La Comisión Europea dio ayer su visto bueno definitivo a la adenda del plan de recuperación español, un rediseño del documento inicial que conlleva la concesión adicional de 93.500 millones de euros y que se justifica por el contexto fuertemente cambiante de los últimos dos años, que ha obligado a modificar la hoja de ruta original. La adenda suma un total de 59 cambios, entre los que encuentra la ampliación durante un ejercicio más del hito asociado a la rehabilitación energética del parque residencial español. Esta prórroga, que se dilata hasta el cuarto trimestre de 2024, implica a su vez una extensión del plazo para solicitar las deducciones fiscales previstas por acometer estas obras.

“España ha propuesto un cambio en la redacción para permitir no solo la finalización de las obras de renovación, sino también la decisión de otorgar ayuda para llevar a cabo dichas obras”, explica el documento difundido ayer por Bruselas. “Esto responde a retrasos causados por la lenta adopción de las líneas de ayuda para la renovación, ya que la inflación y los altos precios de los materiales llevaron a una demanda menor de la esperada para las obras de renovación”, añade el texto.

El plan, a grandes rasgos, establece tres tipos de deducciones en el IRPF, dos pensadas para las viviendas particulares y otra diseñada directamente para las intervenciones en edificios residenciales al completo.

En los dos primeros supuestos, en función de las obras y del impacto energético, las deducciones oscilan entre el 20% y el 40%, con un máximo de 5.000 y 7.500 euros anuales, respectivamente. En las comunidades de vecinos se llega a una deducción del 60% y un máximo de 15.000 euros.

El documento de la Comisión no detalla qué sucede con todas estas ayudas, pero fuentes de Hacienda explican que, “implícitamente”, la adenda reconoce el compromiso de ampliación temporal del período de disfrute de los incentivos fiscales, “puesto que se prevé que la pérdida de recaudación de esta extensión se financie con los préstamos” del plan . Desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, por su parte, avanzan que en relación a las desgravaciones fiscales los plazos también se han alargado. “Lo que hasta el momento estaba hasta el 2023 se pasa al 2024″.

Desde que el Plan de Recuperación inició su marcha, el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) ha trabajado conjuntamente con Transportes para impulsar la rehabilitación residencial. Por ello, su presidenta, Marta Vall-llossera, explica que una ampliación del plazo “es bienvenida” y “debería estar acompañada de agilidad en la resolución de las ayudas y en información a la ciudadanía” para conocer el detalle de las ventajas fiscales y los beneficios que conlleva rehabilitar los inmuebles.

Por el momento, prosigue, a tenor de las estadísticas de visado de los Colegios de Arquitectos, los fondos dedicados a este objetivo “no se han desplegado y dinamizado lo suficiente en todas las comunidades autónomas”. En 2022 se rehabilitaron en España 34.525 viviendas, apenas un 35% más que las 25.554 intervenciones anotadas en 2019. Aunque es una mejora, “los datos están lejos de las 300.000 viviendas que sería necesario rehabilitar al año para alcanzar la neutralidad climática”.

Hace unos meses, el CSCAE y el Consejo General de Economistas presentaron una guía práctica para explicar el impacto de las deducciones. En ella se incluían varios casos prácticos que permiten cuantificar el ahorro de estas desgravaciones. Uno de ellos parte de una actuación de rehabilitación integral en un edificio de 20 viviendas, así como en el interior de estas. El coste total de la obra ejecutada en el edificio asciende a 600.000 euros, con una subvención de 376.000 euros. Cada propietario, por ello, tiene que asumir un gasto de 30.000 euros. Sin embargo, entre las subvenciones directas y las deducciones totales por IRPF el propietario obtendría un total de 25.520 euros, por lo que el coste final de la obra ascendería únicamente a los 4.480 euros.

Otro caso es el relativo a una obra ejecutada en la vivienda habitual y que reduce la demanda de calefacción y refrigeración en un 10%. La cuantía de la actuación asciende en este caso a los 5.000 euros y se ha obtenido una subvención directa de 2.000 euros, a la que se suma una bonificación del 20% que supone un ahorro de 600 euros más. El coste real de la intervención, por ello, baja a los 2.400 euros.

En la guía, los economistas y arquitectos recalcan que “las tres deducciones son incompatibles entre sí respecto de la misma obra”. Pero sí “son compatibles la deducción del 60% por las cantidades invertidas en la rehabilitación de edificios con las deducciones del 20% o del 40% por actuaciones en la vivienda particular, siempre considerando que se trata de obras diferentes”.

Fuente: Cinco Días