Los flujos de inversión en el mundo han sido el motor más dinámico de generación de actividad, de reducción de la desigualdad y de incorporación de sociedades al estándar de riqueza occidental, un fenómeno que ha alcanzado su punto álgido con la globalización y que ahora está en revisión. España es un buen ejemplo del salto cualitativo y cuantitativo de desarrollo, si bien su ubicación geográfica le proporciona activos diferenciales. Cada oleada de inversión extranjera ha supuesto un escalón de riqueza inclusiva, y ahora, descolgada como está aún de los niveles de actividad prepandemia, precisa de una nueva avalancha de inversión extranjera para volver a igualarse, o superar, a sus pares.

Los llamamientos que la semana pasada han hecho las autoridades políticas y económicas a los inversores externos que se han concentrado en el Spain Investor Day, y los que esta misma semana el presidente del Gobierno hará en Davos, explicitan tal anhelo, conscientes de que una nueva oleada de flujos de inversión tendría un efecto multiplicador decisivo sobre los que proporciona Europa, unos gratis et amore y otros, a precio político. 175.000 millones de euros son muchos euros que bien aprovechados darán suculentos réditos si se colocan en la actividad adecuada y son bien gestionados.

Pero los hechos deben guardar coherencia con los discursos, una necesidad que no aparece en España, aunque cada vez más multinacionales hagan abstracción de tal fenómeno por entender que estructuralmente las condiciones para invertir cambiarán solo de manera temporal, con la seguridad jurídica muchas veces de por medio.

Las fuertes inyecciones de inversión interna y externa se han producido en España siempre coincidiendo con hitos aperturistas desde la noche de la autarquía, que se despejó en 1959 con el Plan de Estabilización, se repitió en 1985 con la entrada en la CEE primero y con la adhesión al euro en 1998, y que debería reproducirse ahora que Europa ha decidido financiar una intensa transformación de sus maduras economías. La inversión externa ha sido determinante en sectores industriales en un país con limitadísimo stock de capital y niveles ínfimos de ahorro. Automoción, biotecnología, agroalimentario, restauración, energía, y, a última hora el inmobiliario, son buenos ejemplos

En los sesenta, además del comienzo de una entrada masiva de visitantes que espoleó un turismo inexistente, España fue destino de un buen número de proyectos industriales de las multinacionales europeas, americanas y japonesas, y registró avances reales de inversión cercanos al 10% hasta la primera crisis del petróleo, solo igualadas por Japón, y algunos años por Alemania. El fenómeno se reprodujo entre 1985 y 1991, a una escala inferior, y de nuevo en los primeros años de este siglo, aunque con un protagonismo inversor de carácter interno aprovechando los atractivos tipos de interés reales.

Las sucesivas aperturas de su economía, aunque tardías, han espoleado la inversión. En 2022 ha superado los 32.000 millones de euros, y en la última década los flujos regulares se han movido en una media anual superior a 25.000 millones. En registro acumulado alcanza los 549.000 millones (508.000 excluyendo los flujos alojados en ETVE que carecen de actividad real), con empleo directo para 1,7 millones de personas. Estadística habla de más de 14.300 filiales de multinacionales, con 600.000 millones de euros de ventas y el 14,8% de la ocupación, que absorbe el 24% del gasto de personal del país.

La base para mantener y elevar la atracción de inversión está puesta. Pero hay que depurar aristas que pueden generar dudas cuando se está revisando la globalización y planteando decisiones corporativas de relocalización de la inversión, en una etapa de neoproteccionismo que se superará, como siempre ha pasado, pero que recalculará el destino de los proyectos manufactureros y tecnológicos unos cuantos años.

España es una de las economías más abiertas: ocupa el noveno lugar en el ranking de OCDE del índice de restricción de la inversión que conforman 43 países. Pero la mayoría de los países se mueven buscando ventanas de penetración de los flujos de recursos en ese ejercicio de relocalización de inversiones, mientras otros se complican la vida con nacionalismo y protección.

El Gobierno ha sometido a autorización todas las inversiones que superen umbrales concretos de empresas estratégicas, como han hecho muchos otros países en una pandemia que abarató los activos. Primero se vigilaba la entrada de todos los recursos, y ahora solo si lo hace desde fuera de la UEM. El problema está más en la vastedad de actividades vigiladas que en el hecho de hacerlo, y que se mantiene por los precios de saldo de muchos activos; pero se trata de un escudo que debería retirarse más pronto que tarde, tal como reclaman los reguladores.

En el Índice de Libertad Económica del Heritage Foundatión España ocupa ahora el lugar 41 en el mundo, y solo el 26 de los 43 europeos, con un descenso notable en los últimos años. Luce en derechos de propiedad, en efectividad judicial pese a la lentitud de los procesos, y en libertad empresarial y laboral; pero necesita mejorar, porque ha deteriorado en los últimos años, la carga y la salud fiscal, el tamaño y el nivel de gasto del Gobierno, e incluso la integridad de tal Gobierno, condicionada por una coalición con partidos de izquierda radical y apoyo de nacionalistas y separatistas, que lo llevan a continuas decisiones intervencionistas.

El deterioro del clima fiscal ha sido intenso en los últimos años, con creación de programas de gasto social justificadas por la pandemia primero y por la guerra después, con un declarado sesgo ideológico, que precisan de nuevos impuestos para financiarse con similar sesgo ideológico. Un informe reciente del IEE alerta ya de una presión fiscal por encima de la media europea (42,1% frente a 41,7%), a la que han contribuido tanto las subidas de impuestos activas, como las pasivas (no deflactar la tarifa del IRPF). En definitiva, España pierde atractivo fiscal para la inversión, como revela también el Índice de Competitividad Fiscal de la Tax Foundation, que la sitúa en el puesto 34 de las 38 economías, con una pérdida de nueve puestos en los últimos cuatro años. Y tomando el nivel de esfuerzo fiscal, que relaciona la presión con el nivel de renta de los contribuyentes, la factura de los españoles es ya un 52% superior a la de los europeos.

Fuente: Cinco Días