el Impuesto sobre Transmisiones. En paralelo, algunas regiones han dado margen especial también en el caso del abono de los tributos relacionados con el juego. En este bloque, señala el REAF, se encuentran Andalucía, Aragón, Cantabria, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid o Comunidad Valenciana.

En paralelo, Madrid o Cataluña, entre otras regiones, han ampliado también los plazos en el cobro de tributos propios.

Finalmente, ciertas comunidades han optado por dejar de computar los plazos tributarios durante el estado de alarma –emulando la medida nacional– en cuestión de prescripción y caducidad de los procedimientos, como ha hecho Baleares, o Madrid, que considera estos días inhábiles.

Otro tanto ha ocurrido en los territorios forales, que en casos como el de Álava han optado incluso por ampliar la campaña de la renta hasta septiembre.

La crisis económica y social que acompaña a la emergencia sanitaria desatada por la pandemia del coronavirus Covid-19 ha llegado hasta el último de los 8.000 municipios españoles. Ante esta situación, muchas localidades han aprovechado la autonomía financiera que les permite la Ley de Haciendas Locales para impulsar una serie de medidas tributarias que van desde el aplazamiento del pago de impuestos a importantes rebajas fiscales. En una España confinada en sus hogares y con los establecimientos comerciales no esenciales cerrados al público, los tributos municipales se han convertido en una herramienta clave para dar algo de aire a algunos de los negocios más afectados. Después de todo, los municipios tienen en sus manos el cobro del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), el tributo sobre actividades económicas (IAE), el gravamen sobre construcciones o multitud de tasas que afectan por ejemplo a unas terrazas inexistentes estos días.

Así, según un análisis realizado por EY Abogados, al menos una treintena de los mayores ayuntamientos del país ha optado por dar una respuesta tributaria a la crisis con medidas que, según su socio de tributación local, Juan Carpizo, “deberían generalizarse”.

Una de las actuaciones más comunes ha sido la modificación del calendario fiscal para retrasar el cobro de impuestos locales (incluyendo los plazos de abono y domiciliación). Así lo han hecho grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Palma de Mallorca o las Palmas de Gran Canaria. Además, municipios como Madrid o Vigo han ampliado el plazo para declarar la plusvalía municipal.

En segundo término, el pago de tasas de aprovechamiento especial o uso privativo de espacios públicos ha sido anulado durante el periodo de alarma, ante la imposibilidad de que los contribuyentes puedan aprovecharse económicamente del permiso para tener abierta una terraza, por ejemplo. Así lo han hecho Barcelona, Valencia, Sevilla, Las Palmas de Gran Canaria, La Coruña Elche o Málaga, por ejemplo.

Madrid, por su parte, ha decidido rebajar en un 25% esta tasa, aplicada a las terrazas de bares y restaurantes, puestos de venta situados en la vía pública, distribución de prensa y otras actividades comerciales, industriales o recreativas que se realizan en la calle, a fin de compensar el impacto negativo de tres meses de pandemia, lo que arrojaría un ahorro de 2,5 millones.

Una tercera vía, también aplicada en Madrid, ha sido dar beneficios fiscales en el IBI o al IAE mediante descuentos anuales a empresas que no destruyan empleo.